La República, desde sus orígenes, ha tenido un solo fin: limitar el poder. Ya sea de parte de uno sólo, de unos pocos, o de una mayoría. No es un concepto ideológico, como unos y otros lo han querido presentar; tampoco es una visión de élites frente a las masas. Ni una receta económica o de desarrollo. Es un modelo de gobierno para combatir la arbitrariedad. 

Para ello la propuesta teórica parte de tres condiciones. La primera es el constitucionalismo, entendido como el imperio de leyes universales, abstractas, de aplicación general, ininteligibles y no particularistas. Dicho ideal contrasta con el actual sistema guatemalteco, donde las decisiones jurídicas no son más que la otorgación de gracias, concesiones o exenciones a actores particulares. 

La segunda condición es la dispersión de poder. Esto requiere ir más allá de la separación de poderes. Es decir, adoptar recetas como elecciones no concurrentes, que impidan a un mismo partido dominar el Ejecutivo, y contar con mayorías legislativas y de alcaldías. Implica también apostar por diferentes jurisdicciones de gobierno, que no es más que otra forma más de llamar a la descentralización. 

La tercera condición es el principio contra-mayoritario, que busca impedir que una mayoría facciosa altere el sustrato de la República. En otras palabras, evitar lo ocurrido en la Venezuela chavista, donde una mayoría electoral le permitió a una fuerza política controlar el Ejecutivo, la Asamblea, las cortes y los poderes locales, relegando a la oposición a meros espectadores. 

De tal forma, el principio contra-mayoritario facilita la disidencia institucionalizada, el debate ideológico y el balance de fuerzas. Al mismo tiempo, pretende blindar la legislación y las políticas públicas de los vaivenes electorales.
De forma paralela, la República promueve dos valores de virtud: meritocracia y civilidad. El primero se basa en una burocracia integrada en base al mérito, la preparación y el espíritu de servicio cívico. Modelo que se contrapone al servicio civil vigente, en el que los cargos públicos se conciben como un botín tribal al servicio del partido de gobierno. 

Mientras que el segundo valor se basa en una sociedad civil fuerte, pero independiente del Estado. Esto implica abandonar la actual concepción de sociedad civil, entendida como aquellas organizaciones que utilizan el activismo para acceder a beneficios patrimoniales, ya sea del mismo Estado guatemalteco o de gobiernos extranjeros. Por el contrario, el ideal republicano es integrar un cuerpo ciudadano activo, interesado en la cosa pública, que actúe como contrapeso al poder, pero que no requiera del dinero público para materializar su existencia. Su principal herramienta es la sanción moral: apelar a un olvidado sentido de vergüenza. Este ideal contrasta con el sueño burocrático que invade a nuestras clases medias, en donde la aspiración de acceder a un cargo público como medio de enriquecimiento, es socialmente aceptada. 

La Democracia se convierte en el complemento político del gobierno republicano. Permite ensanchar la base de participación. Fomenta canales para que la ciudadanía participe de la toma de decisiones públicas, tales como los cabildos municipales o las mesas legislativas previas a la aprobación de una ley. Y fortalece los medios de disputabilidad, como el régimen contencioso o la protección constitucional de derechos y libertades. 

Disculpen si esta vez pequé de teórico. Pero me parece que un ideal de gobierno republicano, en el marco de un sistema político democrático, en lugar de constituir una fuente de discordancia, por el contrario, constituye una alternativa que podría unir a derechas e izquierdas en el combate al nefasto modelo patrimonial.