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La Puya y la Ley Tigo.

Redacción República
03 de junio, 2014

¿Qué pasaría sí un día viniera Tigo, Claro o Telefónica y te dijeran que quieren instalar una antena en el parque de tu casa? En ese parque dónde usualmente vas a leer, o vas a jugar fútbol, o hacen reuniones familiares cada fin de semana. La instalación de la antena telefónica significaría que toda la vegetación de ese parque sería removida sin ninguna indemnización por parte de las telefonías. Eso también significaría que el valor de tu propiedad se reduciría, ¿Por qué a quién le gustaría vivir a la par de una antena? No olvidemos mencionar los posibles riesgos de salud que podrían tener todos los que viven en tu casa, principalmente los niños que biológicamente serían más vulnerables a la radiación y a las ondas que emiten dichas antenas. 

¿No harías nada al respecto? Al fin del acabo no fuiste tú quien aprobó que se instalarán las telefónicas allí. Fue una ley, unos diputados que no te representan, un gobierno y un Estado que decidió por ti. ¿No sería lo más lógico que tu y tus vecinos se organizarán y se manifestarán pacíficamente en contra de la antena? 
Puede que en estos momentos nos sea “inconcebible” pensar que alguna empresa trasnacional pueda invadir nuestra propiedad privada y que existan leyes que favorezcan más la inversión que al ciudadano. Pero lastimosamente, déjenme decirles que es posible, y el escenario que arriba les planteo podría darse gracias a la aprobación del decreto 12-2014. 
 La Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, mejor conocida como la Ley Tigo, expresa que las empresas de telefonía podrán instalar antenas, postes, fibra óptica y cableado en bienes públicos o de terceros para “controlar las telecomunicaciones en los centros penitenciarios y centros especializados en sanciones privativas”. 
Asimismo, en el artículo 9, de esa misma ley, se señala que las empresas pagarán “un arbitrio único de tres mil Quetzales (Q.3,000.00) por cada torre o estructura que soporte antenas, instalada o a instalarse en bienes de propiedad particular”. 
Recapitulando, entonces con ésta ley significa que pueden colocar infraestructura telefónica en nuestras propiedades y en nuestros hogares sin nuestro consentimiento y con un único resarcimiento de Q3,000.00, mientras TIGO será beneficiado con Q 1,232 millones por el contrato firmado con la PNC. 
Ahora, ¿Qué diferencia hay entre este escenario y lo que está sucediendo en La Puya? Exacto, ninguna. 
Así que dejemos de ser víctimas de la mala información y la polarización. Informémonos y no dejemos que otros nos digan como debemos pensar, por qué existe una gran posibilidad que tengamos más similitudes con aquellos que buscan defender sus derechos, que con aquellos que buscan imponer sus intereses por encima de los demás.

La Puya y la Ley Tigo.

Redacción República
03 de junio, 2014

¿Qué pasaría sí un día viniera Tigo, Claro o Telefónica y te dijeran que quieren instalar una antena en el parque de tu casa? En ese parque dónde usualmente vas a leer, o vas a jugar fútbol, o hacen reuniones familiares cada fin de semana. La instalación de la antena telefónica significaría que toda la vegetación de ese parque sería removida sin ninguna indemnización por parte de las telefonías. Eso también significaría que el valor de tu propiedad se reduciría, ¿Por qué a quién le gustaría vivir a la par de una antena? No olvidemos mencionar los posibles riesgos de salud que podrían tener todos los que viven en tu casa, principalmente los niños que biológicamente serían más vulnerables a la radiación y a las ondas que emiten dichas antenas. 

¿No harías nada al respecto? Al fin del acabo no fuiste tú quien aprobó que se instalarán las telefónicas allí. Fue una ley, unos diputados que no te representan, un gobierno y un Estado que decidió por ti. ¿No sería lo más lógico que tu y tus vecinos se organizarán y se manifestarán pacíficamente en contra de la antena? 
Puede que en estos momentos nos sea “inconcebible” pensar que alguna empresa trasnacional pueda invadir nuestra propiedad privada y que existan leyes que favorezcan más la inversión que al ciudadano. Pero lastimosamente, déjenme decirles que es posible, y el escenario que arriba les planteo podría darse gracias a la aprobación del decreto 12-2014. 
 La Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, mejor conocida como la Ley Tigo, expresa que las empresas de telefonía podrán instalar antenas, postes, fibra óptica y cableado en bienes públicos o de terceros para “controlar las telecomunicaciones en los centros penitenciarios y centros especializados en sanciones privativas”. 
Asimismo, en el artículo 9, de esa misma ley, se señala que las empresas pagarán “un arbitrio único de tres mil Quetzales (Q.3,000.00) por cada torre o estructura que soporte antenas, instalada o a instalarse en bienes de propiedad particular”. 
Recapitulando, entonces con ésta ley significa que pueden colocar infraestructura telefónica en nuestras propiedades y en nuestros hogares sin nuestro consentimiento y con un único resarcimiento de Q3,000.00, mientras TIGO será beneficiado con Q 1,232 millones por el contrato firmado con la PNC. 
Ahora, ¿Qué diferencia hay entre este escenario y lo que está sucediendo en La Puya? Exacto, ninguna. 
Así que dejemos de ser víctimas de la mala información y la polarización. Informémonos y no dejemos que otros nos digan como debemos pensar, por qué existe una gran posibilidad que tengamos más similitudes con aquellos que buscan defender sus derechos, que con aquellos que buscan imponer sus intereses por encima de los demás.