Mucho se habla últimamente sobre la necesidad de identificar los cuadros del próximo gobierno. Aunque es preciso tener equipos de trabajo para cualquier tarea colectiva importante, mas que saber los nombres de las personas que van para un gobierno, es mas preciso saber las cualidades, competencias y capacidades de los integrantes del equipo que los nombres de las personas en si.
Como cualquier equipo que pretende lograr éxitos importantes, un equipo de gobierno debe reunir e integrarse por personas idóneas para el cargo que se les asigna. Esto no tiene nada que ver con la mala práctica latinoamericana de insistir en un médico (colegiado activo) para el puesto de Ministro de Salud, o un economista (colegiado activo) para el puesto de Ministra de Economía, ni mucho menos un agrónomo (colegiado activo) para el puesto de Ministro de Agricultura. Es irónico que en Guatemala muchos de quienes abogan por el fin de monopolios y privilegios, estudiaron en un monopolio estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y gozan de privilegios y barreras de entrada al servicio profesional erigidas de manera proteccionista para impedir la entrada de nuevos rivales profesionales. Para acceder a muchos puestos en el gobierno se tiene que ser colegiado activo, de una carrera especifica. Esto deja el mejor talento fuera del alcance del gerente público, pero se cumple la tarea de servir los intereses privados a costo del erario público.
Remover este tipo de requisitos debe ser una de las prioridades esenciales del próximo gobierno. Debe incluirse esta reforma en cualquier propuesta de reforma al servicio civil. En vez de preocuparse de cómo proteger a sus miembros de la competencia y la necesidad de mantenerse constantemente actualizados, los colegios profesionales deberían de procurar velar por el desempeño ético y profesional de sus agremiados. Las obras pública corruptas, los servicios profesionales públicos deshonestos, deberían de traer castigos severos impuestos a los profesionales por los mismos colegios profesionales, mas alla de la ley.
El estándar de prueba de culpabilidad, de no idoneidad no ha de ser el mismo que se establece en las cortes penales. Por ejemplo, en el famoso asunto de la interpelación de Bill Clinton por el sonado caso de Mónica Lewinsky, la corte determinó que el Presidente de Estados Unidos mintió bajo juramento, siendo oficial de la corte, no como Presidente, sino como abogado. Bill Clinton pudo seguir siendo Presidente de la super potencia mundial, pero no abogado miembro del colegio de abogados en su estado natal de Arkansas. El colegio de abogados le quito su licencia de practicar leyes.
Mucho contribuirían los colegios profesionales al bien del país, y de la imagen de sus dañadas y descalificadas reputaciones, al procurar ser los marcadores de los estándares éticos de sus respectivas profesiones. Hasta la fecha, su actuar colectivo los ha dejado con el peor de las reputaciones posibles, no solo incompetentes, resentidos, sino también corruptos, vividores de los miembros productivos de la sociedad.
Por estas razones, el próximo gobierno debería de alejarse de cualquier consejo o recomendación proveniente de los colegios profesionales. Para los puestos mas importantes, debería de buscar la manera de contratar al mejor talento, sin importar si se educo en el país, si es miembro de algún colegio profesional, o siquiera si tiene un titulo que suena congruente con la cartera que ocuparía. No se debe necesitar ser economista licenciado para ser Ministro de Economía, o su asesor directo.
El eje transversal que se debe ver en la formación de un servidor público de calidad ha de ser la ética, de la cual nace la vocación de entrega, el compromiso con el pueblo, y el sentido de vergüenza a no poder entregar resultados prometidos o mínimamente aceptables. Con un Estado enfocado en consolidarse y fortalecer sus capacidades institucionales, centrado en las tareas primordiales por las que se funda un Estado, seguridad, justicia primero, seguido por infraestructura, salud y educación en segundo plano, no hace falta que los servidores públicos ostentan una membrecía en asociaciones que han defraudado al pueblo una y otra vez.
Mucho se habla últimamente sobre la necesidad de identificar los cuadros del próximo gobierno. Aunque es preciso tener equipos de trabajo para cualquier tarea colectiva importante, mas que saber los nombres de las personas que van para un gobierno, es mas preciso saber las cualidades, competencias y capacidades de los integrantes del equipo que los nombres de las personas en si.
Como cualquier equipo que pretende lograr éxitos importantes, un equipo de gobierno debe reunir e integrarse por personas idóneas para el cargo que se les asigna. Esto no tiene nada que ver con la mala práctica latinoamericana de insistir en un médico (colegiado activo) para el puesto de Ministro de Salud, o un economista (colegiado activo) para el puesto de Ministra de Economía, ni mucho menos un agrónomo (colegiado activo) para el puesto de Ministro de Agricultura. Es irónico que en Guatemala muchos de quienes abogan por el fin de monopolios y privilegios, estudiaron en un monopolio estatal, la Universidad de San Carlos de Guatemala, y gozan de privilegios y barreras de entrada al servicio profesional erigidas de manera proteccionista para impedir la entrada de nuevos rivales profesionales. Para acceder a muchos puestos en el gobierno se tiene que ser colegiado activo, de una carrera especifica. Esto deja el mejor talento fuera del alcance del gerente público, pero se cumple la tarea de servir los intereses privados a costo del erario público.
Remover este tipo de requisitos debe ser una de las prioridades esenciales del próximo gobierno. Debe incluirse esta reforma en cualquier propuesta de reforma al servicio civil. En vez de preocuparse de cómo proteger a sus miembros de la competencia y la necesidad de mantenerse constantemente actualizados, los colegios profesionales deberían de procurar velar por el desempeño ético y profesional de sus agremiados. Las obras pública corruptas, los servicios profesionales públicos deshonestos, deberían de traer castigos severos impuestos a los profesionales por los mismos colegios profesionales, mas alla de la ley.
El estándar de prueba de culpabilidad, de no idoneidad no ha de ser el mismo que se establece en las cortes penales. Por ejemplo, en el famoso asunto de la interpelación de Bill Clinton por el sonado caso de Mónica Lewinsky, la corte determinó que el Presidente de Estados Unidos mintió bajo juramento, siendo oficial de la corte, no como Presidente, sino como abogado. Bill Clinton pudo seguir siendo Presidente de la super potencia mundial, pero no abogado miembro del colegio de abogados en su estado natal de Arkansas. El colegio de abogados le quito su licencia de practicar leyes.
Mucho contribuirían los colegios profesionales al bien del país, y de la imagen de sus dañadas y descalificadas reputaciones, al procurar ser los marcadores de los estándares éticos de sus respectivas profesiones. Hasta la fecha, su actuar colectivo los ha dejado con el peor de las reputaciones posibles, no solo incompetentes, resentidos, sino también corruptos, vividores de los miembros productivos de la sociedad.
Por estas razones, el próximo gobierno debería de alejarse de cualquier consejo o recomendación proveniente de los colegios profesionales. Para los puestos mas importantes, debería de buscar la manera de contratar al mejor talento, sin importar si se educo en el país, si es miembro de algún colegio profesional, o siquiera si tiene un titulo que suena congruente con la cartera que ocuparía. No se debe necesitar ser economista licenciado para ser Ministro de Economía, o su asesor directo.
El eje transversal que se debe ver en la formación de un servidor público de calidad ha de ser la ética, de la cual nace la vocación de entrega, el compromiso con el pueblo, y el sentido de vergüenza a no poder entregar resultados prometidos o mínimamente aceptables. Con un Estado enfocado en consolidarse y fortalecer sus capacidades institucionales, centrado en las tareas primordiales por las que se funda un Estado, seguridad, justicia primero, seguido por infraestructura, salud y educación en segundo plano, no hace falta que los servidores públicos ostentan una membrecía en asociaciones que han defraudado al pueblo una y otra vez.