La agenda de combate a la corrupción acompañada de las reformas para el “No-retorno”.
Nos encontramos en una encrucijada en el proceso de lucha anti-corrupción. La polarización política, tan impregnada en nuestra historia, hoy genera posiciones encontradas en este proceso. Los promotores de impunidad –hábilmente– han logrado activar las vetas de temor ideológico entre segmentos medios y altos de la sociedad. Las críticas legítimas al proceso han aumentado, y le restan apoyos al proceso depurador. Mientras que la ausencia de liderazgos emergentes, que llenen los vacíos de las elites políticas depuradas, afecta la capacidad para encauzar un proceso de transición de un Estado Patrimonial a un moderno Estado de Derecho.
En este contexto, la salida a la crisis de coyuntura implica –necesariamente– una agenda de consenso. La clave es integrar los temas de corto plazo, con la agenda estratégica de país.
En el corto plazo, la colega Dina Fernández esbozó el punto central de la discusión: la forma cómo debe enfrentarse la lucha contra la corrupción. Debe discutirse y analizarse el ámbito, tiempos y criterios para este proceso. Al mismo tiempo, se deben proporcionar los mecanismos jurídicos (vía aceptación de cargos, criterios de oportunidad u otros mecanismos) para facilitar la confesión, colaboración, expiación y reparación para aquellos que han participado de actos reñidos con la ley, que buscan acudir a la justicia, ayudarla a encontrar la verdad, y apoyar en el proceso para castigar a los operadores y beneficiarios de la corrupción.
Sin embargo, la salida coyuntural debe venir acompañada de una ruta estratégica. La idea es acompañar al brazo depurador de la justicia, con la generación de condiciones para alcanzar el objetivo macro: el punto de “no-retorno”, ese momento en que las instituciones y las personas estén verdaderamente comprometidas con una gestión sin corrupción. Dicho con una analogía: al equipo de demolición (MP y CICIG) le debe seguir inmediatamente el equipo de ingenieros que deberán diseñar la nueva construcción en ese terreno que estamos limpiando.
Identificar la agenda estratégica es como inventar el agua azucarada. Estamos conscientes de la necesidad de fortalecer la representatividad del sistema político-electoral. Para ello, los ejes de la reforma a la Ley Electoral están relativamente claros: 1) revisar el sistema de distritos y reformar el modelo de elección de diputados; 2) promover mayor democratización del sistema partidos, facilitando el acceso al mismo y fortaleciendo los derechos de los afiliados dentro de las organizaciones; 3) profundizar la reforma al financiamiento electoral, para generar los incentivos adecuados para hacer transparentes las donaciones y cerrar la puerta a los dineros de la corrupción y del crimen organizado; y 3) fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, dotándolo de las herramientas para hacer efectiva la fiscalización funcional y financiera.
En materia judicial, la ruta también queda clara. 1) Promover mayor independencia de jueces y magistrados, aumentando el periodo de sus cargos y reformando el sistema de elección de las máximas autoridades judiciales; 2) promover un sistema de renovación escalonada de autoridades judiciales, para mantener la unidad de jurisprudencia y evitar la cooptación en bloque de los órganos de justicia; 3) apostar por un sistema de Carrera Judicial, que fomente la meritocracia, la idoneidad de los funcionarios y la independencia judicial; 4) revisar y modernizar las normas procesales en materia de amparo, impugnaciones civiles y penales, para agilizar el trámite de los casos dentro del Organismo Judicial.
El tercer componente debe ser la refundación de la administración pública. La necesidad de reformar el servicio civil, para modernizar los procesos de ingreso, contratación, evaluación, ascenso, sanciones y remuneración de los servidores públicos. Se debe desarrollar también el escalafón de la “Gerencia Pública” bajo su propio esquema de incentivos. Además, es importante vincular el sistema de servicio civil con la estructura programática y financiera del Estado. A nivel de contrataciones públicas, debe actualizarse la normativa para balancear la transparencia con la búsqueda de eficiencia. Se deben reconocer otras modalidades de contrataciones (como la subasta inversa); se deben vincular los sistemas de inversión pública y fortalecer los procesos de auditoría interna y externa. A nivel presupuestario, es momento de revisar asignaciones presupuestarias pétreas a nivel de legislación ordinaria, revisar y eliminar los gastos superfluos, fortalecer el marco jurídico de los presupuestos multi-anuales para reducir la discrecionalidad legislativa en la elaboración del instrumento de política pública.
Y todo lo anterior, coronado con una agenda de modernización institucional que incluya la reforma y actualización de la Ley Orgánica del Ejecutivo, las leyes de descentralización, además de aprobación y rápida implementación de una Política de Infraestructura, de una Política Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción, la continuación de las gestiones de salvataje del sistema de salud pública, por mencionar algunos ejes prioritarios.
Guatemala quizá nunca había estado en una encrucijada tan importante para su democracia y consolidación institucional. Aprovechar las crisis es una característica de los estadistas. Y ahora, más que nunca, surge la necesidad de empujar un gran Pacto Nacional.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
La agenda de combate a la corrupción acompañada de las reformas para el “No-retorno”.
Nos encontramos en una encrucijada en el proceso de lucha anti-corrupción. La polarización política, tan impregnada en nuestra historia, hoy genera posiciones encontradas en este proceso. Los promotores de impunidad –hábilmente– han logrado activar las vetas de temor ideológico entre segmentos medios y altos de la sociedad. Las críticas legítimas al proceso han aumentado, y le restan apoyos al proceso depurador. Mientras que la ausencia de liderazgos emergentes, que llenen los vacíos de las elites políticas depuradas, afecta la capacidad para encauzar un proceso de transición de un Estado Patrimonial a un moderno Estado de Derecho.
En este contexto, la salida a la crisis de coyuntura implica –necesariamente– una agenda de consenso. La clave es integrar los temas de corto plazo, con la agenda estratégica de país.
En el corto plazo, la colega Dina Fernández esbozó el punto central de la discusión: la forma cómo debe enfrentarse la lucha contra la corrupción. Debe discutirse y analizarse el ámbito, tiempos y criterios para este proceso. Al mismo tiempo, se deben proporcionar los mecanismos jurídicos (vía aceptación de cargos, criterios de oportunidad u otros mecanismos) para facilitar la confesión, colaboración, expiación y reparación para aquellos que han participado de actos reñidos con la ley, que buscan acudir a la justicia, ayudarla a encontrar la verdad, y apoyar en el proceso para castigar a los operadores y beneficiarios de la corrupción.
Sin embargo, la salida coyuntural debe venir acompañada de una ruta estratégica. La idea es acompañar al brazo depurador de la justicia, con la generación de condiciones para alcanzar el objetivo macro: el punto de “no-retorno”, ese momento en que las instituciones y las personas estén verdaderamente comprometidas con una gestión sin corrupción. Dicho con una analogía: al equipo de demolición (MP y CICIG) le debe seguir inmediatamente el equipo de ingenieros que deberán diseñar la nueva construcción en ese terreno que estamos limpiando.
Identificar la agenda estratégica es como inventar el agua azucarada. Estamos conscientes de la necesidad de fortalecer la representatividad del sistema político-electoral. Para ello, los ejes de la reforma a la Ley Electoral están relativamente claros: 1) revisar el sistema de distritos y reformar el modelo de elección de diputados; 2) promover mayor democratización del sistema partidos, facilitando el acceso al mismo y fortaleciendo los derechos de los afiliados dentro de las organizaciones; 3) profundizar la reforma al financiamiento electoral, para generar los incentivos adecuados para hacer transparentes las donaciones y cerrar la puerta a los dineros de la corrupción y del crimen organizado; y 3) fortalecer al Tribunal Supremo Electoral, dotándolo de las herramientas para hacer efectiva la fiscalización funcional y financiera.
En materia judicial, la ruta también queda clara. 1) Promover mayor independencia de jueces y magistrados, aumentando el periodo de sus cargos y reformando el sistema de elección de las máximas autoridades judiciales; 2) promover un sistema de renovación escalonada de autoridades judiciales, para mantener la unidad de jurisprudencia y evitar la cooptación en bloque de los órganos de justicia; 3) apostar por un sistema de Carrera Judicial, que fomente la meritocracia, la idoneidad de los funcionarios y la independencia judicial; 4) revisar y modernizar las normas procesales en materia de amparo, impugnaciones civiles y penales, para agilizar el trámite de los casos dentro del Organismo Judicial.
El tercer componente debe ser la refundación de la administración pública. La necesidad de reformar el servicio civil, para modernizar los procesos de ingreso, contratación, evaluación, ascenso, sanciones y remuneración de los servidores públicos. Se debe desarrollar también el escalafón de la “Gerencia Pública” bajo su propio esquema de incentivos. Además, es importante vincular el sistema de servicio civil con la estructura programática y financiera del Estado. A nivel de contrataciones públicas, debe actualizarse la normativa para balancear la transparencia con la búsqueda de eficiencia. Se deben reconocer otras modalidades de contrataciones (como la subasta inversa); se deben vincular los sistemas de inversión pública y fortalecer los procesos de auditoría interna y externa. A nivel presupuestario, es momento de revisar asignaciones presupuestarias pétreas a nivel de legislación ordinaria, revisar y eliminar los gastos superfluos, fortalecer el marco jurídico de los presupuestos multi-anuales para reducir la discrecionalidad legislativa en la elaboración del instrumento de política pública.
Y todo lo anterior, coronado con una agenda de modernización institucional que incluya la reforma y actualización de la Ley Orgánica del Ejecutivo, las leyes de descentralización, además de aprobación y rápida implementación de una Política de Infraestructura, de una Política Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción, la continuación de las gestiones de salvataje del sistema de salud pública, por mencionar algunos ejes prioritarios.
Guatemala quizá nunca había estado en una encrucijada tan importante para su democracia y consolidación institucional. Aprovechar las crisis es una característica de los estadistas. Y ahora, más que nunca, surge la necesidad de empujar un gran Pacto Nacional.
República es ajena a la opinión expresada en este artículo