Redacción
23 de mayo, 2014
Sin duda el empeño del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de plantear en muy diferentes foros internacionales la legalización de las drogas y el interés despertado podría indicar un cambio de rumbo en las políticas de seguridad que, de manera mayoritaria, ha adoptado la región, basada fundamentalmente en políticas de carácter represivo en las que además se ha implicado a las FAS.
Pero lo cierto es que aunque el reconocimiento de las limitaciones de este tipo de políticas cada vez es más reconocido, no sólo por expresidentes latinoamericanos, sino por presidentes en ejercicio, por el momento no hay muchos cambios. Sin duda no es una tarea fácil, ni es posible un cambio, hacia políticas alternativas, de manera inmediata pero no hay muchos datos esperanzadores que atisben esta posibilidad. Más bien lo contrario.
Ciertamente cabe destacar la similitud que presentan las políticas de seguridad en toda la región, ya que, a excepción de Argentina, Chile y Uruguay, en Centroamérica, los Andes y Brasil todos los gobiernos han recurrido a las FAS para combatir el narcotráfico y proteger al ciudadano, bajo políticas de carácter fundamentalmente represivo. Ni las diferencias ideológicas planteadas en otros ámbitos operan para este caso, pues los países del ALBA han optado por las mismas políticas. La presión de las demandas ciudadanas por soluciones rápidas y visibles y la incapacidad de los cuerpos de policía y el colapso del sistema judicial y penitenciario, han empujado a estos gobiernos a optar por políticas represivas con una importante participación militar.
Centroamérica desde hace algunos años ya se aplican estas políticas, que han ido reforzándose tanto en su carácter represivo y punitivista, como respecto a la participación militar. En la región andina, también desde hace años, las FAS tienen como misión la lucha contra el narcotráfico y mas recientemente también se han incorporado a la tarea de la seguridad ciudadana, realizando patrullajes, junto a la policía. Como en Venezuela o en Bolivia, donde además de ocuparse de la lucha contra el narcotráfico, se han incorporado, junto con la policía, al patrullaje en las principales ciudades del país. El caso de Perú presenta cierta excepcionalidad, ya que en principio las FAS si bien combaten el narcotráfico en el VRAE, no desempeñan tareas relacionadas con la seguridad ciudadana, si bien hay una considerable presión política y popular para que así sea.
Las FAS brasileñas han combatido la inseguridad y el narcotráfico, aunque aparentemente la tendencia es la de restringir las tareas militares a la defensa. Pero las FAS ya están dispuestas, si fuera necesario, a participar en la seguridad del país, ante los eventos internacionales que celebrara el país.
Hay dos países no mencionados hasta el momento, México y Ecuador. Ambos son la muestra de que pese al cuestionamiento de estas políticas, por el momento, éstas últimas mantienen una extraordinaria vigencia. En México, después de “la guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006, el Presidente Peña Nieto, en su programa de seguridad 2014-2018 se reafirma la participación militar de las FAS en seguridad interior. El caso de Ecuador confirma, igualmente, la tendencia. El Congreso acaba de aprobar un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Pública, donde se contempla la participación de los militares en tareas de seguridad y orden público. Ciertamente no es ninguna novedad, ya que desde la revuelta policial de 2010, las FAS realizaban ya este tipo de labores.
La ola de violencia que invade la región y la incapacidad de las fuerzas policiales para hacerla frente ha decidido a los gobiernos a recurrir a las FAS, máxime cuando la ciudadanía exige soluciones rápidas y visibles para atajar este grave problema. La realidad sin embargo es que no hay ningún resultado que avale que los índices de seguridad hayan mejorado.
El mayor problema es que frente a estas medidas no se ha prestado atención al fortalecimiento institucional del sistema de seguridad, ni de las instituciones estatales en general. En otras palabras no se está actuando sobre el origen del problema, de ahí que los resultados, pese a los esfuerzos realizados, sean muy limitados. En este contexto de debilidad institucional la intervención de las fuerzas armadas puede desembocar en la militarización de la seguridad interior. Factor que sólo complicaría el proceso de institucionalización necesario para resolver de raíz la violencia criminal. A ello sería preciso agregar el problema de desprofesionalización de las FAS, al desempeñar funciones para las que no están entrenadas. Motivo por el cual se explica que en el desempeño de estas tareas policiales se violen derechos legales fundamentales.
Redacción
23 de mayo, 2014
Sin duda el empeño del Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, de plantear en muy diferentes foros internacionales la legalización de las drogas y el interés despertado podría indicar un cambio de rumbo en las políticas de seguridad que, de manera mayoritaria, ha adoptado la región, basada fundamentalmente en políticas de carácter represivo en las que además se ha implicado a las FAS.
Pero lo cierto es que aunque el reconocimiento de las limitaciones de este tipo de políticas cada vez es más reconocido, no sólo por expresidentes latinoamericanos, sino por presidentes en ejercicio, por el momento no hay muchos cambios. Sin duda no es una tarea fácil, ni es posible un cambio, hacia políticas alternativas, de manera inmediata pero no hay muchos datos esperanzadores que atisben esta posibilidad. Más bien lo contrario.
Ciertamente cabe destacar la similitud que presentan las políticas de seguridad en toda la región, ya que, a excepción de Argentina, Chile y Uruguay, en Centroamérica, los Andes y Brasil todos los gobiernos han recurrido a las FAS para combatir el narcotráfico y proteger al ciudadano, bajo políticas de carácter fundamentalmente represivo. Ni las diferencias ideológicas planteadas en otros ámbitos operan para este caso, pues los países del ALBA han optado por las mismas políticas. La presión de las demandas ciudadanas por soluciones rápidas y visibles y la incapacidad de los cuerpos de policía y el colapso del sistema judicial y penitenciario, han empujado a estos gobiernos a optar por políticas represivas con una importante participación militar.
Centroamérica desde hace algunos años ya se aplican estas políticas, que han ido reforzándose tanto en su carácter represivo y punitivista, como respecto a la participación militar. En la región andina, también desde hace años, las FAS tienen como misión la lucha contra el narcotráfico y mas recientemente también se han incorporado a la tarea de la seguridad ciudadana, realizando patrullajes, junto a la policía. Como en Venezuela o en Bolivia, donde además de ocuparse de la lucha contra el narcotráfico, se han incorporado, junto con la policía, al patrullaje en las principales ciudades del país. El caso de Perú presenta cierta excepcionalidad, ya que en principio las FAS si bien combaten el narcotráfico en el VRAE, no desempeñan tareas relacionadas con la seguridad ciudadana, si bien hay una considerable presión política y popular para que así sea.
Las FAS brasileñas han combatido la inseguridad y el narcotráfico, aunque aparentemente la tendencia es la de restringir las tareas militares a la defensa. Pero las FAS ya están dispuestas, si fuera necesario, a participar en la seguridad del país, ante los eventos internacionales que celebrara el país.
Hay dos países no mencionados hasta el momento, México y Ecuador. Ambos son la muestra de que pese al cuestionamiento de estas políticas, por el momento, éstas últimas mantienen una extraordinaria vigencia. En México, después de “la guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006, el Presidente Peña Nieto, en su programa de seguridad 2014-2018 se reafirma la participación militar de las FAS en seguridad interior. El caso de Ecuador confirma, igualmente, la tendencia. El Congreso acaba de aprobar un proyecto de reforma de la Ley de Seguridad Pública, donde se contempla la participación de los militares en tareas de seguridad y orden público. Ciertamente no es ninguna novedad, ya que desde la revuelta policial de 2010, las FAS realizaban ya este tipo de labores.
La ola de violencia que invade la región y la incapacidad de las fuerzas policiales para hacerla frente ha decidido a los gobiernos a recurrir a las FAS, máxime cuando la ciudadanía exige soluciones rápidas y visibles para atajar este grave problema. La realidad sin embargo es que no hay ningún resultado que avale que los índices de seguridad hayan mejorado.
El mayor problema es que frente a estas medidas no se ha prestado atención al fortalecimiento institucional del sistema de seguridad, ni de las instituciones estatales en general. En otras palabras no se está actuando sobre el origen del problema, de ahí que los resultados, pese a los esfuerzos realizados, sean muy limitados. En este contexto de debilidad institucional la intervención de las fuerzas armadas puede desembocar en la militarización de la seguridad interior. Factor que sólo complicaría el proceso de institucionalización necesario para resolver de raíz la violencia criminal. A ello sería preciso agregar el problema de desprofesionalización de las FAS, al desempeñar funciones para las que no están entrenadas. Motivo por el cual se explica que en el desempeño de estas tareas policiales se violen derechos legales fundamentales.