En un mundo civilizado el respeto al derecho ajeno es la base de la conducta de todos. De esa máxima juareciana se deben desprender las normas legales que estructuran un sistema jurídico-político.

El derecho ajeno y su respeto permiten el crecimiento de todos y de la sociedad. No solo es la paz, es el punto de inicio para que cada uno de nosotros sea feliz.

Un derecho es algo que está en tu ámbito. Un derecho permite elegir entre su ejercicio o no. Un derecho te permite exigir a otro compensación por su violación o intromisión y un derecho te permite cobrarle a otro por trasladarlo o bien exigirle que cumpla con algo, pues es TU derecho.

Dentro de los ámbitos de los derechos, encontramos los que son personales y los que son personalísimos. El derecho a la intimidad, por ejemplo, es uno de ellos.

Por otro lado, lo que llamamos “derechos” o “libertades”, muchas veces, se interpretan como “permisos”, que es una postura errada.

El derecho del consumidor, por ejemplo, es un concepto que se trastoca y trastorna en muchos ámbitos, no solo en Guatemala, sino en todo el mundo. El derecho básico que tiene el consumidor no es otro que su libertad de decidir qué y a quién compra. Las decisiones del consumidor en este sentido son vitales para la sobrevivencia del empresario. De menor importancia son las regulaciones de las garantías, devoluciones y cambios de un producto o la gestión de sus quejas. Son tan secundarios que en comercio existen mecanismos históricos de limitación de las responsabilidades del comerciante. Un ejemplo, la pérdida de las maletas en los aviones que tiene un monto máximo de responsabilidad para la línea aérea. Existe hasta una convención internacional sobre ello.

Este derecho del consumidor a elegir a quién le compra no debería estar sujeto a regulación externa alguna, sin embargo, existen muchísimas limitantes que aceptamos sin chistar. Este derecho a elegir, es el principal poder del consumidor, del cliente. Es así que si un empresario establece reglas en su empresa con las que nosotros no estamos de acuerdo, como consumidores, estamos en todo nuestro derecho de dejar de comprar allí. Es así que, por ejemplo, en lo personal estoy contra el aborto. Soy “pro life”. Si alguna marca decide que apoyará la causa “pro choice”, con la que yo no estoy de acuerdo, estoy en todo mi derecho de decidir dejar de comprar dicha marca. Si una marca tiene políticas de horarios que se ajustan a las normas de la religión del dueño, por ejemplo, no abrir sábado por ser adventista o judío, y eso a mi me molestara -en realidad eso me es indiferente, salvo cuando quiero comprar algo un sábado- puedo decidir dejar de comprar allí de domingo a viernes también. Es, entonces un poder enorme el que tiene el consumidor de su lado para aprobar o desaprobar una decisión que el empresario toma en su ámbito empresarial.

Lo mismo sucede con los precios a los que vende, la variedad de sus productos, la calidad del servicio, etcétera.

Es por ello que no logro entender cuál es la gana de contar con legislaciones que obligan a los consumidores a poner su dinero en fines y empresas que no son de su agrado o bien que deciden por el consumidor la forma y contenido de lo que puede o no adquirir. Obviamente esas leyes no se redactan en forma de obligación al consumidor, sino que se redactan en forma de obligación al ciudadano, al contribuyente de impuestos, al empresario que vende, en forma de “obligación por patriotismo, bien común o deber de humanidad…