Desde la captura de
Edgar Camargo, director del Sistema Penitenciario y demás miembros de la red de
Byron Lima Oliva, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,
se ha posicionado nuevamente como una institución relevante para el combate de
las estructuras criminales que gobiernan nuestro sistema.
A raíz de ello, varias
instituciones y figuras prominentes han empezado a discutir sobre la necesidad
de ampliar el mandato de la CICIG que estaría finalizando su estancia el
próximo año.
Aunque resulta válido
que el debate se incline en describir los principales aciertos que ha tenido la
institución en su lucha contra la impunidad y la corrupción, considero que es
válido también que se discuta sobre los límites que puede tener una comisión
así en nuestro país.
Para entender un poco
más cuales son esos límites, me gustaría que hacer una pequeña analogía entre
el Estado de Guatemala y una persona que padece de adicción al alcohol o las
drogas.
El Estado Guatemalteco
es similar a una persona alcohólica, que al inicio no logra reconocer por
completo que sufre de una adicción y necesita de una intervención por parte de
familiares o amigos para que éste puede rehabilitarse. El en caso de Guatemala,
nuestra adicción o nuestro padecimiento es la impunidad y la corrupción, y
nuestros familiares y amigos es la CICIG.
Hace 7 años necesitamos
de la intervención de la ONU –por medio de la Comisión contra de la Impunidad-
para reconocer los altos índices de impunidad y lo fallido de nuestro sistema. No
obstante, al igual que sucede con el sujeto adicto, las continuas
intervenciones o procesos de rehabilitación no funcionan si la persona no está
dispuesta a abandonar su adición y hacer cambios significativos en su forma de
vida; y eso es lo que sucederá con Guatemala.
La CICIG podrá seguir
destapando redes criminales, señalando a jueces corruptos y sus patrimonios
desproporcionados, pero seguirá siendo nuestro sistema corrupto (Ministerio
Público, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones) qué procesará esos
casos.
Sólo basta con ver que
hasta la fecha el Juez únicamente ha ligado a proceso a Byron Lima por el uso
de teléfono en las cárceles.
En resumen, cómplices y
criminales seguirán juzgándose entre ellos, y la CICIG no podrá hacer mucho
para detenerlos, a menos que desde adentro decidamos hacerlo.
Seguramente la solución
no es la CICIG, pero mientras continuemos escondidos en nuestra burbuja de
indiferencia, la CICIG será un “agradable” y necesario recordatorio que nuestro
Sistema de Justicia está colapsando.
Desde la captura de
Edgar Camargo, director del Sistema Penitenciario y demás miembros de la red de
Byron Lima Oliva, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala,
se ha posicionado nuevamente como una institución relevante para el combate de
las estructuras criminales que gobiernan nuestro sistema.
A raíz de ello, varias
instituciones y figuras prominentes han empezado a discutir sobre la necesidad
de ampliar el mandato de la CICIG que estaría finalizando su estancia el
próximo año.
Aunque resulta válido
que el debate se incline en describir los principales aciertos que ha tenido la
institución en su lucha contra la impunidad y la corrupción, considero que es
válido también que se discuta sobre los límites que puede tener una comisión
así en nuestro país.
Para entender un poco
más cuales son esos límites, me gustaría que hacer una pequeña analogía entre
el Estado de Guatemala y una persona que padece de adicción al alcohol o las
drogas.
El Estado Guatemalteco
es similar a una persona alcohólica, que al inicio no logra reconocer por
completo que sufre de una adicción y necesita de una intervención por parte de
familiares o amigos para que éste puede rehabilitarse. El en caso de Guatemala,
nuestra adicción o nuestro padecimiento es la impunidad y la corrupción, y
nuestros familiares y amigos es la CICIG.
Hace 7 años necesitamos
de la intervención de la ONU –por medio de la Comisión contra de la Impunidad-
para reconocer los altos índices de impunidad y lo fallido de nuestro sistema. No
obstante, al igual que sucede con el sujeto adicto, las continuas
intervenciones o procesos de rehabilitación no funcionan si la persona no está
dispuesta a abandonar su adición y hacer cambios significativos en su forma de
vida; y eso es lo que sucederá con Guatemala.
La CICIG podrá seguir
destapando redes criminales, señalando a jueces corruptos y sus patrimonios
desproporcionados, pero seguirá siendo nuestro sistema corrupto (Ministerio
Público, Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones) qué procesará esos
casos.
Sólo basta con ver que
hasta la fecha el Juez únicamente ha ligado a proceso a Byron Lima por el uso
de teléfono en las cárceles.
En resumen, cómplices y
criminales seguirán juzgándose entre ellos, y la CICIG no podrá hacer mucho
para detenerlos, a menos que desde adentro decidamos hacerlo.
Seguramente la solución
no es la CICIG, pero mientras continuemos escondidos en nuestra burbuja de
indiferencia, la CICIG será un “agradable” y necesario recordatorio que nuestro
Sistema de Justicia está colapsando.