El pasado martes 8 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por el procurador de los Derechos Humanos (PDH) contra el acuerdo gubernativo que creaban salarios diferenciados para cuatro municipios del país. Estos salarios eran menores al mínimo legal.
Considero que la CC ha cometido un grave error y está condenando a los pobres al desempleo además que con esta acción, ignorando la realidad, provocarán un incremento en el mercado laboral informal. Pero bueno, ya está tomada la decisión. No es que yo defienda los salarios diferenciados sino que considero que el salario mínimo por decreto no debería existir pero dado que existe me pareció que era una válvula de escape a la rigidez de una mala ley que causa desempleo cuando el salario legal está por encima del salario de mercado como ocurre en el interior del país.
El argumento de la CC consiste en que el salario mínimo diferenciado en esos municipios donde se aprobó no alcanza para cubrir la canasta básica de los trabajadores. Sin embargo ignoran que en estas zonas del país, el desempleo es enorme y las pocas fuentes posibles de trabajo no se generan si tienen forzosamente que pagar el salario mínimo legal que es superior al salario de mercado. Por esta razón es que hay tanto desempleo en estos lugares. Y el no reconocer esta realidad obligando al empleador a pagar un salario mínimo legal causa informalidad. El 80% aproximadamente de los trabajadores en Guatemala están en la economía informal. Así seguirán mientras no se decida eliminar el salario mínimo por decreto o legal.
El salario mínimo diferenciado fue un intento de volverse legal y de generar empleos en ciertas áreas que son muy competitivas y donde el salario mínimo legal no permite que esas actividades puedan ser competitivas. No sólo en estos municipios se pedía este salario. También existía ya el salario diferenciado en el sector textil de maquilas. En el pasado, el salario agrícola era menor al salario del resto de actividades industriales y comerciales. Estos salarios mínimos diferenciados reconocían el fracaso de los salarios mínimos legales y su destrucción del empleo.
Si la CC hubiera razonado con conocimientos económicos no sólo hubiera permitido los salarios mínimos diferenciados sino que hubiera decidido mejor eliminar el salario mínimo legal porque viola el derecho humano a que la gente tenga más oportunidades de empleo. Pero decidieron irse por un tema que es polémico. El de la Canasta básica. ¿Cuál? ¿Puede una canasta ser homogénea para todas las personas? ¿Qué de todas las cosas que las personas consumen que no están en la canasta? Y ¿Qué de lo que cada quien produce en su hogar o parcela? Obviamente el determinar una canasta básica es un tema muy subjetivo. Recuerdo que en un momento dado, la canasta básica en Panamá incluía una botella de ron.
Utilizar la canasta básica para determinar el salario es como usar la política de “precio plus” (precio más un margen) para definir el precio de un producto. Son las peores políticas de determinación de precios que una persona puede utilizar. El salario es un precio, es el precio que se paga a cambio de los frutos de la propiedad privada que tiene una persona en generar un trabajo. Pues bien, ésta política ignora el mercado. Si el mercado en base a la oferta y demanda maneja un precio menor, al utilizar la política de “precio plus” el trabajador no encontrará empleo y los productos no se venderán porque ambos quedarán por encima del precio del mercado. Así de sencillo. Ignorar cómo funciona la economía en estos temas es causar desempleo y escasez además de fomentar el mercado informal laboral, comercial y contrabando.
Si en verdad queremos que la gente tenga más y mejores oportunidades, es decir, que se creen más plazas de trabajo y que los ingresos reales sean mayores entonces debemos enfocarnos en la causa. Esto es, incrementar la oferta laboral, es decir, más empresas que necesiten mano de obra lo cual sólo se puede lograr con mayor inversión de capital. El capital es precisamente lo que permite incrementar la productividad, o sea, más máquinas y herramientas que requieren personas para operarlas y producen más cantidad de bienes y servicios a menor costo. Mientras más inversión de capital, más creación de valor, crecimiento económico y generación de oportunidades de todo tipo, incluyendo empleos mejor remunerados, se darán en el país.
La CC ha ignorado estos fundamentos básicos de economía y al eliminar esta válvula de escape contra el salario mínimo legal acaba de decretar más pobreza, desempleo y economía informal en el país. La violación a los derechos humanos es precisamente esta, no permitir que la gente pueda contratar libre y voluntariamente a quien quiera y al salario que libremente determinen entre sí.
El pasado martes 8 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad general parcial promovida por el procurador de los Derechos Humanos (PDH) contra el acuerdo gubernativo que creaban salarios diferenciados para cuatro municipios del país. Estos salarios eran menores al mínimo legal.
Considero que la CC ha cometido un grave error y está condenando a los pobres al desempleo además que con esta acción, ignorando la realidad, provocarán un incremento en el mercado laboral informal. Pero bueno, ya está tomada la decisión. No es que yo defienda los salarios diferenciados sino que considero que el salario mínimo por decreto no debería existir pero dado que existe me pareció que era una válvula de escape a la rigidez de una mala ley que causa desempleo cuando el salario legal está por encima del salario de mercado como ocurre en el interior del país.
El argumento de la CC consiste en que el salario mínimo diferenciado en esos municipios donde se aprobó no alcanza para cubrir la canasta básica de los trabajadores. Sin embargo ignoran que en estas zonas del país, el desempleo es enorme y las pocas fuentes posibles de trabajo no se generan si tienen forzosamente que pagar el salario mínimo legal que es superior al salario de mercado. Por esta razón es que hay tanto desempleo en estos lugares. Y el no reconocer esta realidad obligando al empleador a pagar un salario mínimo legal causa informalidad. El 80% aproximadamente de los trabajadores en Guatemala están en la economía informal. Así seguirán mientras no se decida eliminar el salario mínimo por decreto o legal.
El salario mínimo diferenciado fue un intento de volverse legal y de generar empleos en ciertas áreas que son muy competitivas y donde el salario mínimo legal no permite que esas actividades puedan ser competitivas. No sólo en estos municipios se pedía este salario. También existía ya el salario diferenciado en el sector textil de maquilas. En el pasado, el salario agrícola era menor al salario del resto de actividades industriales y comerciales. Estos salarios mínimos diferenciados reconocían el fracaso de los salarios mínimos legales y su destrucción del empleo.
Si la CC hubiera razonado con conocimientos económicos no sólo hubiera permitido los salarios mínimos diferenciados sino que hubiera decidido mejor eliminar el salario mínimo legal porque viola el derecho humano a que la gente tenga más oportunidades de empleo. Pero decidieron irse por un tema que es polémico. El de la Canasta básica. ¿Cuál? ¿Puede una canasta ser homogénea para todas las personas? ¿Qué de todas las cosas que las personas consumen que no están en la canasta? Y ¿Qué de lo que cada quien produce en su hogar o parcela? Obviamente el determinar una canasta básica es un tema muy subjetivo. Recuerdo que en un momento dado, la canasta básica en Panamá incluía una botella de ron.
Utilizar la canasta básica para determinar el salario es como usar la política de “precio plus” (precio más un margen) para definir el precio de un producto. Son las peores políticas de determinación de precios que una persona puede utilizar. El salario es un precio, es el precio que se paga a cambio de los frutos de la propiedad privada que tiene una persona en generar un trabajo. Pues bien, ésta política ignora el mercado. Si el mercado en base a la oferta y demanda maneja un precio menor, al utilizar la política de “precio plus” el trabajador no encontrará empleo y los productos no se venderán porque ambos quedarán por encima del precio del mercado. Así de sencillo. Ignorar cómo funciona la economía en estos temas es causar desempleo y escasez además de fomentar el mercado informal laboral, comercial y contrabando.
Si en verdad queremos que la gente tenga más y mejores oportunidades, es decir, que se creen más plazas de trabajo y que los ingresos reales sean mayores entonces debemos enfocarnos en la causa. Esto es, incrementar la oferta laboral, es decir, más empresas que necesiten mano de obra lo cual sólo se puede lograr con mayor inversión de capital. El capital es precisamente lo que permite incrementar la productividad, o sea, más máquinas y herramientas que requieren personas para operarlas y producen más cantidad de bienes y servicios a menor costo. Mientras más inversión de capital, más creación de valor, crecimiento económico y generación de oportunidades de todo tipo, incluyendo empleos mejor remunerados, se darán en el país.
La CC ha ignorado estos fundamentos básicos de economía y al eliminar esta válvula de escape contra el salario mínimo legal acaba de decretar más pobreza, desempleo y economía informal en el país. La violación a los derechos humanos es precisamente esta, no permitir que la gente pueda contratar libre y voluntariamente a quien quiera y al salario que libremente determinen entre sí.