Vivir en un Estado de Derecho implica vivir bajo el imperio de la Ley, que debe ser exactamente igual para todos. Eso significa que la misma Ley debe ser aplicada de igual forma para alguien que “se presume” que es inocente, como para alguien que “se presuma” que es culpable. No importa si a la opinión pública le resulta simpático o antipático, lo que importa en un Estado de Derecho es el imperio de la Ley.
El circo político que son los juicios contra Otto Pérez y contra Roxana Baldetti, contra el General Efraín Ríos Montt, el caso Sepur Zarco, o la falta de aplicación del debido proceso en el caso contra el General Juan Chiroy Sal, son sólo algunos de los ejemplos donde el tema se vuelve como la plastilina, que estiran y encojen a sabor y antojo del juez y fiscales de turno. Entre falsos testimonios, intromisiones de diplomáticos poco diplomáticos, y jueces completamente carentes de objetividad, y muchos otros elementos, Guatemala vive lejos de ser un verdadero Estado de Derecho.
Mucha de la ciudadanía aplaude a la CICIG, pero olvidan que un guatemalteco está preso con dos cadenas perpetuas en una habitación de dos metros por dos metros, cuando él mide aproximadamente un metro noventa, en estado de aislamiento cual Hannibal Lecter, gracias a una CICIG querellante adhesiva de un caso carente de fundamento. Un caso plagado de vicios que si lo llevamos a la Corte Internacional de Justicia seguramente le sacaríamos bastante resarcimiento al país de la corrección, que más bien describiría como una enorme hipocresía.
Pero a pocos importa todo esto. Se disfrutan el circo sin darse cuenta que en un sistema viciado y manipulado como el que tenemos, cualquiera de nosotros podría estar en el banquillo de los acusados donde se sientan esos de quienes hoy día nos burlamos. Los mismos abusos que hoy sufren quienes independientemente de ser culpable o no, quienes nos guste o no, tienen derecho a un juicio justo y apegado al debido proceso, los podríamos sufrir usted o yo. Supongamos que entra un ladrón a mi casa, le disparo y le doy muerte. Tengan la plena seguridad que terminaría presa, en un sistema como éste. O digamos que invaden su finca, y su seguridad responde, ¿cómo cree que terminarían usted y su seguridad si los invasores son heridos? Estamos mal, muy mal.
Quienes administran la justicia en Guatemala en los dorados tiempos que vivimos no tienen concepto del debido proceso, evidentemente. Si en el banquillo se encuentra un militar, es culpable antes de iniciar el proceso. Si en el banquillo se encuentra un empresario, difícilmente será visto con clemencia. Si en el banquillo se sienta un marero, sería otro cantar. No debiera de ser así. Los tres ejemplos debieran de tener un proceso justo y apegado a la Ley. No debieran de existir casos como el del General Chiroy, que ya sobrepasó los años que le hubieran dado en sentencia si hubiera sido condenado, sin haber siquiera iniciado proceso. En ese caso en particular, ya violaron los artículos 277 y 268 del Código Procesal Penal, en los que se establece que el encarcelamiento preventivo debiera terminar cuando sobrepasa el tiempo de la pena que se espera, y sin embargo, como es militar, sigue allí, pudriéndose en prisión. En un Estado de Derecho, la Fiscal General y el Juez serían penados por la Ley al violar los derechos de este guatemalteco. La Ley dicta prisión para los funcionarios. El ilustre Procurador de los Derechos Humanos archivó el caso, claro, como es militar, no tiene derechos humanos. El otro ilustre, el Magistrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema, Lic. Neri Medina, me pregunto si tiene conciencia sabiendo que ha retardado el caso desde el 2015. De nuevo, llora sangre.
Oh pero los galardones siguen para nuestra Fiscal de Hierro (para algunas cosas, es de hierro, para otras, debiera serlo, especialmente para la aplicación de la Ley en absolutamente todos y cada uno de los casos) y la gente feliz con la CICIG, sólo porque algo han hecho en el tema de la corrupción. Que pena, pero no debiéramos conformarnos con eso. Queremos juicios justos, condenas razonables y objetividad en la aplicación de la Ley, no resarcimientos antojadizos y manipulación. Queremos que se aplique igual para todos, y que quienes tienen la potestad en sus manos ejerzan su autoridad a conciencia y con absoluta ética. Soñar es gratis, señores, tristemente.
Vivir en un Estado de Derecho implica vivir bajo el imperio de la Ley, que debe ser exactamente igual para todos. Eso significa que la misma Ley debe ser aplicada de igual forma para alguien que “se presume” que es inocente, como para alguien que “se presuma” que es culpable. No importa si a la opinión pública le resulta simpático o antipático, lo que importa en un Estado de Derecho es el imperio de la Ley.
El circo político que son los juicios contra Otto Pérez y contra Roxana Baldetti, contra el General Efraín Ríos Montt, el caso Sepur Zarco, o la falta de aplicación del debido proceso en el caso contra el General Juan Chiroy Sal, son sólo algunos de los ejemplos donde el tema se vuelve como la plastilina, que estiran y encojen a sabor y antojo del juez y fiscales de turno. Entre falsos testimonios, intromisiones de diplomáticos poco diplomáticos, y jueces completamente carentes de objetividad, y muchos otros elementos, Guatemala vive lejos de ser un verdadero Estado de Derecho.
Mucha de la ciudadanía aplaude a la CICIG, pero olvidan que un guatemalteco está preso con dos cadenas perpetuas en una habitación de dos metros por dos metros, cuando él mide aproximadamente un metro noventa, en estado de aislamiento cual Hannibal Lecter, gracias a una CICIG querellante adhesiva de un caso carente de fundamento. Un caso plagado de vicios que si lo llevamos a la Corte Internacional de Justicia seguramente le sacaríamos bastante resarcimiento al país de la corrección, que más bien describiría como una enorme hipocresía.
Pero a pocos importa todo esto. Se disfrutan el circo sin darse cuenta que en un sistema viciado y manipulado como el que tenemos, cualquiera de nosotros podría estar en el banquillo de los acusados donde se sientan esos de quienes hoy día nos burlamos. Los mismos abusos que hoy sufren quienes independientemente de ser culpable o no, quienes nos guste o no, tienen derecho a un juicio justo y apegado al debido proceso, los podríamos sufrir usted o yo. Supongamos que entra un ladrón a mi casa, le disparo y le doy muerte. Tengan la plena seguridad que terminaría presa, en un sistema como éste. O digamos que invaden su finca, y su seguridad responde, ¿cómo cree que terminarían usted y su seguridad si los invasores son heridos? Estamos mal, muy mal.
Quienes administran la justicia en Guatemala en los dorados tiempos que vivimos no tienen concepto del debido proceso, evidentemente. Si en el banquillo se encuentra un militar, es culpable antes de iniciar el proceso. Si en el banquillo se encuentra un empresario, difícilmente será visto con clemencia. Si en el banquillo se sienta un marero, sería otro cantar. No debiera de ser así. Los tres ejemplos debieran de tener un proceso justo y apegado a la Ley. No debieran de existir casos como el del General Chiroy, que ya sobrepasó los años que le hubieran dado en sentencia si hubiera sido condenado, sin haber siquiera iniciado proceso. En ese caso en particular, ya violaron los artículos 277 y 268 del Código Procesal Penal, en los que se establece que el encarcelamiento preventivo debiera terminar cuando sobrepasa el tiempo de la pena que se espera, y sin embargo, como es militar, sigue allí, pudriéndose en prisión. En un Estado de Derecho, la Fiscal General y el Juez serían penados por la Ley al violar los derechos de este guatemalteco. La Ley dicta prisión para los funcionarios. El ilustre Procurador de los Derechos Humanos archivó el caso, claro, como es militar, no tiene derechos humanos. El otro ilustre, el Magistrado de la Cámara Penal de la Corte Suprema, Lic. Neri Medina, me pregunto si tiene conciencia sabiendo que ha retardado el caso desde el 2015. De nuevo, llora sangre.
Oh pero los galardones siguen para nuestra Fiscal de Hierro (para algunas cosas, es de hierro, para otras, debiera serlo, especialmente para la aplicación de la Ley en absolutamente todos y cada uno de los casos) y la gente feliz con la CICIG, sólo porque algo han hecho en el tema de la corrupción. Que pena, pero no debiéramos conformarnos con eso. Queremos juicios justos, condenas razonables y objetividad en la aplicación de la Ley, no resarcimientos antojadizos y manipulación. Queremos que se aplique igual para todos, y que quienes tienen la potestad en sus manos ejerzan su autoridad a conciencia y con absoluta ética. Soñar es gratis, señores, tristemente.