Actualmente se llevan a cabo las
elecciones de los magistrados a corte de apelaciones y corte suprema de
justicia de nuestro país. Como siempre,
las comisiones de postulación, encargadas de elegir las nóminas de candidatos a
estos cargos, están acechadas por los grupos de interés que buscan influir para
nominar a los candidatos de su predilección.
Nuestra constitución establece
que los magistrados de la corte de apelaciones son electos por una comisión de
postulación conformada por los representantes de los rectores de las
universidades del país, los decanos de las facultades de derecho de las
universidades del país, por representantes del colegio de abogados y notarios y
por representantes electos por la corte suprema de justicia. La comisión de
postulación que elige magistrados de la corte de apelaciones está conformada de
la misma manera excepto que este último representante está conformado por
representantes electos por la corte de apelaciones.
En ese esquema, nuestra
constitución creó un sistema que dotó de muchísimo poder político a la
universidad de San Carlos y al colegio de abogados. Sabiendo que la USAC y el colegio de abogados
tienen una fuerte influencia en la designación de las grandes cortes todo quedó
servido en bandeja de plata para los grupos de interés. La receta está muy clara: consigue el mando
de la USAC y del colegio de abogados y tendrás el poder de designar tus jueces.
Este esquema es el que prima
elección tras elección. Los personajes
que ejercen influencias son bien conocidos y por más CICIG que diga poner orden
la cosa no funciona. Peor aun, la CICIG
tiene un incentivo fuerte a influir en la designación de ciertos cargos para
nombrar a personas afines. Todos
recordamos lo sucedido en la elección al cargo de fiscal general en 2010 con el
espectáculo que dio entonces Castresana.
No se confunda el lector. No
estoy despotricando contra la CICIG ni contra algunos particulares que influyan
en el nombramiento de jueces. Más bien despotrico contra el sistema. Dados los incentivos que existen, lo que
ocurre es perfectamente lo que cualquier persona con cierta agudeza podría
prever que sucedería.
Lo que debemos plantearnos es qué
medidas deben tomarse para cambiar el esquema de incentivos existente. Algunas ideas exigen reformar la constitución
y otras remplazar la casi nula carrera judicial existente.
Yo creo que lo que es vital es
cambiar el sistema de elección como lo conocemos hoy. Hay que remplazar el sistema actual por uno
que sea más cercano a la sociedad civil.
Quizá si los magistrados ostentaran cargos vitalicios o de mayor
duración y las cortes se renovaran parcialmente, la historia sería diferente.
Si en lugar de cambiar cortes
cada cinco años únicamente renovásemos un magistrado o dos, la ciudadanía
estaría más pendiente de la persona que ocuparía el cargo. En Estados Unidos la
población está muy al tanto de cada vacante que surge en la suprema corte. Hoy la elección de las grandes cortes de
nuestro país es un suceso prácticamente desconocido para la mayor parte de la
población.
Actualmente se llevan a cabo las
elecciones de los magistrados a corte de apelaciones y corte suprema de
justicia de nuestro país. Como siempre,
las comisiones de postulación, encargadas de elegir las nóminas de candidatos a
estos cargos, están acechadas por los grupos de interés que buscan influir para
nominar a los candidatos de su predilección.
Nuestra constitución establece
que los magistrados de la corte de apelaciones son electos por una comisión de
postulación conformada por los representantes de los rectores de las
universidades del país, los decanos de las facultades de derecho de las
universidades del país, por representantes del colegio de abogados y notarios y
por representantes electos por la corte suprema de justicia. La comisión de
postulación que elige magistrados de la corte de apelaciones está conformada de
la misma manera excepto que este último representante está conformado por
representantes electos por la corte de apelaciones.
En ese esquema, nuestra
constitución creó un sistema que dotó de muchísimo poder político a la
universidad de San Carlos y al colegio de abogados. Sabiendo que la USAC y el colegio de abogados
tienen una fuerte influencia en la designación de las grandes cortes todo quedó
servido en bandeja de plata para los grupos de interés. La receta está muy clara: consigue el mando
de la USAC y del colegio de abogados y tendrás el poder de designar tus jueces.
Este esquema es el que prima
elección tras elección. Los personajes
que ejercen influencias son bien conocidos y por más CICIG que diga poner orden
la cosa no funciona. Peor aun, la CICIG
tiene un incentivo fuerte a influir en la designación de ciertos cargos para
nombrar a personas afines. Todos
recordamos lo sucedido en la elección al cargo de fiscal general en 2010 con el
espectáculo que dio entonces Castresana.
No se confunda el lector. No
estoy despotricando contra la CICIG ni contra algunos particulares que influyan
en el nombramiento de jueces. Más bien despotrico contra el sistema. Dados los incentivos que existen, lo que
ocurre es perfectamente lo que cualquier persona con cierta agudeza podría
prever que sucedería.
Lo que debemos plantearnos es qué
medidas deben tomarse para cambiar el esquema de incentivos existente. Algunas ideas exigen reformar la constitución
y otras remplazar la casi nula carrera judicial existente.
Yo creo que lo que es vital es
cambiar el sistema de elección como lo conocemos hoy. Hay que remplazar el sistema actual por uno
que sea más cercano a la sociedad civil.
Quizá si los magistrados ostentaran cargos vitalicios o de mayor
duración y las cortes se renovaran parcialmente, la historia sería diferente.
Si en lugar de cambiar cortes
cada cinco años únicamente renovásemos un magistrado o dos, la ciudadanía
estaría más pendiente de la persona que ocuparía el cargo. En Estados Unidos la
población está muy al tanto de cada vacante que surge en la suprema corte. Hoy la elección de las grandes cortes de
nuestro país es un suceso prácticamente desconocido para la mayor parte de la
población.