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Las 'fronteras abiertas' frente a debacle de niños migrantes

Redacción
09 de julio, 2014
Encuentro curioso el argumento libertario de que las personas tienen el derecho de vivir donde quieran, sin interferencia alguna de gobierno alguno. O sea, unas personas pueden impedir que otras personas pasen por un vasto territorio, en caso de que sea de la propiedad privada del que quieren impedirle el paso a otro, pero los gobiernos que establecen el estado de derecho, imperio de la ley y régimen de propiedad privada no tienen similar derecho. Por razones que se expondrán a continuación, ese argumento no convence. No solo es absurdo, cae en lo ridículo cuando viene de mis amigos guatemaltecos acomodados que viven en condominios de lujo, que son supuestamente privados, pero que en realidad se volvieron privados cuando unos vecinos, conformados en un grupo territorialmente definido, cercaron la vía pública y le cerraron el paso a los ciudadanos que NO viven en dicha área. Es poco congruente que uno abogue por los supuestos derechos ilimitados de migración universal mientras vive en un área cercada donde un guardián de origen socioeconómico bajo, o sea de perfil de potencial migrante, le exija a uno su documento personal de identificación, sin el cual le bloquea físicamente el paso, bajo la amenaza de violencia. 
¿Cuál sería la diferencia? Fácil, ninguna. No la hay. Los mismos guatemaltecos que ustedes no quieren en sus condominios privados son los que paran migrando a Estados Unidos. Hasta ahora en este artículo se ha tratado el caso de cuando unos ciudadanos se autodenominan vecinos y deciden cerrar la vía publica a otros ciudadanos, quienes antes de esa decisión tenían el pleno derecho de transitar por el área del que ahora se excluyen. Sin embargo, no es necesario enfocarnos en ese caso especial. Es posible tratar el caso de propiedad privada. 
El argumento libertario es que el dueño de una propiedad privada tiene el derecho de impedirle la entrada a dicha propiedad a quien sea. Resulta imposible refutar dicha lógica. Asimismo, un dueño puede defender, con su derecho absoluto de tenencia y uso de armas, con violencia su vida y su propiedad, de cualquier transgresión que amenace su integridad. Ahora, extendamos esta lógica un paso más. En pocas palabras, si un latifundista americano fuera dueño de todo el territorio que está del lado estadounidense de la frontera de ese país con México, no habría ninguna controversia de cómo manejar la invasión de inmigrantes que ingresan sin permiso. El dueño podría matar a quienes violan la integridad física de su propiedad, bajo el argumento de que no sabe la intención de quienes han invadido su propiedad, y no tiene por qué esperar explicaciones, si como dueño no él ha dado ningún permiso de entrar. 
¿Pueden los gobiernos ser dueños de propiedad? Si los gobiernos pueden ser dueños de propiedad, esa propiedad sería necesariamente propiedad pública. ¿Los gobiernos tendrían el derecho de definir quienes integrarían el “público” relevante, con derechos de uso de su propiedad? Por supuesto que lo tienen. Solo tenemos que hacer referencia al ejemplo original. Es difícil concebir como los gobiernos nacionales no podrían tener los derechos que tienen los “vecinos” que forman comités de vecinos para cerrarle el paso a “no vecinos”. En este último caso, los vecinos se organizan, léase forman “gobierno”, para pedirle a otro nivel de gobierno (la Municipalidad) el derecho de cerrar el paso a quienes no pertenecen a su grupo, o sea no son reconocidos por su gobierno llamado comité de vecinos. 
Resulta interesante contemplar que pasaría si decenas de miles de niños guatemaltecos de escasos recursos invadieran los condominios exclusivos de Guatemala con la intención de vivir ahí, bajo el cuidado de los vecinos ahí radicados. ¿Se conformarían los vecinos que los “migrantes” pagarían su parte montando en las calles de su condominio exclusivo negocios informales, que muchos libertarios consideran emprendimiento?
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