En mi artículo pasado se resumieron los
resultados de algunos estudios sobre el tamaño optimo del estado, escritos por
economistas de mercado. Del rango de 15%
al 30% del producto interno bruto que se estableció en ese resumen, yo
propondría para Guatemala un nivel de 20% de gasto público. De hecho, lo haría una regla fiscal
constitucionalmente establecida (se vale soñar) de un máximo de 20% para
gastos, ingresos y deuda pública.
A la contratación de deuda, puesto que bajo
condiciones normales su nivel optimo es cero, se podría adicionar un sinfín de
obstáculos para hacerla más difícil y asegurar que la contratación de deuda
pública refleje un amplio consenso político y social. No obstante, a veces contratación de deuda es
requerida para validos esfuerzos colectivos monumentales de interés común, por
lo que se recomendaría dejar abierta esta posibilidad, y hacer su ejercicio de
lo más difícil posible.
Actualmente, el gasto público se aproxima al
15%, y los ingresos fiscales al 12% del producto interno bruto. Muchos de mis amigos y compañeros de
filosofía liberal seguramente explotan de enojo al leer esta recomendación,
sino de risa al no mas oír la simple noción de que el estado guatemalteco debe
poseer el 20% de lo producido por los guatemaltecos. Habría que aclarar que si se habla de lo
políticamente viable, primero habría que componer la institucionalidad del
país, porque estoy de acuerdo que tributar mas a un gobierno corrupto no es el
camino al progreso.
Pero hay que reconocer la realidad de las
cosas. El punto central de mi propuesta
no es crecer el estado, sino limitar este crecimiento, imparable e inexorable. Los preceptos de la escuela de pensamiento
político económico conocida como Opción Pública nos explica que el crecimiento
del estado obedece a la lógica de los costos dispersos y beneficios
concentrados. Comparados con los
beneficiarios de algún programa de gasto público, los contribuyentes son
relativamente mayores en número. Por ser
contribuyentes, trabajan, o sea sus costos de oportunidad de ir a manifestar
políticamente son más altos. Pagadores
de impuestos los pagan de mala gana, y cuando se los suben, se quejan en la
mesa de cena en su casa y el día siguiente, siguen al trabajo. Al contrario, beneficiarios del gasto publico
tienen costos de oportunidad de protesta más bajos, están organizados en grupos
ya conformados y fácilmente movilizados por agentes públicos cuyos trabajos
dependen de ayudar a los dependientes.
Esta realidad conspira en que para los funcionarios públicos resulta más
popular subir gasto, que bajarlo, pero bajar impuestos que subirlos, aunque
subir impuestos es, para ellos, menos difícil que reducir gasto público.
El tamaño del estado crece, siempre, y en todo
momento. El keynesianismo resulta ser
una burda escusa utilizada por la izquierda autodenominada (en la mejor
tradición orwelliana) “progresista” para aumentar el gasto publico durante las
crisis económicas, para luego no bajarlo durante las recuperaciones, por lo
menos no en las mismas proporciones. Si
no se adopta mi humilde propuesta, Guatemala igual va tener gastos e ingresos
fiscales por encima del 20% del PIB, y muy probablemente, deuda pública por
encima del 40% del PIB, y 300% de los ingresos fiscales. Esto dentro de 20 años.
Así que, con mi propuesta, la elección no es
entre un estado de 20% del PIB y uno del 15%.
Es entre un estado constitucionalmente delimitado y limitado, y uno que
no lo es. Ahora, que hacemos con el 20%
del PIB en manos del estado? De entrada,
la restricción del 20% hace que, en el límite, el funcionario público va tener
que elegir entre tipos de gastos que quiere hacer. Con el límite imperante, mas gasto para el
programa X vendrá a costos del programa Y, cosa que ahora no sucede. Pero hablemos de prioridades de
consenso. Con ingresos fiscales
fortalecidos, en manos de una institucionalidad publica solida, e podría
invertir más en seguridad, triplicando la inversión hecha en el gasto militar y
en seguridad publica civil. El estado
guatemalteco no controla la gran mayoría del territorio nacional, por lo que
fuertes inversiones en seguridad civil y militar serán necesarias solo para
recuperar el país. Ni hablar de las
inversiones en educación necesarias para que el país deje de tener una población
ignorante, sumisa, y dependiente, la tormenta perfecta para el populismo
socialista que se propaga de nuevo en América Latina. Eso requiere impuestos.
En mi artículo pasado se resumieron los
resultados de algunos estudios sobre el tamaño optimo del estado, escritos por
economistas de mercado. Del rango de 15%
al 30% del producto interno bruto que se estableció en ese resumen, yo
propondría para Guatemala un nivel de 20% de gasto público. De hecho, lo haría una regla fiscal
constitucionalmente establecida (se vale soñar) de un máximo de 20% para
gastos, ingresos y deuda pública.
A la contratación de deuda, puesto que bajo
condiciones normales su nivel optimo es cero, se podría adicionar un sinfín de
obstáculos para hacerla más difícil y asegurar que la contratación de deuda
pública refleje un amplio consenso político y social. No obstante, a veces contratación de deuda es
requerida para validos esfuerzos colectivos monumentales de interés común, por
lo que se recomendaría dejar abierta esta posibilidad, y hacer su ejercicio de
lo más difícil posible.
Actualmente, el gasto público se aproxima al
15%, y los ingresos fiscales al 12% del producto interno bruto. Muchos de mis amigos y compañeros de
filosofía liberal seguramente explotan de enojo al leer esta recomendación,
sino de risa al no mas oír la simple noción de que el estado guatemalteco debe
poseer el 20% de lo producido por los guatemaltecos. Habría que aclarar que si se habla de lo
políticamente viable, primero habría que componer la institucionalidad del
país, porque estoy de acuerdo que tributar mas a un gobierno corrupto no es el
camino al progreso.
Pero hay que reconocer la realidad de las
cosas. El punto central de mi propuesta
no es crecer el estado, sino limitar este crecimiento, imparable e inexorable. Los preceptos de la escuela de pensamiento
político económico conocida como Opción Pública nos explica que el crecimiento
del estado obedece a la lógica de los costos dispersos y beneficios
concentrados. Comparados con los
beneficiarios de algún programa de gasto público, los contribuyentes son
relativamente mayores en número. Por ser
contribuyentes, trabajan, o sea sus costos de oportunidad de ir a manifestar
políticamente son más altos. Pagadores
de impuestos los pagan de mala gana, y cuando se los suben, se quejan en la
mesa de cena en su casa y el día siguiente, siguen al trabajo. Al contrario, beneficiarios del gasto publico
tienen costos de oportunidad de protesta más bajos, están organizados en grupos
ya conformados y fácilmente movilizados por agentes públicos cuyos trabajos
dependen de ayudar a los dependientes.
Esta realidad conspira en que para los funcionarios públicos resulta más
popular subir gasto, que bajarlo, pero bajar impuestos que subirlos, aunque
subir impuestos es, para ellos, menos difícil que reducir gasto público.
El tamaño del estado crece, siempre, y en todo
momento. El keynesianismo resulta ser
una burda escusa utilizada por la izquierda autodenominada (en la mejor
tradición orwelliana) “progresista” para aumentar el gasto publico durante las
crisis económicas, para luego no bajarlo durante las recuperaciones, por lo
menos no en las mismas proporciones. Si
no se adopta mi humilde propuesta, Guatemala igual va tener gastos e ingresos
fiscales por encima del 20% del PIB, y muy probablemente, deuda pública por
encima del 40% del PIB, y 300% de los ingresos fiscales. Esto dentro de 20 años.
Así que, con mi propuesta, la elección no es
entre un estado de 20% del PIB y uno del 15%.
Es entre un estado constitucionalmente delimitado y limitado, y uno que
no lo es. Ahora, que hacemos con el 20%
del PIB en manos del estado? De entrada,
la restricción del 20% hace que, en el límite, el funcionario público va tener
que elegir entre tipos de gastos que quiere hacer. Con el límite imperante, mas gasto para el
programa X vendrá a costos del programa Y, cosa que ahora no sucede. Pero hablemos de prioridades de
consenso. Con ingresos fiscales
fortalecidos, en manos de una institucionalidad publica solida, e podría
invertir más en seguridad, triplicando la inversión hecha en el gasto militar y
en seguridad publica civil. El estado
guatemalteco no controla la gran mayoría del territorio nacional, por lo que
fuertes inversiones en seguridad civil y militar serán necesarias solo para
recuperar el país. Ni hablar de las
inversiones en educación necesarias para que el país deje de tener una población
ignorante, sumisa, y dependiente, la tormenta perfecta para el populismo
socialista que se propaga de nuevo en América Latina. Eso requiere impuestos.