La oposición a la famosa Ley Monsanto reúne a
una alianza política algo extraña, curiosa por la diversidad de razones e
ideologías detrás de la postura de rechazo.
Por supuesto, entre los más recios en su oposición son los mismo grupos
de presión de izquierda de siempre, aquella conglomeración de actores de
izquierda que se reúne en oposición a cualquier tema favorecido por la grande
empresa, en nombre del medioambiente, equidad de género, los derechos humanos –
de los pueblos indígenas, y, la última moda, los homosexuales y
transgenero.
Pero también hay que reconocer que no solo
grupos de izquierda se oponen a la Ley de Vegetales, también llamada la Ley
Monsanto, por la gigantesca empresa de la agroindustria que domina más del 80%
del mercado Estadunidense tanto en maíz como en algodón cosechado de semillas
genéticamente modificadas patentadas. La
Ley Monsanto pretende defender los derechos de propiedad intelectual de quienes
hacen innovaciones en materia de la genética de alguna especie vegetal. Hasta aquí bien.
Es punto de consenso intelectual que el Estado
tiene interés primordial en defender el estado de derecho y la propiedad
privada. Muchos dicen que esto incluye
la propiedad intelectual, pero aquí no hay consenso. Existen argumentos libertarios interesantes y
lógicamente validos que rechazan la noción que el estado debería de otorgar
derechos monopólicos a empresas particulares y luego proteger estos arreglos
mercantilistas con la fuerza de ley. Existen
otros argumentos que hay que premiar a los esfuerzos emprendedores para
incentivar la invención y la innovación.
Dios no está haciendo más tierra, y si en materia alimenticia queremos
postergar el estado estacionario Solowiano y Malthusiano, debemos apostar por
el progreso tecnológico en la agricultura.
Empresas que derivan todo su valor agregado
por un derecho de propiedad intelectual que (1) es determinado por el Estado y
(2) defendido por el Estado, no precisamente están en la mejor posición de
rechazar regulaciones e intervenciones estatales en la economía. El Estado se funda sobre las preocupaciones
acerca de la seguridad y protección de la vida.
Escasamente se puede concebir un tema de mayor relevancia como tema de
política pública que la seguridad alimentaria del pueblo.
Cuando se analizan temas de seguridad, en
cualquiera de sus dimensiones, la postura racional es de extrema cautela, o sea
una racional aversión al riesgo. No se
piensa en lo que posiblemente pudiese lograr el mejor resultado posible, sino
como evitar por seguro el peor resultado, la hambruna, la muerte, etc. Aquí el tema que concierne con la Ley de
Vegetales se pone delicado. ¿Semillas
genéticamente modificadas podrían alterar el buen funcionamiento a largo plazo
de la cadena de alimentos en el planeta? No sabemos, pero es posible. ¿Puede por si sola la empresa productora de
semillas genéticamente modificadas proteger su propiedad intelectual?
Seguramente que no. Ya con esto existen
razones fundamentadas para que el Estado tome interés en estos asuntos de
importancia pública.
Un tema que se ha pasado por alto es el tema
de las obligaciones del Estado guatemalteco en materia de competencia. Por razones de tratado internacional,
Guatemala debe adoptar una Ley de Competencia.
El Estado debe cuidar del poder de mercado concentrado. La razón por la que la Ley de Vegetales se
llama la Ley Monsanto es el tremendo poder de mercado que ha acumulado la
empresa Monsanto. El daño que podría
ocasionar el abuso de poder de mercado de una empresa tan grande, en un asunto
tan importante, como lo es la seguridad alimentaria, es tan grande que sería de
esperar que cualquier Estado tomase interés público en un asunto tan delicado
como la introducción de semillas genéticamente modificadas y patentadas en la agricultura
nacional.
Recordemos que con estas semillas su
obsolescencia es plantificada, es decir fueron diseñadas para que no se
pudiesen resembrar en años futuros. Esto
tiene el racional (para la empresa) efecto de obligar la re-compra de sus
semillas año tras año tras año en el futuro.
No se sabe con certeza que pasara si las semillas modificadas en el
tiempo desplacen a las variedades naturales (que si se pueden resembrar en años
futuros). En cuyo caso se perdería una
valiosa opción cuya existencia incorpora milenios de conocimiento
acumulado.
La oposición a la famosa Ley Monsanto reúne a
una alianza política algo extraña, curiosa por la diversidad de razones e
ideologías detrás de la postura de rechazo.
Por supuesto, entre los más recios en su oposición son los mismo grupos
de presión de izquierda de siempre, aquella conglomeración de actores de
izquierda que se reúne en oposición a cualquier tema favorecido por la grande
empresa, en nombre del medioambiente, equidad de género, los derechos humanos –
de los pueblos indígenas, y, la última moda, los homosexuales y
transgenero.
Pero también hay que reconocer que no solo
grupos de izquierda se oponen a la Ley de Vegetales, también llamada la Ley
Monsanto, por la gigantesca empresa de la agroindustria que domina más del 80%
del mercado Estadunidense tanto en maíz como en algodón cosechado de semillas
genéticamente modificadas patentadas. La
Ley Monsanto pretende defender los derechos de propiedad intelectual de quienes
hacen innovaciones en materia de la genética de alguna especie vegetal. Hasta aquí bien.
Es punto de consenso intelectual que el Estado
tiene interés primordial en defender el estado de derecho y la propiedad
privada. Muchos dicen que esto incluye
la propiedad intelectual, pero aquí no hay consenso. Existen argumentos libertarios interesantes y
lógicamente validos que rechazan la noción que el estado debería de otorgar
derechos monopólicos a empresas particulares y luego proteger estos arreglos
mercantilistas con la fuerza de ley. Existen
otros argumentos que hay que premiar a los esfuerzos emprendedores para
incentivar la invención y la innovación.
Dios no está haciendo más tierra, y si en materia alimenticia queremos
postergar el estado estacionario Solowiano y Malthusiano, debemos apostar por
el progreso tecnológico en la agricultura.
Empresas que derivan todo su valor agregado
por un derecho de propiedad intelectual que (1) es determinado por el Estado y
(2) defendido por el Estado, no precisamente están en la mejor posición de
rechazar regulaciones e intervenciones estatales en la economía. El Estado se funda sobre las preocupaciones
acerca de la seguridad y protección de la vida.
Escasamente se puede concebir un tema de mayor relevancia como tema de
política pública que la seguridad alimentaria del pueblo.
Cuando se analizan temas de seguridad, en
cualquiera de sus dimensiones, la postura racional es de extrema cautela, o sea
una racional aversión al riesgo. No se
piensa en lo que posiblemente pudiese lograr el mejor resultado posible, sino
como evitar por seguro el peor resultado, la hambruna, la muerte, etc. Aquí el tema que concierne con la Ley de
Vegetales se pone delicado. ¿Semillas
genéticamente modificadas podrían alterar el buen funcionamiento a largo plazo
de la cadena de alimentos en el planeta? No sabemos, pero es posible. ¿Puede por si sola la empresa productora de
semillas genéticamente modificadas proteger su propiedad intelectual?
Seguramente que no. Ya con esto existen
razones fundamentadas para que el Estado tome interés en estos asuntos de
importancia pública.
Un tema que se ha pasado por alto es el tema
de las obligaciones del Estado guatemalteco en materia de competencia. Por razones de tratado internacional,
Guatemala debe adoptar una Ley de Competencia.
El Estado debe cuidar del poder de mercado concentrado. La razón por la que la Ley de Vegetales se
llama la Ley Monsanto es el tremendo poder de mercado que ha acumulado la
empresa Monsanto. El daño que podría
ocasionar el abuso de poder de mercado de una empresa tan grande, en un asunto
tan importante, como lo es la seguridad alimentaria, es tan grande que sería de
esperar que cualquier Estado tomase interés público en un asunto tan delicado
como la introducción de semillas genéticamente modificadas y patentadas en la agricultura
nacional.
Recordemos que con estas semillas su
obsolescencia es plantificada, es decir fueron diseñadas para que no se
pudiesen resembrar en años futuros. Esto
tiene el racional (para la empresa) efecto de obligar la re-compra de sus
semillas año tras año tras año en el futuro.
No se sabe con certeza que pasara si las semillas modificadas en el
tiempo desplacen a las variedades naturales (que si se pueden resembrar en años
futuros). En cuyo caso se perdería una
valiosa opción cuya existencia incorpora milenios de conocimiento
acumulado.