El pasado 31 de diciembre varios medios de comunicación publicaron que maestros que trabajan bajo el renglón 0-21 —contrato temporal— exigieron al Ministerio de Educación que libere 23 mil plazas congeladas del renglón 0-11, -que sí implican una contratación de largo plazo. Uno de los dirigentes magisteriales indicó “que muchas de las plazas congeladas son de profesionales que se han jubilado o fallecido, por lo que las deben volver a ocupar otros docentes.” Lo anterior implicaría aumentar fácilmente en cerca de 10% el ya cuantioso presupuesto de 12 mil Millones de Quetzales que para 2015 tiene el MINEDUC, que en su mayor parte se destina para el pago de salarios, compromisos sindicales y gastos de funcionamiento.
Los diferentes movimientos magisteriales de las últimas décadas han dedicado sus esfuerzos a pedir aumentos salariales, ampliar los privilegios y beneficios de los docentes mediante pactos colectivos y, más recientemente, a funcionar como importantes grupos de presión afines a ciertos intereses políticos y particulares. Esto, unido a la poca exigencia de los gobiernos por incrementar la calidad educativa como contraparte a las mejoras laborales, ha producido resultados que están a la vista: educación pública de pésima calidad.
Según datos del año 2013 de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca), el 92.70% de los 137,466 estudiantes de diversificado evaluados por el Ministerio de Educación a nivel nacional en 2012 reprobó en matemática, mientras que en lectura el 75.53% no llegó al puntaje mínimo. Se podría hablar también de las grandes carencias en todo el sistema educativo estatal, que van desde servicios básicos, material didáctico elemental hasta el inexistente uso de tecnología en plena era de la información. Lo anterior no hace sino evidenciar que, con el sistema actual de educación estatal, estamos cada día más rezagados en un mundo cada vez más competitivo.
Más que falta de recursos, los problemas de la educación pública en Guatemala derivan de tener un sistema capturado por líderes negativos, que han politizado los movimientos sindicales y se han acomodado en un sistema en donde anualmente se manejan cada vez más recursos, pero donde la exigencia por mejorar la educación no existe. Los pocos buenos maestros quedan al margen, como simples espectadores de las acciones de líderes negativos que son expertos en incitar a bloqueos y bochinches más que en velar por la educación de nuestra juventud.
Las proyecciones del presupuesto del año 2015 indican que el Ministerio de Educación contará con poco más de Q 12,200.00 millones de quetzales (aproximadamente $1,574 millones de dólares) en los cuales ya se incluye el incremento al pacto colectivo para el magisterio nacional. ¿Cómo y en qué se gasta este dinero, si la cobertura y la calidad educativa no mejora? Sin duda, como ciudadanos, debemos exigir una rendición de cuentas en el manejo transparente y eficiente de los recursos que gasta el Estado. Pues cuando el monto de gasto anualmente aumenta, pero la calidad del servicio público, en este caso la Educación, no solo no mejora sino empeora, hay alguien que se está beneficiando con los recursos que aportan los tributarios, ya sea mediante plazas fantasmas, compras sobrevaloradas, privilegios irracionales contenidos en cláusulas en pactos colectivos, despilfarro burocrático, o algún otro mecanismo utilizado por aquellos que no cumplen con su trabajo pero que sí viven de los fondos que provienen de la ejecución presupuestaria del MINEDUC.
Con relación a la Educación Pública en Guatemala ya sabemos quién pierde: los niños y jóvenes estudiantes. Pero, ¿quién gana a causa del manejo ineficiente de más de 12 mil millones de quetzales al año?
El pasado 31 de diciembre varios medios de comunicación publicaron que maestros que trabajan bajo el renglón 0-21 —contrato temporal— exigieron al Ministerio de Educación que libere 23 mil plazas congeladas del renglón 0-11, -que sí implican una contratación de largo plazo. Uno de los dirigentes magisteriales indicó “que muchas de las plazas congeladas son de profesionales que se han jubilado o fallecido, por lo que las deben volver a ocupar otros docentes.” Lo anterior implicaría aumentar fácilmente en cerca de 10% el ya cuantioso presupuesto de 12 mil Millones de Quetzales que para 2015 tiene el MINEDUC, que en su mayor parte se destina para el pago de salarios, compromisos sindicales y gastos de funcionamiento.
Los diferentes movimientos magisteriales de las últimas décadas han dedicado sus esfuerzos a pedir aumentos salariales, ampliar los privilegios y beneficios de los docentes mediante pactos colectivos y, más recientemente, a funcionar como importantes grupos de presión afines a ciertos intereses políticos y particulares. Esto, unido a la poca exigencia de los gobiernos por incrementar la calidad educativa como contraparte a las mejoras laborales, ha producido resultados que están a la vista: educación pública de pésima calidad.
Según datos del año 2013 de la Dirección General de Evaluación e Investigación Educativa (Digeduca), el 92.70% de los 137,466 estudiantes de diversificado evaluados por el Ministerio de Educación a nivel nacional en 2012 reprobó en matemática, mientras que en lectura el 75.53% no llegó al puntaje mínimo. Se podría hablar también de las grandes carencias en todo el sistema educativo estatal, que van desde servicios básicos, material didáctico elemental hasta el inexistente uso de tecnología en plena era de la información. Lo anterior no hace sino evidenciar que, con el sistema actual de educación estatal, estamos cada día más rezagados en un mundo cada vez más competitivo.
Más que falta de recursos, los problemas de la educación pública en Guatemala derivan de tener un sistema capturado por líderes negativos, que han politizado los movimientos sindicales y se han acomodado en un sistema en donde anualmente se manejan cada vez más recursos, pero donde la exigencia por mejorar la educación no existe. Los pocos buenos maestros quedan al margen, como simples espectadores de las acciones de líderes negativos que son expertos en incitar a bloqueos y bochinches más que en velar por la educación de nuestra juventud.
Las proyecciones del presupuesto del año 2015 indican que el Ministerio de Educación contará con poco más de Q 12,200.00 millones de quetzales (aproximadamente $1,574 millones de dólares) en los cuales ya se incluye el incremento al pacto colectivo para el magisterio nacional. ¿Cómo y en qué se gasta este dinero, si la cobertura y la calidad educativa no mejora? Sin duda, como ciudadanos, debemos exigir una rendición de cuentas en el manejo transparente y eficiente de los recursos que gasta el Estado. Pues cuando el monto de gasto anualmente aumenta, pero la calidad del servicio público, en este caso la Educación, no solo no mejora sino empeora, hay alguien que se está beneficiando con los recursos que aportan los tributarios, ya sea mediante plazas fantasmas, compras sobrevaloradas, privilegios irracionales contenidos en cláusulas en pactos colectivos, despilfarro burocrático, o algún otro mecanismo utilizado por aquellos que no cumplen con su trabajo pero que sí viven de los fondos que provienen de la ejecución presupuestaria del MINEDUC.
Con relación a la Educación Pública en Guatemala ya sabemos quién pierde: los niños y jóvenes estudiantes. Pero, ¿quién gana a causa del manejo ineficiente de más de 12 mil millones de quetzales al año?