Redacción
17 de julio, 2014
Mucho habrá leído o escuchado el lector acerca de la ley de inversión y empleo que se identifica con la iniciativa de ley número 4644. He entrecomillado “inversión y empleo” porque el título podría sugerir que quienes apoyan la ley están a favor de la inversión y el empleo y que quienes no estamos a favor de la misma nos oponemos a tan nobles aspiraciones.
Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué pretende la ley? En términos muy simples la ley pretende establecer zonas de desarrollo económico (zonas francas) y unidades de desarrollo económico. Esto es, pretende crear ciertos sitios donde ciertas empresas pueden operar y recibir beneficios fiscales, en el caso de las zonas de desarrollo económico. En segundo lugar, en el caso de las unidades de desarrollo, pretende dar beneficios fiscales a ciertas empresas que, sin estar en las zonas de desarrollo económico, produzcan bienes para venderlos en el mercado exterior.
Claro está, ambos beneficios son únicamente para las empresas que reúnan ciertos requisitos y a las cuales el Ministerio de Economía les otorgue el respectivo permiso para acceder a esos beneficios fiscales. ¿Cuál es la justificación? De acuerdo al propio análisis que presenta el Ministerio de Economía, con esta ley buscan, entre otras cosas, mejorar la competitividad del país y atraer inversión extranjera directa. Incluso han urgido públicamente la aprobación de esta ley aduciendo que de no aprobarse muchas inversiones se irán del país.
Los objetivos de mejorar la competitividad y la inversión extranjera son plausibles. Llama la atención, sin embargo, que si piden urgentemente la aprobación de esta ley para evitar que muchas empresas privilegiadas se marchen del país, su análisis sea parcial. ¿No se dan cuenta que el esquema fiscal del país es un completo fracaso? ¿No se dan cuenta que si siguen la misma lógica extender el concepto de un esquema tributario con menos impuestos para todos sería una mejor idea? En otra oportunidad ya mencioné que incluso Suecia (modelo de país desarrollado para muchos) cobra una tasa menor de impuesto sobre la renta que Guatemala.
Si han aceptado que es imposible competir con otros países de no aprobar esta ley sería muy acertado plantear de una vez la eliminación del impuesto sobre la renta. Algunos dirán que eso mermaría los ingresos tributarios del Estado considerando que los impuestos directos representan aproximadamente el 33.8% de los ingresos tributarios de nuestro país. Pero esto sería ver solo una cara de la moneda. El efecto no visible del impuesto sobre la renta está constituido por todos los recursos que los individuos no invierten por verse forzados a pagar una parte de sus utilidades y por todas las inversiones que no se llevan a cabo por la disminución de la rentabilidad que representa tener que pagar este impuesto.
Así las cosas vemos que la ley de inversión y empleo es un fiasco total por dos razones: 1) porque viola una regla fundamental de todo estado de derecho, esto es, la igualdad ante la ley y como consecuencia es incompatible con los principios de una sociedad libre; y 2) porque no ataca el problema de fondo: tasas impositivas europeas en un país de tercer mundo.
Redacción
17 de julio, 2014
Mucho habrá leído o escuchado el lector acerca de la ley de inversión y empleo que se identifica con la iniciativa de ley número 4644. He entrecomillado “inversión y empleo” porque el título podría sugerir que quienes apoyan la ley están a favor de la inversión y el empleo y que quienes no estamos a favor de la misma nos oponemos a tan nobles aspiraciones.
Lo primero que debemos preguntarnos es: ¿qué pretende la ley? En términos muy simples la ley pretende establecer zonas de desarrollo económico (zonas francas) y unidades de desarrollo económico. Esto es, pretende crear ciertos sitios donde ciertas empresas pueden operar y recibir beneficios fiscales, en el caso de las zonas de desarrollo económico. En segundo lugar, en el caso de las unidades de desarrollo, pretende dar beneficios fiscales a ciertas empresas que, sin estar en las zonas de desarrollo económico, produzcan bienes para venderlos en el mercado exterior.
Claro está, ambos beneficios son únicamente para las empresas que reúnan ciertos requisitos y a las cuales el Ministerio de Economía les otorgue el respectivo permiso para acceder a esos beneficios fiscales. ¿Cuál es la justificación? De acuerdo al propio análisis que presenta el Ministerio de Economía, con esta ley buscan, entre otras cosas, mejorar la competitividad del país y atraer inversión extranjera directa. Incluso han urgido públicamente la aprobación de esta ley aduciendo que de no aprobarse muchas inversiones se irán del país.
Los objetivos de mejorar la competitividad y la inversión extranjera son plausibles. Llama la atención, sin embargo, que si piden urgentemente la aprobación de esta ley para evitar que muchas empresas privilegiadas se marchen del país, su análisis sea parcial. ¿No se dan cuenta que el esquema fiscal del país es un completo fracaso? ¿No se dan cuenta que si siguen la misma lógica extender el concepto de un esquema tributario con menos impuestos para todos sería una mejor idea? En otra oportunidad ya mencioné que incluso Suecia (modelo de país desarrollado para muchos) cobra una tasa menor de impuesto sobre la renta que Guatemala.
Si han aceptado que es imposible competir con otros países de no aprobar esta ley sería muy acertado plantear de una vez la eliminación del impuesto sobre la renta. Algunos dirán que eso mermaría los ingresos tributarios del Estado considerando que los impuestos directos representan aproximadamente el 33.8% de los ingresos tributarios de nuestro país. Pero esto sería ver solo una cara de la moneda. El efecto no visible del impuesto sobre la renta está constituido por todos los recursos que los individuos no invierten por verse forzados a pagar una parte de sus utilidades y por todas las inversiones que no se llevan a cabo por la disminución de la rentabilidad que representa tener que pagar este impuesto.
Así las cosas vemos que la ley de inversión y empleo es un fiasco total por dos razones: 1) porque viola una regla fundamental de todo estado de derecho, esto es, la igualdad ante la ley y como consecuencia es incompatible con los principios de una sociedad libre; y 2) porque no ataca el problema de fondo: tasas impositivas europeas en un país de tercer mundo.