El Estado debe velar por la protección de la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos.

Esta tarea la debe realizar con instituciones que realicen sus funciones de una manera objetiva.

Las instituciones del sector justicia: órganos de investigación (MP, CICIG) policía nacional civil, órganos jurisdiccionales deben de cumplir con una función técnica y no política

Cuando un órgano,  por medio del cual se ejerce poder gubernamental, y cuya obligación es ejercer una tarea técnica, y por el contrario,  empieza a actuar en forma política, necesariamente realizará  acciones u omisiones que ya no van en beneficio de todos los ciudadanos y empieza a allanar el camino,  o a beneficiar,  a ciertas personas o  grupos de interés particular.

La mayoría de la población desde hace décadas sabe que en diversas entidades de gobiernos, incluyendo las aduanas,  ha existido corrupción de las que han formado parte funcionarios de las más altas esferas.

Desde la era democrática no hay un sólo presidente que se salve, y pueda decir abiertamente, que en su gobierno no hubo grandes saqueos y conformación de nuevas fortunas, para la clase política y altos funcionarios de turno.

Dede 1986 a la fecha, nunca se ha perseguido por parte de las instituciones de justicia a los funcionarios de turno.

Incluso con la llegada de la CICIG esto no ocurrió,  durante todos los períodos en los que había estado presente y en donde,  sin mayores problemas, su mandato se venía renovando.

Es por ello que lo acontecido con el caso de la mafia, que los medios de comunicación y los propios entes investigadores han denominado “La Línea”,  fue un hecho sin precedentes, no porque no se supiera de su existencia, sino porque nunca se habían generado capturas masivas que involucraran a altos funcionarios de turno.

El actuar integral y objetivo  de las instituciones de justicia, fuerzas de seguridad, MP y CICIG es obligado.

Con actuar integral y objetivo me refiero,  a que todas sus acusaciones sean fundamentadas, con abundante prueba científica, que no se limite a los periodos 2014 y 2015,  sino que abarque todos los periodos legales no prescritos; y que también se investigue a los importadores corruptos,  que negociaban  y pagaban altas sumas de dinero a la estructura delictiva.

El escándalo mediático del operativo de capturas, la falta de solvencia y de capacidad del Presidente, la Vice Presidente y todo su equipo de gobierno,  para manejar el hecho ocurrido,  los dejo sin salida ; y el presidente no tuvo más alternativa que renovar, con la mirada al piso, por dos años más, el mandato de la CICIG.

Si el actuar de las instituciones involucradas que deben continuar con la investigación y la tramitación judicial de los procesos ya iniciados, no es objetivo e integral, como  ciudadanos debemos de estar alertas y muy pendientes, pues podrían estarse dando en realidad una serie de  negociaciones, mediante la instrumentalización de los entes investigadores y del sector justicia, quienes con acciones u omisiones ya no estarían realizando una función técnica sino una política,  allanando el camino para el impulso de agendas particulares.