Un monopolio artificial es una concesión otorgada por el gobierno a una entidad para que esta tenga el privilegio de ser la única en el mercado en ofertar un producto o servicio. La inmoralidad de los monopolios legales reside en que se le concede a un oferente el privilegio de no tener competencia pues esta ha sido anulada por la vía de la ley y la fuerza, limitando la acción voluntaria de cada individuo.

Sin competencia, quienes tienen un monopolio legal responden a una serie de incentivos que están alineados de tal forma que no deben trabajar por ofrecer un servicio de mejor calidad, a un precio competitivo que se logra al hacer los procesos productivos más eficientes.

Los monopolios legales son perversos, pero son aún peores cuando son públicos, pues ofrecen el bien o servicio sin arriesgar nada, utilizando dinero que ha sido tomado por vía de la fuerza. No hay evidencia empírica más adecuada para ejemplificar el fracaso de los monopolios que el que posee el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Basta con que leamos las noticias o que hablemos con un par de afiliados para que nos enteremos del servicio de pena que presta esta entidad.

La solución para que esta situación cambie no está en hacer constantes rotaciones en la junta directiva del IGSS, tampoco en aprobar reglamentos internos anticorrupción y mucho menos en sentarnos a esperar a que los trabajadores y empresarios -a los que les cuesta ganarse lo que tienen- sigan depositando en ese barrilito sin fondo el dinero para su seguro de asistencia médica y de jubilación.

La solución está en ponerle competencia al IGSS.

Si los empleadores y trabajadores van a ser forzados a pagar por su seguro de asistencia médica y de jubilación, por lo menos debe dárseles la legítima libertad de elegir con quien quieren contratarlo.

“Están destruyendo la conquista social de Arévalo” dirán algunos, “esto solo busca beneficiar a quienes prestan servicios de pensiones y de asistencia médica” reclamarán otros, y no estarán sino muy lejos de la verdad. A quienes busca beneficiar esta solución es a las personas productivas a las que el IGSS les cuesta demasiado y les ofrece muy poco pues además del precario servicio, la rentabilidad de las cotizaciones desembolsadas a lo largo de toda una vida laboral es lamentable, incrementando notablemente el costo de oportunidad que significa ser parte -por la fuerza- del sistema público de pensiones.

Los beneficios de esta desmonopolización serían cuantiosos. Por un lado, a la usanza del exitoso programa chileno de Administradoras de Fondos de Pensiones implementado por Jose Piñera, se le permitiría a cada trabajador escoger la entidad privada en la que capitalizarán sus ahorros así como su modalidad de pensión, teniendo como consecuencia un aumento en las tasas de ahorro de nuestro país.

Asimismo, la libre competencia elevaría el nivel de la asistencia médica pues quienes presten el servicio tendrán los incentivos para que este sea uno eficiente y de calidad debido a que el capital que está en riesgo sería el propio, y buscarán prestarlo a precios incluso hasta más accesibles que los que actualmente dispone deliberadamente el IGSS.

Atrevámonos a cuestionar el status quo pues si ese monopolio estatal legado por Juan José Arévalo es tan bueno, ¿por qué el miedo a las entidades privadas que también podrían administrar fondos de jubilación y de asistencia médica? Pongámosle competencia al IGSS, quitémosle de las manos a los políticos la seguridad de la jubilación de los trabajadores y dejemos que sea la “mano invisible” la que decida quién es el mejor.