Todo parece indicar que se trata de una idea “sacada de la manga”; una propuesta que no ha sido considerada a profundidad por las más altas autoridades del gobierno; posiblemente, un distractor para desviar la atención público sobre otros asuntos de importancia capital que han sucedido esta semana. La razón última puede ser cualquiera, lo cierto es que en materia de impuestos nunca se puede bajar la guardia. Mucho menos, cuando la justificación para el impuesto es cumplir con una de las obligaciones prioritarias del gobierno: la seguridad.
Carece de sentido argumentar que no se tienen recursos suficientes para encarar el problema de seguridad cuando sí se tienen recursos para cubrir una gama de gastos de dudosa prioridad y conveniencia. En todo caso, dado que los recursos siempre serán escasos, antes de hablar de nuevos impuestos habría que hablar de asignar el gasto público de acuerdo a las principales prioridades de la población. Claro está, haciendo de caso que la simple asignación del gasto bastaría para que se obtengan los resultados deseados en materia de seguridad. No hace falta aclarar que este es un supuesto por demás equivocado dentro de la lógica de la gestión del gasto público. Aun así, sería más fácil exigir cuentas a los funcionarios públicos encargados si estos no pudieran escudarse en la “falta de fondos” cuando no se alcanzan los resultados.
No hace falta conocer en detalle las características específicas del nuevo impuesto para analizar la inconveniencia del mismo. Independientemente de cuál sea el hecho generador, la base imponible, el período de pago, etcétera, no basta con declarar que el impuesto tendrá la seguridad como destino específico para garantizar su buen uso. No sería este el primer impuesto con esa característica. De hecho, una buena parte de la recaudación actual tiene ya destinos específicos que van desde el apoyo al deporte, a la educación, a la salud y a la infraestructura y los resultados en dichas materias no son nada alentadores. El destino específico de un impuesto no garantiza el buen uso de los recursos, mucho menos resultados específicos que beneficien a la población. En todo caso, si se quisiera insistir con el impuesto, más que destino específico habría que exigir resultados específicos, cuantificables, definidos en el tiempo y con una clara identificación de la población beneficiaria.
Asimismo, la única forma en que tendría sentido, a nivel individual, pagar un impuesto para financiar la seguridad sería si se redujeran los costos privados en los que ya incurre la población para protegerse. De hecho, los gastos privados en seguridad para proveer lo que el gobierno no provee son una especie de impuesto; son un pago adicional por algo que ya se pagó a través de los demás impuestos. Tendría sentido el tributo si por cada quetzal pagado en “impuesto de seguridad” se redujera en más de un quetzal los gastos privados en seguridad. De lo contrario, el impuesto resultaría anti económico: pagar de más por algo que no se recibe.
Todo parece indicar que se trata de una idea “sacada de la manga”; una propuesta que no ha sido considerada a profundidad por las más altas autoridades del gobierno; posiblemente, un distractor para desviar la atención público sobre otros asuntos de importancia capital que han sucedido esta semana. La razón última puede ser cualquiera, lo cierto es que en materia de impuestos nunca se puede bajar la guardia. Mucho menos, cuando la justificación para el impuesto es cumplir con una de las obligaciones prioritarias del gobierno: la seguridad.
Carece de sentido argumentar que no se tienen recursos suficientes para encarar el problema de seguridad cuando sí se tienen recursos para cubrir una gama de gastos de dudosa prioridad y conveniencia. En todo caso, dado que los recursos siempre serán escasos, antes de hablar de nuevos impuestos habría que hablar de asignar el gasto público de acuerdo a las principales prioridades de la población. Claro está, haciendo de caso que la simple asignación del gasto bastaría para que se obtengan los resultados deseados en materia de seguridad. No hace falta aclarar que este es un supuesto por demás equivocado dentro de la lógica de la gestión del gasto público. Aun así, sería más fácil exigir cuentas a los funcionarios públicos encargados si estos no pudieran escudarse en la “falta de fondos” cuando no se alcanzan los resultados.
No hace falta conocer en detalle las características específicas del nuevo impuesto para analizar la inconveniencia del mismo. Independientemente de cuál sea el hecho generador, la base imponible, el período de pago, etcétera, no basta con declarar que el impuesto tendrá la seguridad como destino específico para garantizar su buen uso. No sería este el primer impuesto con esa característica. De hecho, una buena parte de la recaudación actual tiene ya destinos específicos que van desde el apoyo al deporte, a la educación, a la salud y a la infraestructura y los resultados en dichas materias no son nada alentadores. El destino específico de un impuesto no garantiza el buen uso de los recursos, mucho menos resultados específicos que beneficien a la población. En todo caso, si se quisiera insistir con el impuesto, más que destino específico habría que exigir resultados específicos, cuantificables, definidos en el tiempo y con una clara identificación de la población beneficiaria.
Asimismo, la única forma en que tendría sentido, a nivel individual, pagar un impuesto para financiar la seguridad sería si se redujeran los costos privados en los que ya incurre la población para protegerse. De hecho, los gastos privados en seguridad para proveer lo que el gobierno no provee son una especie de impuesto; son un pago adicional por algo que ya se pagó a través de los demás impuestos. Tendría sentido el tributo si por cada quetzal pagado en “impuesto de seguridad” se redujera en más de un quetzal los gastos privados en seguridad. De lo contrario, el impuesto resultaría anti económico: pagar de más por algo que no se recibe.