La semana pasada y la que inicia han sido y serán llenas de información y opiniones con respecto a la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona “non grata” a Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y por consiguiente de ordenar su expulsión inmediata del país.
Las reacciones no se hicieron esperar y hubo manifestaciones a favor y en contra. Hay quienes, expresaron que era un intento de frenar la lucha contra la corrupción por parte de Morales para beneficiar a sus allegados y así mismo. Mientras que otros afirmaron que el Presidente debía dejar en claro que era inadmisible la intromisión del comisionado en asuntos políticos y la politización de los casos jurídicos, es decir, de una “justicia selectiva”.
Es aconsejable, que antes de tomar una postura al respecto, analizar los principios que hay de fondo en este tema. Lo más sencillo es pensar que si Jimmy expulsa a Iván es corrupto, porque Iván lucha contra la corrupción. Sin embargo, esa afirmación sería, además de falaz, demasiado simplista al llegar a conclusiones sin tomar en cuenta hechos relevantes.
Es importante que razone lógicamente. Empiece por identificar las cosas y aceptarlas como son, y no como nos gustaría que fueran. Primero, no debemos generalizar por una acción, así como no todo lo que ha hecho Iván Velázquez en la CICIG es loable, tampoco lo es para Jimmy Morales. Es decir, el apoyo no es incondicional sino consciente. Es decir, reconociendo que se ha hecho bien y que se ha hecho mal.
La fiscal general Thelma Aldana responde, con una publicación en sus redes sociales, condicionando su permanencia en el Ministerio Público a la permanencia de Velázquez en la CICIG. Lo cual es entendible, pero a la vez preocupante ya que deja claro que después de diez años de permanencia de la CICIG no se ha logrado fortalecer al MP de tal forma que pueda llevar a cabo investigaciones de esta magnitud de forma independiente.
Es decir, se sigue dependiendo, cada vez más, del tutelaje de una organización internacional para llevar a cabo estas investigaciones y procesos judiciales. Situación que debería ocuparnos para fortalecer al MP en su combate no sólo a la corrupción, sino también en delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones y asaltos. Esto nos debería llevar a la reflexión sobre qué tipo de MP queremos dentro de diez años y lo más importante, si lo que se está haciendo ahora nos acerca a un MP independiente y cómo lograrlo en ese tiempo.
La desastrosa asesoría al presidente Morales hacen poco creíble, en este momento, que esté protegiendo principios republicanos de independencia y autonomía de los poderes, ya que con un proceso judicial en contra de su hermano e hijo así como un antejuicio en su contra solicitado por el MP, más parece querer protegerse. Sin embargo, no debemos olvidar su postura, declaraciones y acciones, antes y durante el juicio a sus familiares.
Las razones que argumenta Morales, muy tardías en mi opinión, no están alejadas de la realidad: presión ante los diputados para aprobar las reformas constitucionales, violación del debido procesos y presunción de inocencia, presión y descalificación a jueces. ¿Qué el momento que eligió no es el mejor? De acuerdo, así como tampoco lo fue la conferencia de la CICIG y MP solicitando el antejuicio de Morales.
Es importante que entendamos que más allá de quién está en el poder, debemos construir instituciones sólidas, que la lucha en contra de la corrupción no es bandera de una persona sino de toda la ciudadanía. Que debemos exigir además de juicios justos, que cada poder del Estado cumpla con su parte.
El Congreso con la desregulación en lugar de más leyes ridículas, que eliminen al máximo el poder discrecional de los burócratas, que minimicen la función del gobierno de tal forma que no sea un botín. El Ejecutivo puede sin mayor problema revisar reglamentos y acuerdos para reducir al máximo el poder discrecional burocrático. El poder judicial junto con el sistema de seguridad y justicia pueden agilizar procesos, asignar recursos para mejores policías, mejor infraestructura carcelaria, más juzgados y enfocarse en proteger a la ciudadanía y administrar justicia.
Considero que los principales perdedores en todo esto son quienes desean establecer una República. Los probables ganadores serán aquellos que buscan alcanzar el poder mediante caminos alternos, o aquellos que desean quitar del panorama político los temas como certeza jurídica, o aquellos que les beneficia polarizar la discusión y el combate a la corrupción. Recuerde que “en río revuelto, ganancia de saqueadores”.
Esto desafortunadamente está tomando un cariz caudillista y no institucional. Así que, por nuestro bien en el largo plazo, debemos pensar en cómo fortalecer un Estado de Derecho y no de caudillos.
@Md30
Facebook.com/Mda30
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La semana pasada y la que inicia han sido y serán llenas de información y opiniones con respecto a la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona “non grata” a Iván Velázquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y por consiguiente de ordenar su expulsión inmediata del país.
Las reacciones no se hicieron esperar y hubo manifestaciones a favor y en contra. Hay quienes, expresaron que era un intento de frenar la lucha contra la corrupción por parte de Morales para beneficiar a sus allegados y así mismo. Mientras que otros afirmaron que el Presidente debía dejar en claro que era inadmisible la intromisión del comisionado en asuntos políticos y la politización de los casos jurídicos, es decir, de una “justicia selectiva”.
Es aconsejable, que antes de tomar una postura al respecto, analizar los principios que hay de fondo en este tema. Lo más sencillo es pensar que si Jimmy expulsa a Iván es corrupto, porque Iván lucha contra la corrupción. Sin embargo, esa afirmación sería, además de falaz, demasiado simplista al llegar a conclusiones sin tomar en cuenta hechos relevantes.
Es importante que razone lógicamente. Empiece por identificar las cosas y aceptarlas como son, y no como nos gustaría que fueran. Primero, no debemos generalizar por una acción, así como no todo lo que ha hecho Iván Velázquez en la CICIG es loable, tampoco lo es para Jimmy Morales. Es decir, el apoyo no es incondicional sino consciente. Es decir, reconociendo que se ha hecho bien y que se ha hecho mal.
La fiscal general Thelma Aldana responde, con una publicación en sus redes sociales, condicionando su permanencia en el Ministerio Público a la permanencia de Velázquez en la CICIG. Lo cual es entendible, pero a la vez preocupante ya que deja claro que después de diez años de permanencia de la CICIG no se ha logrado fortalecer al MP de tal forma que pueda llevar a cabo investigaciones de esta magnitud de forma independiente.
Es decir, se sigue dependiendo, cada vez más, del tutelaje de una organización internacional para llevar a cabo estas investigaciones y procesos judiciales. Situación que debería ocuparnos para fortalecer al MP en su combate no sólo a la corrupción, sino también en delitos como asesinatos, secuestros, extorsiones y asaltos. Esto nos debería llevar a la reflexión sobre qué tipo de MP queremos dentro de diez años y lo más importante, si lo que se está haciendo ahora nos acerca a un MP independiente y cómo lograrlo en ese tiempo.
La desastrosa asesoría al presidente Morales hacen poco creíble, en este momento, que esté protegiendo principios republicanos de independencia y autonomía de los poderes, ya que con un proceso judicial en contra de su hermano e hijo así como un antejuicio en su contra solicitado por el MP, más parece querer protegerse. Sin embargo, no debemos olvidar su postura, declaraciones y acciones, antes y durante el juicio a sus familiares.
Las razones que argumenta Morales, muy tardías en mi opinión, no están alejadas de la realidad: presión ante los diputados para aprobar las reformas constitucionales, violación del debido procesos y presunción de inocencia, presión y descalificación a jueces. ¿Qué el momento que eligió no es el mejor? De acuerdo, así como tampoco lo fue la conferencia de la CICIG y MP solicitando el antejuicio de Morales.
Es importante que entendamos que más allá de quién está en el poder, debemos construir instituciones sólidas, que la lucha en contra de la corrupción no es bandera de una persona sino de toda la ciudadanía. Que debemos exigir además de juicios justos, que cada poder del Estado cumpla con su parte.
El Congreso con la desregulación en lugar de más leyes ridículas, que eliminen al máximo el poder discrecional de los burócratas, que minimicen la función del gobierno de tal forma que no sea un botín. El Ejecutivo puede sin mayor problema revisar reglamentos y acuerdos para reducir al máximo el poder discrecional burocrático. El poder judicial junto con el sistema de seguridad y justicia pueden agilizar procesos, asignar recursos para mejores policías, mejor infraestructura carcelaria, más juzgados y enfocarse en proteger a la ciudadanía y administrar justicia.
Considero que los principales perdedores en todo esto son quienes desean establecer una República. Los probables ganadores serán aquellos que buscan alcanzar el poder mediante caminos alternos, o aquellos que desean quitar del panorama político los temas como certeza jurídica, o aquellos que les beneficia polarizar la discusión y el combate a la corrupción. Recuerde que “en río revuelto, ganancia de saqueadores”.
Esto desafortunadamente está tomando un cariz caudillista y no institucional. Así que, por nuestro bien en el largo plazo, debemos pensar en cómo fortalecer un Estado de Derecho y no de caudillos.
@Md30
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República es ajena a la opinión expresada en este artículo