El presente artículo trata sobre el tema de una ley de competencia para Guatemala. En materia de efectividad de leyes antimonopolio Guatemala califica muy mal, según organizaciones internacionales como el Foro Económico Mundial. 

En principio no debería de haber nada de malo con una ley de competencia bien inspirada y bien escrita. La clave esta en quien la escribe y por que razón. Es curioso que muchos que dicen estar en contra de los monopolios privados apoyan casi cualquier esfuerzo de crear monopolios estatales. El motivo de quienes escriban una ley de competencia debería de ser avanzar el libre mercado, no detenerlo. 

La economía de libre mercado solo funciona si hay competencia. Debe haber libertad de intercambio así como libertad de contratación, pero la libertad de contratación no debería de ir en contra la libertad de intercambio y tampoco debería de restringir el comercio. 

Existen practicas de mala fe que atentan contra los principios y mecanismo de autorregulación de los mercados. Acuerdos entre empresas para impedir la entrada de nuevos rivales al mercado en que operan no son compatibles con los principios de la economía de libre mercado. Asimismo, acuerdos que restringen la producción para elevar el precio tampoco son congruentes con la economía de libre mercado, dado que imponen los derechos de contratación por encima de los derechos de intercambio. 

Hay quienes se enfocan en los monopolios naturales y las regulaciones que deben haber sobre ellos. Pero la verdad es que los casos de monopolios naturales son muy pocos. Los monopolios típicamente son creados por el estado, no el mercado. En ausencia de privilegios otorgados por los gobiernos, muchos monopolios dejarían de ser únicos en sus mercados. 

Esto no quiere decir que empresas no pueden llegar a ser dominantes por su mayor eficiencia. El peligro existe en que el poder económico se traduzca en poder político de tal manera que logren obtener privilegios diseñados para proteger su posición de dominancia. 

Una observación importante hace falta. El tema aquí es problema del estado, no de mercado precisamente. ¿No sería mejor enfocarnos en crear instituciones estatales autónomas, funcionales, probas y eficientes que en buscar como mitigar la eficiencia empresarial? 

Una cosa es castigar competencia desleal, pero otra cosa completamente es castigar innovaciones empresariales que le agradan a los consumidores. Por ejemplo, es función del Estado quitarle al consumidor la opción de comprar un producto que viene acompañado de complementos deseados, simplemente porque otras empresas no pueden? 

Asimismo, se supone que monopolios no tienen sustitutos cercanos, pero aun sustitutos lejanos ejercen presión sobre la empresa para que sirva de mejor manera los intereses del consumidor. El agua embotellada es sustituto de las aguas gaseosas, así como los comedores populares son sustitutos de las cadenas de restaurantes de comida rápida. 

En el tema del otorgamiento de privilegios a empresas particulares, la intención egoísta de la empresa no es el problema principal. Este principio es el mismo que hace que la empresa sirva los intereses del consumidor bajo condiciones de mercados competitivos. Al perseguir sus propios intereses, la empresa cumple su función social. Cuando la competencia es restringida en favor de empresas dadas, el trasfondo del problema es que el estado no esta cumpliendo con las razones de su constitución, ni mucho menos su función social, porque los intereses colectivos son la razón de ser del estado.
 

De poco bueno servirá una ley de competencia aplicada por un estado corrupto, capturado por grupos de intereses particulares. Si el problema se supone que es la concentración económica, un estado corrupto armado de una ley de competencia solo la usará para promover mas corrupción e intereses particulares sobre los generales.