La lucha contra la corrupción es necesaria. Nadie en su sano juicio podría oponerse a perseguir a políticos corruptos y a mercantilistas en la cama con la corrupción estatal. Sin embargo, usar políticamente esa lucha con la que todos estamos de acuerdo para destruir nuestras instituciones constitucionales de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, de separación de poderes y de control democrático de las instituciones, eso es otra cosa muy distinta.
Lamentablemente la ocupación extranjera y política que nos aqueja a todos, la natural y consecuente caída de la inversión nacional y extranjera en el país, por el clima de miedo y la persecución mediática, más que jurídica, de los casos que se escoge perseguir penalmente y la satanización del empresariado y del ejército, ya empezó a hacer daño al crecimiento económico y todas o la mayoría de las inversiones nacionales de grupos empresariales fuertes se está empezando a detener por completo, hay incluso abogados que han sido acosados por extranjeros y burócratas nacionales para perseguir a sus clientes y muchos de ellos han escogido salir del país, antes que traicionar el secreto profesional y caer ellos mismos en delito.
Es sin duda alguna un clima de persecución permanente. A esto hay que sumarle el merecidísimo descalabro que los viejos partidos políticos sufren y sufrirán en el Congreso con los casos de corrupción de plazas fantasmas y ahora el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que es un caso de repercusiones continentales en toda América Latina, y que en nuestro medio inicia con el gobierno de S. Torres hasta el nefasto gobierno del PP.
Creo que la lucha contra la corrupción debe seguir, y debe profesionalizarse e institucionalizarse luego de que termine el periodo con la CICIG, en 2019. La corrupción no se va a acabar en 2019. Las Naciones Unidas han demostrado no ser neutral políticamente en nuestro medio, y lamentablemente ha tomado bando político y se ha vuelto solo otro factor más en la lucha política de poderes dentro del país.
La justicia no puede ni debe ser de izquierda o de derecha, la justicia, tal y como su símbolo universal lo demuestra, debe ser ciega, y aquí la izquierda lamentablemente delinque, bloquea, destruye, quema y corta plantaciones, campea y nadie de las autoridades locales, y mucho menos los falsos ídolos de barro extranjeros, levantan un dedo para perseguir esos miles de delitos, incluso flagrantes que se comenten en Guatemala, específicamente con el fin nefasto de destruir inversiones privadas legitimas en el país, por puro odio ideológico y culto a la destrucción de la propiedad privada y el capital privado, por razones políticas y de guerra política y lucha de clases, todas ideas fracasadas en toda América Latina y el mundo entero.
Puede ayudar muchísimo el gobierno de Trump a Guatemala, desarrollando un Estado de Derecho sólido, jueces, fiscales, presidios, investigadores especializados de PNC y la Digicri, y guardias de presidios capacitados con tecnología y know how estadounidense, pueden hacer que el guatemalteco recobre la confianza de denunciar los miles de delitos de corrupción y que se logre con ello un ambiente favorable a todos los guatemaltecos, de respeto a los trabajadores, a los empresarios competitivos, a los guatemaltecos honrados que queremos vivir bajo un Estado de Derecho. Por, ello mi insistencia en hacer un convenio de capacitación y entrenamiento con agentes activos y/o retirados del FBI y darles inmunidad diplomática para el cumplimiento de sus funciones de capacitación y entrenamiento de personal del sistema de justicia guatemalteco (Buró Federal de Investigación criminal, una de las mejores agencias del mundo en investigación criminal, del Departamento de Justicia, de los EE. UU.) para lograr recrudecer, acrecentar, generalizar y volver más fuerte aún, esa lucha contra la corrupción, ya sin los obvios y evidentes sesgos políticos que lamentablemente los embajadores y la misma Naciones Unidas no pudieron, no quisieron o no tuvieron la habilidad de superar. Que la justicia sea pareja!, y allí entonces habrá justicia de verdad, si no todo es solo otro juego político y, lo peor de todo, un juego auto-evidente.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La lucha contra la corrupción es necesaria. Nadie en su sano juicio podría oponerse a perseguir a políticos corruptos y a mercantilistas en la cama con la corrupción estatal. Sin embargo, usar políticamente esa lucha con la que todos estamos de acuerdo para destruir nuestras instituciones constitucionales de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, de separación de poderes y de control democrático de las instituciones, eso es otra cosa muy distinta.
Lamentablemente la ocupación extranjera y política que nos aqueja a todos, la natural y consecuente caída de la inversión nacional y extranjera en el país, por el clima de miedo y la persecución mediática, más que jurídica, de los casos que se escoge perseguir penalmente y la satanización del empresariado y del ejército, ya empezó a hacer daño al crecimiento económico y todas o la mayoría de las inversiones nacionales de grupos empresariales fuertes se está empezando a detener por completo, hay incluso abogados que han sido acosados por extranjeros y burócratas nacionales para perseguir a sus clientes y muchos de ellos han escogido salir del país, antes que traicionar el secreto profesional y caer ellos mismos en delito.
Es sin duda alguna un clima de persecución permanente. A esto hay que sumarle el merecidísimo descalabro que los viejos partidos políticos sufren y sufrirán en el Congreso con los casos de corrupción de plazas fantasmas y ahora el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que es un caso de repercusiones continentales en toda América Latina, y que en nuestro medio inicia con el gobierno de S. Torres hasta el nefasto gobierno del PP.
Creo que la lucha contra la corrupción debe seguir, y debe profesionalizarse e institucionalizarse luego de que termine el periodo con la CICIG, en 2019. La corrupción no se va a acabar en 2019. Las Naciones Unidas han demostrado no ser neutral políticamente en nuestro medio, y lamentablemente ha tomado bando político y se ha vuelto solo otro factor más en la lucha política de poderes dentro del país.
La justicia no puede ni debe ser de izquierda o de derecha, la justicia, tal y como su símbolo universal lo demuestra, debe ser ciega, y aquí la izquierda lamentablemente delinque, bloquea, destruye, quema y corta plantaciones, campea y nadie de las autoridades locales, y mucho menos los falsos ídolos de barro extranjeros, levantan un dedo para perseguir esos miles de delitos, incluso flagrantes que se comenten en Guatemala, específicamente con el fin nefasto de destruir inversiones privadas legitimas en el país, por puro odio ideológico y culto a la destrucción de la propiedad privada y el capital privado, por razones políticas y de guerra política y lucha de clases, todas ideas fracasadas en toda América Latina y el mundo entero.
Puede ayudar muchísimo el gobierno de Trump a Guatemala, desarrollando un Estado de Derecho sólido, jueces, fiscales, presidios, investigadores especializados de PNC y la Digicri, y guardias de presidios capacitados con tecnología y know how estadounidense, pueden hacer que el guatemalteco recobre la confianza de denunciar los miles de delitos de corrupción y que se logre con ello un ambiente favorable a todos los guatemaltecos, de respeto a los trabajadores, a los empresarios competitivos, a los guatemaltecos honrados que queremos vivir bajo un Estado de Derecho. Por, ello mi insistencia en hacer un convenio de capacitación y entrenamiento con agentes activos y/o retirados del FBI y darles inmunidad diplomática para el cumplimiento de sus funciones de capacitación y entrenamiento de personal del sistema de justicia guatemalteco (Buró Federal de Investigación criminal, una de las mejores agencias del mundo en investigación criminal, del Departamento de Justicia, de los EE. UU.) para lograr recrudecer, acrecentar, generalizar y volver más fuerte aún, esa lucha contra la corrupción, ya sin los obvios y evidentes sesgos políticos que lamentablemente los embajadores y la misma Naciones Unidas no pudieron, no quisieron o no tuvieron la habilidad de superar. Que la justicia sea pareja!, y allí entonces habrá justicia de verdad, si no todo es solo otro juego político y, lo peor de todo, un juego auto-evidente.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo