En 9 días un año se cumple de la primera manifestación que se llevó a cabo a raíz de uno de los escándalos de corrupción más grandes en la historia de los gobiernos de Guatemala. La primera de muchas que fueron la representación de un verdadero despertar de los mandantes.

Es innegable, se produjeron cambios, por un lado, el otrora binomio presidencial dejó el cargo y actualmente cada uno de los involucrados en el caso “La Línea” enfrenta un proceso en su contra; por otro, el activismo cívico se incrementó y más ciudadanos ahora se interesan por lo que sucede en la palestra política.

Sin embargo, al momento, no se han dado los cambios radicales que se deberían haber dado para progresivamente ir inoculando el origen de la corrupción que permite la existencia de este sistema cleptocrático.

Creo que es momento para que retomemos la reflexión que hice hace exactamente una año cuando escribí que “el problema es el sistema perverso que han legitimado los guatemaltecos durante años. El régimen cleptocrático y corrupto que hoy impera en Guatemala, no se elimina únicamente destronando (y procesando) al binomio de turno”.

La cleptocracia que al día de hoy impera en el Estado guatemalteco no se debe a la casualidad de que los políticos de turno sean una agrupación de gorrones deshonestos que pueblan el sector público. Si así fuese, simplemente bastaría con cambiarlos por otros tal y como se hizo hace unos meses. El problema es resultado de un sistema de perniciosos incentivos.

En primer lugar, el Estado, disfruta de un monopolio absoluto de la fuerza, con un límite constitucional extremadamente débil, con el que discrecionalmente puede arrebatar la propiedad de los individuos.

Por otro lado, el Estado, no somete sus resultados a quienes hacen posible su existencia y sus gastos no se rigen por un criterio de rentabilidad sino uno político, en el que se encumbra el gasto desmesurado, las fuentes ilegales de financiamiento y los contratos nepotistas. En otras palabras, aquellos que dirigen el Estado, jamás asumen sus errores en términos personales de responsabilidad patrimonial.

Así mismo, el sistema actual, ha hecho del Estado una institución que permite el cambio del color de partido, manteniendo intactos los puestos de poder. De esta forma, sirve con lealtad a todo régimen con el fin de permitirle servirse de quienes tributan.

Estos incentivos están presentes en la organización política de Guatemala y nos hacen recordar este segmento que escribió Ayn Rand en su novela La Rebelión de Atlas, “cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo, y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino, por el contrario son ellos los que están protegidos contra usted; cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto sacrificio, entonces podrá, afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.”

La cleptocracia en Guatemala es ya un vicio institucional. Indignados permanecemos todos y si no queremos seguir indignándonos cada cuatro años con el cambio de los regímenes, debemos empezar a cambiar lo que se deba cambiar. Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos para permitir el voto uninominal por diputados es uno de tantos cambios que aunados a un fortalecimiento del Estado de Derecho (fortalecimiento de justicia y seguridad) irán eliminando los incentivos para que personas de ese tipo lleguen  a ocupar cargos de poder.

***Nota: Las manifestaciones del año pasado se realizaron por la unión espontánea de individuos provenientes de muchos sectores de la sociedad y no por la convocatoria de algunos grupos de poder que a la fecha lo que buscan no es el fortalecimiento del Estado de Derecho sino protagonismo y la continuidad y crecimiento de este sistema de incentivos perversos que día a día violenta los derechos individuales de todos.