Guatemala es un país que se mueve al ritmo que marcan los tambores de los movimientos sociales. Fue la ciudadanía quien sacó la estirpe a lucir en su máxima expresión durante este año de tantos cambios, y ha demostrado ser una sociedad que es capaz de organizarse y aportar sustancialmente a cambios de fundamental importancia para Guatemala.
Reflexionando sobre lo acontecido en Concepción, Sololá hace diez días, es un hecho que con demasiada frecuencia la gente llega a momentos en que los ánimos se exaltan y lo que era una disputa entre adversarios políticos o por diferencias que fueren, los conflictos terminan en tragedias irreparables por la pérdida de vidas. Hay también que recordar el desastroso final en Alaska o la terrible tragedia acontecida en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez hace tan solo un año atrás. En estos casos los diversos actores consideran que sus derechos han sido violentados y toca defenderlos hasta la misma muerte de ser necesario.
El trágico desenlace del enfrentamiento entre vecinos del caserío Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez, fue aparentemente causado por un grupo de personas que armadas atacaron a miembros de varias familias que habían vendido terrenos o favorecían la construcción de una carretera cercana a la cementera. Acontecimiento noticioso dantesco que hizo aflorar la extrema condición de pobreza y extrema ingobernabilidad social, al borde de total anarquía, como lo acontecido en Concepcion, Sololá, donde de nuevo se denota la incapacidad gubernamental para prevenir, mediar y reaccionar ante situaciones de crisis.
La preocupación por la situación que vivimos en el país, donde por una diferencia cualquiera puede desembocar en múltiples fallecidos, evidencia la fragilidad de relacionamiento social y de irrespeto como expresión de las causas aún presentes que no nos permiten convivir en paz. Una y otra vez nos enfrentamos entre guatemaltecos, dejando séquelas irreparables por la pérdida de más vidas humanas. Como si no nos bastasen los miles de muertos durante 36 años de conflicto armado o los miles y miles de vidas que se pierden a manos de la delincuencia cada año.
Es así que se dan las cosas en Guatemala, somos una sociedad que convive con la conflictividad social y política, que nos muestra como una sociedad alterada, neurótica y exacerbada por la intensidad de todo lo que ocurre aquí, y por ende, en un con una ingobernabilidad ya casi generalizada en el territorio nacional.
Sin embargo, esta ingobernabilidad que hoy nos aflige es un tanto derivada de la política, pero la más grave, es la ingobernabilidad social. Esa que hace que cualquier grupo de personas bien organizadas y con objetivos definidos ponga en problemas a otras por motivo o razón indistinta.
Hoy se apela a las medidas de hecho como un enfrentamiento, ataques a la propiedad privada y al bloqueo de carreteras, para reclamar porque “no hay o no se tiene”. La situación es que la “protesta social” ha encontrado en las medidas de hecho, como el mejor medio para ser escuchados y tener peso para negociar.
Las circunstancias de la crisis permanente que vivimos en el país por cuenta de la ingobernabilidad en todos los departamentos, nos obligan a preguntarnos cuál es el verdadero sentido de la protesta social. ¿Existen límites reales para esta forma de descontento colectivo? ¿Podemos vivir siempre en la lógica del reclamo y violencia para resolver nuestras diferencias, y obtener lo que queremos a toda costa?
Para que hayamos llegado a esta situación paranoica y dañina ha sido necesario, primero, que nuestros gobernantes hayan demostrado una absoluta ineficiencia para hacer gestión pública. Segundo, debido a esa falta de resultados y descrédito político, se propició el empoderamiento de la protesta social, es decir, se le dio a la gente poder político, social o económico para ejercerlo en circunstancias adversas y en oposición a las decisiones adoptadas por los gobernantes. Este es al menos el significado que tengo sobre el empoderamiento negativo, dada la interminable cadena de eventos que nos conducen casi siempre al mismo resultado: la convulsión social y la crisis de derechos. Y tercero, está claro que ningún dirigente de ningún conflicto social va a dejar que su conflicto se muera porque el gobierno no lo atiende, y por eso se radicaliza y se llega a niveles muchísimo más altos de violencia como los trágicamente vividos por la comunidad de Pajoques, San Juan Sacatepéquez.
Hoy las personas sienten que tienen más derechos que deberes y por eso exigen, exigen y exigen hasta conseguir ser vistos. La pobreza aliena, convierte a la gente invisible y lamentablemente refuerza la frustración que termina en confrontación social.
¿Cuántas personas más tendrán que morir en este país para que actuemos con corresponsabilidad como ciudadanos y exijamos que el gobierno cumpla con su papel de recuperar la gobernabilidad en todo el territorio nacional?
Guatemala es un país que se mueve al ritmo que marcan los tambores de los movimientos sociales. Fue la ciudadanía quien sacó la estirpe a lucir en su máxima expresión durante este año de tantos cambios, y ha demostrado ser una sociedad que es capaz de organizarse y aportar sustancialmente a cambios de fundamental importancia para Guatemala.
Reflexionando sobre lo acontecido en Concepción, Sololá hace diez días, es un hecho que con demasiada frecuencia la gente llega a momentos en que los ánimos se exaltan y lo que era una disputa entre adversarios políticos o por diferencias que fueren, los conflictos terminan en tragedias irreparables por la pérdida de vidas. Hay también que recordar el desastroso final en Alaska o la terrible tragedia acontecida en Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez hace tan solo un año atrás. En estos casos los diversos actores consideran que sus derechos han sido violentados y toca defenderlos hasta la misma muerte de ser necesario.
El trágico desenlace del enfrentamiento entre vecinos del caserío Los Pajoques en San Juan Sacatepéquez, fue aparentemente causado por un grupo de personas que armadas atacaron a miembros de varias familias que habían vendido terrenos o favorecían la construcción de una carretera cercana a la cementera. Acontecimiento noticioso dantesco que hizo aflorar la extrema condición de pobreza y extrema ingobernabilidad social, al borde de total anarquía, como lo acontecido en Concepcion, Sololá, donde de nuevo se denota la incapacidad gubernamental para prevenir, mediar y reaccionar ante situaciones de crisis.
La preocupación por la situación que vivimos en el país, donde por una diferencia cualquiera puede desembocar en múltiples fallecidos, evidencia la fragilidad de relacionamiento social y de irrespeto como expresión de las causas aún presentes que no nos permiten convivir en paz. Una y otra vez nos enfrentamos entre guatemaltecos, dejando séquelas irreparables por la pérdida de más vidas humanas. Como si no nos bastasen los miles de muertos durante 36 años de conflicto armado o los miles y miles de vidas que se pierden a manos de la delincuencia cada año.
Es así que se dan las cosas en Guatemala, somos una sociedad que convive con la conflictividad social y política, que nos muestra como una sociedad alterada, neurótica y exacerbada por la intensidad de todo lo que ocurre aquí, y por ende, en un con una ingobernabilidad ya casi generalizada en el territorio nacional.
Sin embargo, esta ingobernabilidad que hoy nos aflige es un tanto derivada de la política, pero la más grave, es la ingobernabilidad social. Esa que hace que cualquier grupo de personas bien organizadas y con objetivos definidos ponga en problemas a otras por motivo o razón indistinta.
Hoy se apela a las medidas de hecho como un enfrentamiento, ataques a la propiedad privada y al bloqueo de carreteras, para reclamar porque “no hay o no se tiene”. La situación es que la “protesta social” ha encontrado en las medidas de hecho, como el mejor medio para ser escuchados y tener peso para negociar.
Las circunstancias de la crisis permanente que vivimos en el país por cuenta de la ingobernabilidad en todos los departamentos, nos obligan a preguntarnos cuál es el verdadero sentido de la protesta social. ¿Existen límites reales para esta forma de descontento colectivo? ¿Podemos vivir siempre en la lógica del reclamo y violencia para resolver nuestras diferencias, y obtener lo que queremos a toda costa?
Para que hayamos llegado a esta situación paranoica y dañina ha sido necesario, primero, que nuestros gobernantes hayan demostrado una absoluta ineficiencia para hacer gestión pública. Segundo, debido a esa falta de resultados y descrédito político, se propició el empoderamiento de la protesta social, es decir, se le dio a la gente poder político, social o económico para ejercerlo en circunstancias adversas y en oposición a las decisiones adoptadas por los gobernantes. Este es al menos el significado que tengo sobre el empoderamiento negativo, dada la interminable cadena de eventos que nos conducen casi siempre al mismo resultado: la convulsión social y la crisis de derechos. Y tercero, está claro que ningún dirigente de ningún conflicto social va a dejar que su conflicto se muera porque el gobierno no lo atiende, y por eso se radicaliza y se llega a niveles muchísimo más altos de violencia como los trágicamente vividos por la comunidad de Pajoques, San Juan Sacatepéquez.
Hoy las personas sienten que tienen más derechos que deberes y por eso exigen, exigen y exigen hasta conseguir ser vistos. La pobreza aliena, convierte a la gente invisible y lamentablemente refuerza la frustración que termina en confrontación social.
¿Cuántas personas más tendrán que morir en este país para que actuemos con corresponsabilidad como ciudadanos y exijamos que el gobierno cumpla con su papel de recuperar la gobernabilidad en todo el territorio nacional?