Redacción
28 de junio, 2014
La Responsabilidad Social Empresarial ha tenido un desarrollo teórico y práctico de grandes dimensiones. Cada vez son más las empresas que se suman al esfuerzo mundial de mejorar la sociedad y proteger el medio ambiente. Sin embargo, las críticas desde los sectores sociales contra esta corriente han sido tan fuertes que Naciones Unidas también ha puesto de su parte al impulsar la iniciativa voluntaria de Pacto Mundial (Foro Económico Mundial de 1999), dado que en el mundo del comercio y la inversión existen serios señalamientos de corrupción, explotación, desigualdad, evasión fiscal, contaminación ambiental, violación de estándares laborales, etc.
A través de esta red mundial, según lo dictan sus estatutos, “las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción […] El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas [y coadyuvan] a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
El Pacto Mundial o Global no esvinculante jurídicamente ni constituye un mecanismo regulatorio para monitorear o juzgar el comportamiento de la empresa, pero sí le permite a ésta comunicarse efectivamente con los grupos de interés a su alrededor (Gobierno, comunidad, sindicatos, consumidores, proveedores, etc.) por medio de una publicación periódica que contenga una descripción clara y accesible de la implementación gradual de los principios del Pacto en sus procesos productivos.
Recientemente, derivado de la aprobación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, se ha discutido sobre la necesidad de adoptar otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en la materia. Desde la propuesta del Gobierno ecuatoriano en 2013, expertos y entidades como la Universidad de Harvard o Amnistía Internacional, han puesto sobre la mesa la relevancia de un marco normativo internacional para la salvaguardia contra violaciones de los derechos humanos como resultado de las actividades empresariales.
La responsabilidad social empresarial está transformándose en responsabilidad legal empresarial. Un reto cada vez más cercano y latente para los Gobiernos y las empresas. Hace más de una década atrás, la Comisión Europea publicó un trabajo de consulta titulado “Fomentando un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” (2001) cuyo mayor objetivo, al unísono que los Principios Rectores, es que las empresas respeten los sistemas jurídicos nacionales y los estándares universales en materia de derechos humanos. Otras organizaciones como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, coinciden con esta visión.
Hoy por hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, durante el 26° período de sesiones, debatió y aprobó una resolución para establecer un instrumento jurídico de esta naturaleza y que responda a la realidad social de muchos países y pueblos. La agenda es apoyada por organizaciones de la sociedad civil y también empresas con presencia mundial, quienes emprenden eventos, seminarios, foros y debates sobre la propuesta.
Todo este entorno afecta a Guatemala pues también tiene sobre los hombros ya una reclamas internacionales en esta materia. No nos quedemos de brazos cruzados y demostrémosle a la comunidad internacional que tenemos la capacidad y voluntad de resolver nuestros problemas y brindarles una solución, cumplamos con el mandato de llevar una “conducta fraternal entre [nosotros]” como dicta nuestra Constitución.
Redacción
28 de junio, 2014
La Responsabilidad Social Empresarial ha tenido un desarrollo teórico y práctico de grandes dimensiones. Cada vez son más las empresas que se suman al esfuerzo mundial de mejorar la sociedad y proteger el medio ambiente. Sin embargo, las críticas desde los sectores sociales contra esta corriente han sido tan fuertes que Naciones Unidas también ha puesto de su parte al impulsar la iniciativa voluntaria de Pacto Mundial (Foro Económico Mundial de 1999), dado que en el mundo del comercio y la inversión existen serios señalamientos de corrupción, explotación, desigualdad, evasión fiscal, contaminación ambiental, violación de estándares laborales, etc.
A través de esta red mundial, según lo dictan sus estatutos, “las empresas se comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-corrupción […] El Pacto es un marco de acción encaminado a la construcción de la legitimación social de las corporaciones y los mercados. Aquellas empresas que se adhieren al Pacto Mundial comparten la convicción de que las prácticas empresariales basadas en principios universales contribuyen a la construcción de un mercado global más estable, equitativo e incluyente que fomentan sociedades más prósperas [y coadyuvan] a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
El Pacto Mundial o Global no esvinculante jurídicamente ni constituye un mecanismo regulatorio para monitorear o juzgar el comportamiento de la empresa, pero sí le permite a ésta comunicarse efectivamente con los grupos de interés a su alrededor (Gobierno, comunidad, sindicatos, consumidores, proveedores, etc.) por medio de una publicación periódica que contenga una descripción clara y accesible de la implementación gradual de los principios del Pacto en sus procesos productivos.
Recientemente, derivado de la aprobación de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, se ha discutido sobre la necesidad de adoptar otros instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en la materia. Desde la propuesta del Gobierno ecuatoriano en 2013, expertos y entidades como la Universidad de Harvard o Amnistía Internacional, han puesto sobre la mesa la relevancia de un marco normativo internacional para la salvaguardia contra violaciones de los derechos humanos como resultado de las actividades empresariales.
La responsabilidad social empresarial está transformándose en responsabilidad legal empresarial. Un reto cada vez más cercano y latente para los Gobiernos y las empresas. Hace más de una década atrás, la Comisión Europea publicó un trabajo de consulta titulado “Fomentando un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas” (2001) cuyo mayor objetivo, al unísono que los Principios Rectores, es que las empresas respeten los sistemas jurídicos nacionales y los estándares universales en materia de derechos humanos. Otras organizaciones como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, coinciden con esta visión.
Hoy por hoy, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, durante el 26° período de sesiones, debatió y aprobó una resolución para establecer un instrumento jurídico de esta naturaleza y que responda a la realidad social de muchos países y pueblos. La agenda es apoyada por organizaciones de la sociedad civil y también empresas con presencia mundial, quienes emprenden eventos, seminarios, foros y debates sobre la propuesta.
Todo este entorno afecta a Guatemala pues también tiene sobre los hombros ya una reclamas internacionales en esta materia. No nos quedemos de brazos cruzados y demostrémosle a la comunidad internacional que tenemos la capacidad y voluntad de resolver nuestros problemas y brindarles una solución, cumplamos con el mandato de llevar una “conducta fraternal entre [nosotros]” como dicta nuestra Constitución.