Redacción
19 de junio, 2014
Consideremos por un momento que el Estado en efecto nace del contrato social. Un contrato por definición asigna derechos y obligaciones a las partes. En el contrato social tenemos al Estado y a los ciudadanos como partes. El Estado está obligado a usar la fuerza para protegernos de las agresiones ilegítimas y tiene el derecho de exigirnos a todos una contribución para costear sus funciones. Los ciudadanos tenemos el derecho a exigir que el Estado proteja nuestras vidas y pertenencias y estamos obligados a darle parte de nuestra riqueza para que cumpla sus fines.
Otra parte fundamental de todo contrato son las causas que provocan que el contrato mismo llegue a su fin. La más común de ellas es el incumplimiento de una de las partes de las obligaciones a las que se comprometió. ¿Qué pasa cuando el Estado incumple con sus obligaciones? ¿Damos por terminado el contrato social? Pregunto esto porque en Guatemala estamos en una de las causas de terminación del contrato: el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones esenciales (¿acaso alguna vez las ha cumplido?). Este es un país inseguro y violento consecuencia de una policía, un Ministerio Público y unos tribunales disfuncionales, servicios por los cuales surgió el contrato social.
Pero aun cuando el Estado incumple con sus obligaciones, los ciudadanos en ningún momento podemos dejar de pagar impuestos y, para colmo, siempre nos cae ese regaño de mal ciudadanos porque deberíamos de estar pagando más. Varios expertos advirtieron al gobierno que las reformas fiscales afectarían la recaudación tributaria. Dicho y hecho. A partir de 2013 los ingresos que el Estado percibe por impuestos han mermado a tal extremo que ahora la Superintendencia de Administración Tributaria planea contratar una empresa para mejorar la recaudación. La SAT es el cobrador del Estado, nació para encargarse de la recaudación, pero ahora echarán mano de ayuda externa para cobrar los impuestos, ayuda que no será gratis, claro.
Adecuar el origen del Estado y su relación con los ciudadanos a una teoría contractual sufre de varias debilidades, pero resulta bastante ilustrativo. Dar por terminado el contrato social equivaldría a una revolución que echase por tierra nuestras instituciones constitucionales, un escenario para nada recomendable. Pero si partimos de la teoría del contrato social, caemos en cuenta que en Guatemala una de sus partes sistemáticamente lo está incumpliendo y aun así tiene la desfachatez de exigirle a la otra parte que siga cumpliendo y en mayores cantidades.
En conclusión, los impuestos son necesarios, pero no todo los impuestos son necesarios; es inmoral que la calidad de buen ciudadano se mida con el monto de impuestos al que se ve obligado a pagar; no tiene nada de malo que las personas arreglen sus negocios para pagar la menor cantidad de impuestos, o como dijo el juez Learned Hand: “nadie tiene el deber público de pagar más de lo que la ley demanda”. ¿Quieren mejorar la recaudación? Hagan leyes tributarías más sencillas, que le faciliten al ciudadano pagar sus impuestos y muestren a los guatemaltecos que aquella riqueza que le quitan por la fuerza está siendo bien utilizada.
Redacción
19 de junio, 2014
Consideremos por un momento que el Estado en efecto nace del contrato social. Un contrato por definición asigna derechos y obligaciones a las partes. En el contrato social tenemos al Estado y a los ciudadanos como partes. El Estado está obligado a usar la fuerza para protegernos de las agresiones ilegítimas y tiene el derecho de exigirnos a todos una contribución para costear sus funciones. Los ciudadanos tenemos el derecho a exigir que el Estado proteja nuestras vidas y pertenencias y estamos obligados a darle parte de nuestra riqueza para que cumpla sus fines.
Otra parte fundamental de todo contrato son las causas que provocan que el contrato mismo llegue a su fin. La más común de ellas es el incumplimiento de una de las partes de las obligaciones a las que se comprometió. ¿Qué pasa cuando el Estado incumple con sus obligaciones? ¿Damos por terminado el contrato social? Pregunto esto porque en Guatemala estamos en una de las causas de terminación del contrato: el Estado ha dejado de cumplir con sus obligaciones esenciales (¿acaso alguna vez las ha cumplido?). Este es un país inseguro y violento consecuencia de una policía, un Ministerio Público y unos tribunales disfuncionales, servicios por los cuales surgió el contrato social.
Pero aun cuando el Estado incumple con sus obligaciones, los ciudadanos en ningún momento podemos dejar de pagar impuestos y, para colmo, siempre nos cae ese regaño de mal ciudadanos porque deberíamos de estar pagando más. Varios expertos advirtieron al gobierno que las reformas fiscales afectarían la recaudación tributaria. Dicho y hecho. A partir de 2013 los ingresos que el Estado percibe por impuestos han mermado a tal extremo que ahora la Superintendencia de Administración Tributaria planea contratar una empresa para mejorar la recaudación. La SAT es el cobrador del Estado, nació para encargarse de la recaudación, pero ahora echarán mano de ayuda externa para cobrar los impuestos, ayuda que no será gratis, claro.
Adecuar el origen del Estado y su relación con los ciudadanos a una teoría contractual sufre de varias debilidades, pero resulta bastante ilustrativo. Dar por terminado el contrato social equivaldría a una revolución que echase por tierra nuestras instituciones constitucionales, un escenario para nada recomendable. Pero si partimos de la teoría del contrato social, caemos en cuenta que en Guatemala una de sus partes sistemáticamente lo está incumpliendo y aun así tiene la desfachatez de exigirle a la otra parte que siga cumpliendo y en mayores cantidades.
En conclusión, los impuestos son necesarios, pero no todo los impuestos son necesarios; es inmoral que la calidad de buen ciudadano se mida con el monto de impuestos al que se ve obligado a pagar; no tiene nada de malo que las personas arreglen sus negocios para pagar la menor cantidad de impuestos, o como dijo el juez Learned Hand: “nadie tiene el deber público de pagar más de lo que la ley demanda”. ¿Quieren mejorar la recaudación? Hagan leyes tributarías más sencillas, que le faciliten al ciudadano pagar sus impuestos y muestren a los guatemaltecos que aquella riqueza que le quitan por la fuerza está siendo bien utilizada.