Tres días después de haber tomado posesión la Octava legislatura, el nuevo presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, hizo pública una lista de empleados de este organismo en su página web. En ella se detallaban los sueldos de los trabajadores, su puesto y desde cuándo pertenecía a la planilla legislativa. Este listado dio a conocer información preocupante. Habían secretarias con sueldos mayores a Q30 mil, y conserjes que ganaban hasta Q20 mil. Días después, otros funcionarios públicos, como el Alcalde Neto Bran de Mixco, siguieron este ejemplo. Hasta hace una semana, el número de empleados del Congreso y los sueldos que se les pagaban era uno de secretos mejor guardados.
La publicación de esta información nos debe de hacer reflexionar. ¿Cuándo se justifica la secretividad del actuar de nuestro gobierno? Si se trata de recursos públicos, ¿acaso no tenemos derecho a esa información? ¿Cómo pueden justificar o inclusive ostentar mantener los cargos a los que fueron electos si no respetan la Ley de Acceso a la Información? ¿Por qué nos extraña que se compartan estos listados de sueldos cuando la Ley de Acceso a la Información explícitamente lo exige en su artículo 10, y nuestra Constitución lo sustenta en los artículos 30 y 31?
Somos los ciudadanos quienes debemos velar porque se nos comparta la información a la cual tenemos derecho. Otro opaco ejemplo es la negociación de los pactos colectivos. Estos se negocian a puertas cerradas y con mucha secretividad. Recordemos que estos son pactos que se negocian con el Estado, por consiguiente usan recursos públicos, y por esa misma razón dichos acuerdos deben de ser del conocimiento de todos los guatemaltecos. Muchas entidades autónomas han malinterpretado –y en muchos casos abusado- de su independencia, para no querer rendir cuentas sobre los recursos que utilizan y las acciones que llevan a cabo. En el gobierno existen muchos rincones que aún son demasiado oscuros. Como ciudadanía, debemos velar por que estos rincones sean alumbrados y, de esta manera, sujetos a un escrutinio abierto. No podemos permitir que ciertas entidades públicas se hagan los locos cuando es hora de rendir cuentas.
Reconozcamos a los funcionarios públicos que están dispuestos a cambiar patrones de comportamiento y finalmente entregar al pueblo lo que, por ley, es del pueblo. Ahora nos corresponde, como ciudadanía, dar un uso adecuado y responsable a esos datos. Se trata de practicar una veeduría ciudadana que ejerza vigilancia sobre la gestión pública, pero ante todo, debe ser una veeduría responsable. Si existen indicios de algún tipo de anomalía, pues es nuestra responsabilidad recaudar pruebas de corrupción o abuso en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, debemos cuidar nuestras acciones, de tal manera que la veeduría no desincentive a personas honestas y bien intencionadas a convertirse en servidores públicos.
Es importante reconocer que existen preocupaciones válidas sobre el uso indebido que se le pueda dar a cierta información derivada del funcionamiento de la cosa pública.
Aplaudo las acciones llevadas a cabo por el Presidente del Congreso, el Alcalde Neto Bran y demás funcionarios que se han unido a este esfuerzo. Exhorto a los demás Alcaldes y demás líderes de dependencias del Estado que hagan lo mismo, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y nuestra Constitución. Me atrevo también a hacer un llamado a todos ustedes, estimados lectores, para que esta información sea utilizada de forma responsable. No abusemos y enfoquemos nuestras críticas hacia los más fragrantes delitos o atropellos. Aprovechemos estos nuevos conocimientos para promover iniciativas que motiven a que cada vez sean más los servidores públicos honestos y respetuosos de la ley.
@salva_paiz
Tres días después de haber tomado posesión la Octava legislatura, el nuevo presidente del Congreso de la República, Mario Taracena, hizo pública una lista de empleados de este organismo en su página web. En ella se detallaban los sueldos de los trabajadores, su puesto y desde cuándo pertenecía a la planilla legislativa. Este listado dio a conocer información preocupante. Habían secretarias con sueldos mayores a Q30 mil, y conserjes que ganaban hasta Q20 mil. Días después, otros funcionarios públicos, como el Alcalde Neto Bran de Mixco, siguieron este ejemplo. Hasta hace una semana, el número de empleados del Congreso y los sueldos que se les pagaban era uno de secretos mejor guardados.
La publicación de esta información nos debe de hacer reflexionar. ¿Cuándo se justifica la secretividad del actuar de nuestro gobierno? Si se trata de recursos públicos, ¿acaso no tenemos derecho a esa información? ¿Cómo pueden justificar o inclusive ostentar mantener los cargos a los que fueron electos si no respetan la Ley de Acceso a la Información? ¿Por qué nos extraña que se compartan estos listados de sueldos cuando la Ley de Acceso a la Información explícitamente lo exige en su artículo 10, y nuestra Constitución lo sustenta en los artículos 30 y 31?
Somos los ciudadanos quienes debemos velar porque se nos comparta la información a la cual tenemos derecho. Otro opaco ejemplo es la negociación de los pactos colectivos. Estos se negocian a puertas cerradas y con mucha secretividad. Recordemos que estos son pactos que se negocian con el Estado, por consiguiente usan recursos públicos, y por esa misma razón dichos acuerdos deben de ser del conocimiento de todos los guatemaltecos. Muchas entidades autónomas han malinterpretado –y en muchos casos abusado- de su independencia, para no querer rendir cuentas sobre los recursos que utilizan y las acciones que llevan a cabo. En el gobierno existen muchos rincones que aún son demasiado oscuros. Como ciudadanía, debemos velar por que estos rincones sean alumbrados y, de esta manera, sujetos a un escrutinio abierto. No podemos permitir que ciertas entidades públicas se hagan los locos cuando es hora de rendir cuentas.
Reconozcamos a los funcionarios públicos que están dispuestos a cambiar patrones de comportamiento y finalmente entregar al pueblo lo que, por ley, es del pueblo. Ahora nos corresponde, como ciudadanía, dar un uso adecuado y responsable a esos datos. Se trata de practicar una veeduría ciudadana que ejerza vigilancia sobre la gestión pública, pero ante todo, debe ser una veeduría responsable. Si existen indicios de algún tipo de anomalía, pues es nuestra responsabilidad recaudar pruebas de corrupción o abuso en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, debemos cuidar nuestras acciones, de tal manera que la veeduría no desincentive a personas honestas y bien intencionadas a convertirse en servidores públicos.
Es importante reconocer que existen preocupaciones válidas sobre el uso indebido que se le pueda dar a cierta información derivada del funcionamiento de la cosa pública.
Aplaudo las acciones llevadas a cabo por el Presidente del Congreso, el Alcalde Neto Bran y demás funcionarios que se han unido a este esfuerzo. Exhorto a los demás Alcaldes y demás líderes de dependencias del Estado que hagan lo mismo, en cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública y nuestra Constitución. Me atrevo también a hacer un llamado a todos ustedes, estimados lectores, para que esta información sea utilizada de forma responsable. No abusemos y enfoquemos nuestras críticas hacia los más fragrantes delitos o atropellos. Aprovechemos estos nuevos conocimientos para promover iniciativas que motiven a que cada vez sean más los servidores públicos honestos y respetuosos de la ley.
@salva_paiz