Ocho nueve años después del Boom de los planes y proyectos pro pobres, los famosos y catastróficos programas sociales asistencialistas que lanzó y extendió Sandra Torres, y terminó detonando la corrupción de Pérez, Baldetti y allegados, nos dejan un saldo de casi 60% de población en la pobreza y 46% con desnutrición crónica. Una afectación permanente que limita crecer bien, aprender y desempeñarse mejor como adultos.
El país necesita una urgente inversión en el sector salud de aproximadamente US$ 15 millones en camas y en la prestación de servicios de salud de calidad y costo-efectivos.
El que exista esta importante brecha es cierto que refleja el colapso que nos ha traído financiar la salud en función de la oferta y no la demanda, pero es más, resulta que la gestión de servicios de salud de calidad y pertinencia cultural como lo expresó recientemente la Ministra Hernández, puede hacerse con resultados positivos siempre que se ponga a las personas adecuadas prestando la atención médica, así como que cuenten con los mínimos insumos médicos para trabajar.
Los costos indirectos de los 44 hospitales del sistema de salud público son del 5o% del gasto presupuestario, es decir, hay más personal operativo que prestadores de la salud. Un desbalance así tiene como causas la mala gestión de los hospitales impulsado por la corrupción traducida en miles de miles de plazas.
También sabemos que la mitad de la población que es pobre resuelve los problemas de salud que le aquejan con su propio bolsillo. Entonces deja de comer o de invertir en la educación de sus hijos, porque la salud es primero aquí y en la China.
No hay política social o económica que sea viable sino van de la mano. Con razón se ha señalado que los seres humanos son los protagonistas y únicos destinatarios de todo desarrollo y que si éste no está guiado a su bienestar no responde a los principios de orden ético, que son su fundamento, ni a una sana doctrina económica.
Desde hace décadas se viene hablando de lo importante e imperativo que es para un país invertir en su capital humano, en su gente, Costa Rica y Singapur o Chile lo tuvieron claro, y hoy vemos los resultados a diferencia con nosotros.
Entonces, no parece posible en el mundo de hoy diferir las inversiones en la capacidad humana-o “inversiones en lo social” en espera que las de carácter físico determinen el crecimiento sostenido del ingreso que las haga viables.
Y no es posible, porque los habitantes de nuestro país reclaman como un derecho inalienable la salud y la educación que les permitan realizarse, así como las oportunidades de trabajo que les permitan contribuir al bien común.
De aquí la responsabilidad del poder político de crear las condiciones que satisfagan armónicamente los requerimientos de la economía y las necesidades sociales, la capitalización y el bienestar.
En estas circunstancias, Salud, Trabajo y Productividad aparecen como variables interdependientes, que son fin y medio del desarrollo.
Sin caer en dogmas o discusiones ideológicas o teóricas, el pueblo de Guatemala está convencido que no hay productividad sin salud, que no hay producción que alcance las metas fijadas con gran ausentismo por enfermedad, y no se nos ocurra pensar en desarrollo, prosperidad (que está de moda) en una población donde persiste la enfermedad de manera crónica.
Hay que adelantar con todo ahínco las políticas de estado que promuevan la revalorización de nuestra gente partiendo por la salud de todos los guatemaltecos y una política de empleo donde el empleo se necesita. Dejar atrás la época de proyectos y programas aislados que regalan cosas o dinero, hay que invertir en lo criticó que hace caminar los procesos de cambio.
Las personas como epicentro de todo lo que se hace, desde la política energética, seguridad, empleo o salud, maracará la diferencia entre el retroceso, el estancamiento o el progreso.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo
Ocho nueve años después del Boom de los planes y proyectos pro pobres, los famosos y catastróficos programas sociales asistencialistas que lanzó y extendió Sandra Torres, y terminó detonando la corrupción de Pérez, Baldetti y allegados, nos dejan un saldo de casi 60% de población en la pobreza y 46% con desnutrición crónica. Una afectación permanente que limita crecer bien, aprender y desempeñarse mejor como adultos.
El país necesita una urgente inversión en el sector salud de aproximadamente US$ 15 millones en camas y en la prestación de servicios de salud de calidad y costo-efectivos.
El que exista esta importante brecha es cierto que refleja el colapso que nos ha traído financiar la salud en función de la oferta y no la demanda, pero es más, resulta que la gestión de servicios de salud de calidad y pertinencia cultural como lo expresó recientemente la Ministra Hernández, puede hacerse con resultados positivos siempre que se ponga a las personas adecuadas prestando la atención médica, así como que cuenten con los mínimos insumos médicos para trabajar.
Los costos indirectos de los 44 hospitales del sistema de salud público son del 5o% del gasto presupuestario, es decir, hay más personal operativo que prestadores de la salud. Un desbalance así tiene como causas la mala gestión de los hospitales impulsado por la corrupción traducida en miles de miles de plazas.
También sabemos que la mitad de la población que es pobre resuelve los problemas de salud que le aquejan con su propio bolsillo. Entonces deja de comer o de invertir en la educación de sus hijos, porque la salud es primero aquí y en la China.
No hay política social o económica que sea viable sino van de la mano. Con razón se ha señalado que los seres humanos son los protagonistas y únicos destinatarios de todo desarrollo y que si éste no está guiado a su bienestar no responde a los principios de orden ético, que son su fundamento, ni a una sana doctrina económica.
Desde hace décadas se viene hablando de lo importante e imperativo que es para un país invertir en su capital humano, en su gente, Costa Rica y Singapur o Chile lo tuvieron claro, y hoy vemos los resultados a diferencia con nosotros.
Entonces, no parece posible en el mundo de hoy diferir las inversiones en la capacidad humana-o “inversiones en lo social” en espera que las de carácter físico determinen el crecimiento sostenido del ingreso que las haga viables.
Y no es posible, porque los habitantes de nuestro país reclaman como un derecho inalienable la salud y la educación que les permitan realizarse, así como las oportunidades de trabajo que les permitan contribuir al bien común.
De aquí la responsabilidad del poder político de crear las condiciones que satisfagan armónicamente los requerimientos de la economía y las necesidades sociales, la capitalización y el bienestar.
En estas circunstancias, Salud, Trabajo y Productividad aparecen como variables interdependientes, que son fin y medio del desarrollo.
Sin caer en dogmas o discusiones ideológicas o teóricas, el pueblo de Guatemala está convencido que no hay productividad sin salud, que no hay producción que alcance las metas fijadas con gran ausentismo por enfermedad, y no se nos ocurra pensar en desarrollo, prosperidad (que está de moda) en una población donde persiste la enfermedad de manera crónica.
Hay que adelantar con todo ahínco las políticas de estado que promuevan la revalorización de nuestra gente partiendo por la salud de todos los guatemaltecos y una política de empleo donde el empleo se necesita. Dejar atrás la época de proyectos y programas aislados que regalan cosas o dinero, hay que invertir en lo criticó que hace caminar los procesos de cambio.
Las personas como epicentro de todo lo que se hace, desde la política energética, seguridad, empleo o salud, maracará la diferencia entre el retroceso, el estancamiento o el progreso.
República.gt es ajena a la opinión expresada en este artículo