El Estado de Calamidad Pública es la tercer situación especial contemplada en la ley de orden público la cual es ordenada por el Presidente de la República y cuya función principal es evitar los daños posibles a la ciudadanía cuando el país es azotado por situaciones tales como terremoto, inundaciones, deslaves, huracanes, lluvias y cualquier otro fenómeno natural o situación de emergencia como lo visto en Brasil, en donde se decretó Estado de Calamidad 40 días antes del mundial de futbol debido a la conflictividad y problemas sociales que surgieron en Brasil por la alta corrupción imperante.
Las medidas que se toman son varias como: centralizar en la entidad o dependencia que se señale en el decreto todos los servicios públicos estatales o privados que la circunstancia requiera, por ejemplo CONRED, Ejercito de Guatemala, Bomberos, etc; limita el derecho de la libre locomoción y exige el auxilio y cooperación de los particulares para controlar zonas afectadas específicas; impide las concentraciones de personas en áreas que estén en riesgo; prohíbe o suspende espectáculos públicos o reuniones privadas donde hayan áreas de riesgo específicamente; puede establecer precios tope a artículos de primera necesidad para evitar que malos guatemaltecos lucren con la necesidad; puede ordenar la evacuación de habitantes de áreas afectadas o en riesgo.
Todo ello de acuerdo al artículo 15 de la ley de orden público.
Por lo tanto se entiende que el estado de calamidad es un momento importante para evitar la muerte de los ciudadanos o su enfermedad grave, pero también está vinculado al interés jurídico del derecho penal para evitar que malos guatemaltecos aprovechen la desgracia ajena delinquiendo, robando, acaparando, aumentando precios de productos de primera necesidad, todo en beneficio propio y perjuicio de los más necesitados.
El gran problema que sucede en Guatemala y de lo cual hay jurisprudencia porque no ha habido uno o dos casos aislados, es que es el mismo gobierno, sus funcionarios corruptos, los financistas de campaña y demás esbirros que se aprovechan para enriquecerse del dolor ajeno o para limitar que sea escuchado el descontento del pueblo porque se aprovecha de que no se pueden dar reuniones privadas, limitando así la libertad. Pero entiéndase que sí se deben evitar las reuniones públicas y privadas que están en áreas de riesgo, pero la Plaza Central no es un lugar de riesgo por lo que prohibir reuniones allí simplemente significa el temor de este gobierno de tener que escuchar cada semana el descontento general debido a la muy mala dirección que lleva nuestro país porque asesinatos diarios continúan, porque salud sigue en trapos de cucaracha, porque la pobre Policía Nacional no tiene gasolina para sus patrullas y tienen tan malos salarios que la población los percibe como delincuentes uniformados con derecho a robar, porque la educación sigue siendo de pésima calidad ante todo si nos comparamos con países como Finlandia.
Pero aquí no termina todo porque el gobierno aprovecha tal estado de calamidad para comprar millones de quetzales en productos de primera necesidad como frijol podrido, maíz con gorgojo, fertilizantes de malísima calidad, etc. y exigir transferencias para arreglar carreteras y liberar derrumbes con un precio altamente sobre valorado y resultados de muy mala calidad.
Es por eso que debemos de estar vigilantes y enterados de qué es el Estado de Calamidad y cuándo se debe aplicar y que las compras sin licitación sean prohibidas, salvo causal real y que estas puedan ser fiscalizadas, no por los diputados cómplices sino por los guatemaltecos a través de la paginas del gobierno como su famosa Guatecompras y de encontrar funcionarios corruptos que se enriquezcan con el dolor humano exigir castigo ejemplar.
Lástima que no existe la pena de muerte para la corrupción.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
El Estado de Calamidad Pública es la tercer situación especial contemplada en la ley de orden público la cual es ordenada por el Presidente de la República y cuya función principal es evitar los daños posibles a la ciudadanía cuando el país es azotado por situaciones tales como terremoto, inundaciones, deslaves, huracanes, lluvias y cualquier otro fenómeno natural o situación de emergencia como lo visto en Brasil, en donde se decretó Estado de Calamidad 40 días antes del mundial de futbol debido a la conflictividad y problemas sociales que surgieron en Brasil por la alta corrupción imperante.
Las medidas que se toman son varias como: centralizar en la entidad o dependencia que se señale en el decreto todos los servicios públicos estatales o privados que la circunstancia requiera, por ejemplo CONRED, Ejercito de Guatemala, Bomberos, etc; limita el derecho de la libre locomoción y exige el auxilio y cooperación de los particulares para controlar zonas afectadas específicas; impide las concentraciones de personas en áreas que estén en riesgo; prohíbe o suspende espectáculos públicos o reuniones privadas donde hayan áreas de riesgo específicamente; puede establecer precios tope a artículos de primera necesidad para evitar que malos guatemaltecos lucren con la necesidad; puede ordenar la evacuación de habitantes de áreas afectadas o en riesgo.
Todo ello de acuerdo al artículo 15 de la ley de orden público.
Por lo tanto se entiende que el estado de calamidad es un momento importante para evitar la muerte de los ciudadanos o su enfermedad grave, pero también está vinculado al interés jurídico del derecho penal para evitar que malos guatemaltecos aprovechen la desgracia ajena delinquiendo, robando, acaparando, aumentando precios de productos de primera necesidad, todo en beneficio propio y perjuicio de los más necesitados.
El gran problema que sucede en Guatemala y de lo cual hay jurisprudencia porque no ha habido uno o dos casos aislados, es que es el mismo gobierno, sus funcionarios corruptos, los financistas de campaña y demás esbirros que se aprovechan para enriquecerse del dolor ajeno o para limitar que sea escuchado el descontento del pueblo porque se aprovecha de que no se pueden dar reuniones privadas, limitando así la libertad. Pero entiéndase que sí se deben evitar las reuniones públicas y privadas que están en áreas de riesgo, pero la Plaza Central no es un lugar de riesgo por lo que prohibir reuniones allí simplemente significa el temor de este gobierno de tener que escuchar cada semana el descontento general debido a la muy mala dirección que lleva nuestro país porque asesinatos diarios continúan, porque salud sigue en trapos de cucaracha, porque la pobre Policía Nacional no tiene gasolina para sus patrullas y tienen tan malos salarios que la población los percibe como delincuentes uniformados con derecho a robar, porque la educación sigue siendo de pésima calidad ante todo si nos comparamos con países como Finlandia.
Pero aquí no termina todo porque el gobierno aprovecha tal estado de calamidad para comprar millones de quetzales en productos de primera necesidad como frijol podrido, maíz con gorgojo, fertilizantes de malísima calidad, etc. y exigir transferencias para arreglar carreteras y liberar derrumbes con un precio altamente sobre valorado y resultados de muy mala calidad.
Es por eso que debemos de estar vigilantes y enterados de qué es el Estado de Calamidad y cuándo se debe aplicar y que las compras sin licitación sean prohibidas, salvo causal real y que estas puedan ser fiscalizadas, no por los diputados cómplices sino por los guatemaltecos a través de la paginas del gobierno como su famosa Guatecompras y de encontrar funcionarios corruptos que se enriquezcan con el dolor humano exigir castigo ejemplar.
Lástima que no existe la pena de muerte para la corrupción.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo