Micropoderes en conflicto, depuración de elites y transición política.
Guatemala vive una crisis de gobernabilidad. Por donde volteemos a ver, observamos focos de debilitamiento institucional, conflicto social, incertidumbre y parálisis política.
Durante más de un año, el Estado fue incapaz de proveer servicios básicos con regularidad, tales como el correo, la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) o pasaportes. La red vial del país se ha convertido en un monumento dual: a la corrupción y a la ineficiencia de la administración pública. La administración de puertos y el funcionamiento de aduanas sigue siendo foco de cuestionamientos por arbitrariedades, irregularidades y corrupción. Y en todos estos casos, las causas son las mismas: herencia estructural de la corrupción, los grupos de interés que capturan las instituciones, y la falta de voluntad para atender la problemática.
El hacinamiento y las condiciones deplorables en cárceles, centros de detención de menores o centros de atención de menores en situación de riesgo ha generado tragedias, motines y enfrentamientos. Y en todos, resaltan las mismas causales: falta de infraestructura, mala gestión administrativa, falta de recursos, marcos legales obsoletos o insuficientes. Mientras los problemas de fondo como el fortalecimiento de la justicia, la prevención del delito, la política integral de prevención y combate de las pandillas juveniles, la revisión de la legislación de protección de menores o en conflicto con la ley penal, quedan rezagados ante la permanente administración de la crisis. Lo mismo ocurre con los focos tradicionales de conflicto social.
En lo económico, la problemática se agudiza. Para más del 55 por ciento de la población, el principal problema del país es la falta de empleo, ingresos insuficientes o alto costo de vida. Pero en condiciones de incertidumbre política y debilidad institucional, la inversión tampoco crece. Desde julio 2016, los indicadores sobre “crédito bancario al sector privado” muestran los niveles más bajos de los últimos años. Y esa disminución se concentra en créditos para la producción de bienes de capital. Dicho de otro modo, las empresas han dejado de endeudarse para ampliar producción y operaciones. Las encuestas sobre percepciones empresariales identifican en la crisis de infraestructura, la falta de certeza jurídica y las arbitrariedades judiciales de la administración tributaria las principales condiciones negativas del entorno.
A nivel político, destaca una dinámica propia de la ingobernabilidad del siglo XXI: la multiplicidad de micropoderes, que en un entorno de ausencia de liderazgo de Estado, compiten entre sí, con objetivos y medios contradictorios. Vivimos el periodo del Presidente más débil de la historia democrática del país, al tiempo que vemos instituciones como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas o la misma Procuraduría de Derechos Humanos ejerciendo un papel importante en el entorno político.
El liderazgo político también está ausente. Entre la depuración judicial de las elites, la implosión del sistema de partidos políticos y la falta de una circulación de elites y actores relevantes, además de la tradicional polarización ideológica y desconfianza mutua propia del entorno mental del país, resalta la falta de una agenda de país, pero sobre todo, la falta de actores con capacidad de articular acuerdos. Vivimos ese periodo de transición entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de algo nuevo… pero no sabemos qué.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
Micropoderes en conflicto, depuración de elites y transición política.
Guatemala vive una crisis de gobernabilidad. Por donde volteemos a ver, observamos focos de debilitamiento institucional, conflicto social, incertidumbre y parálisis política.
Durante más de un año, el Estado fue incapaz de proveer servicios básicos con regularidad, tales como el correo, la emisión del Documento Personal de Identificación (DPI) o pasaportes. La red vial del país se ha convertido en un monumento dual: a la corrupción y a la ineficiencia de la administración pública. La administración de puertos y el funcionamiento de aduanas sigue siendo foco de cuestionamientos por arbitrariedades, irregularidades y corrupción. Y en todos estos casos, las causas son las mismas: herencia estructural de la corrupción, los grupos de interés que capturan las instituciones, y la falta de voluntad para atender la problemática.
El hacinamiento y las condiciones deplorables en cárceles, centros de detención de menores o centros de atención de menores en situación de riesgo ha generado tragedias, motines y enfrentamientos. Y en todos, resaltan las mismas causales: falta de infraestructura, mala gestión administrativa, falta de recursos, marcos legales obsoletos o insuficientes. Mientras los problemas de fondo como el fortalecimiento de la justicia, la prevención del delito, la política integral de prevención y combate de las pandillas juveniles, la revisión de la legislación de protección de menores o en conflicto con la ley penal, quedan rezagados ante la permanente administración de la crisis. Lo mismo ocurre con los focos tradicionales de conflicto social.
En lo económico, la problemática se agudiza. Para más del 55 por ciento de la población, el principal problema del país es la falta de empleo, ingresos insuficientes o alto costo de vida. Pero en condiciones de incertidumbre política y debilidad institucional, la inversión tampoco crece. Desde julio 2016, los indicadores sobre “crédito bancario al sector privado” muestran los niveles más bajos de los últimos años. Y esa disminución se concentra en créditos para la producción de bienes de capital. Dicho de otro modo, las empresas han dejado de endeudarse para ampliar producción y operaciones. Las encuestas sobre percepciones empresariales identifican en la crisis de infraestructura, la falta de certeza jurídica y las arbitrariedades judiciales de la administración tributaria las principales condiciones negativas del entorno.
A nivel político, destaca una dinámica propia de la ingobernabilidad del siglo XXI: la multiplicidad de micropoderes, que en un entorno de ausencia de liderazgo de Estado, compiten entre sí, con objetivos y medios contradictorios. Vivimos el periodo del Presidente más débil de la historia democrática del país, al tiempo que vemos instituciones como el Organismo Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría de Cuentas o la misma Procuraduría de Derechos Humanos ejerciendo un papel importante en el entorno político.
El liderazgo político también está ausente. Entre la depuración judicial de las elites, la implosión del sistema de partidos políticos y la falta de una circulación de elites y actores relevantes, además de la tradicional polarización ideológica y desconfianza mutua propia del entorno mental del país, resalta la falta de una agenda de país, pero sobre todo, la falta de actores con capacidad de articular acuerdos. Vivimos ese periodo de transición entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de algo nuevo… pero no sabemos qué.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo