Después de salir a la luz los casos de corrupción en las diversas instancias del estado, en las que se devela cómo los burócratas logran aprovecharse de los servicios públicos para desviar fondos a su favor, solemos los ciudadanos exigor castigo para los culpables. Y no sin razón, si tomamos en cuenta que quienes sufren el perjuicio son los ciudadanos de a pie, esos que aportan a las tasas impositivas sin que les quede elección y, al final, sin poder gozar de los servicios como esperarían.

Ejemplos claros son los casos, por ejemplo, IGSS-PISA o el de más reciente efervescencia, el caso Transurbano. Todos piden justicia, o por lo menos, castigo a los culpables.

Sin embargo, pocos reparan en lo fácil que fue para los responsables el desfalco de tantos millones en caso de ser la teoría de MP-CICIG. Imaginemos, por ejemplo, que se dictara sentencia que declare culpable a los sindicados. En ese caso, al expresidente no le habría costado más que pactar las cantidades con los transportistas, pedir las firmas de los ministros (de los cuales muchos, seguramente, no tenían idea de lo que se estaba fraguando) y listo. Esta alarmante situación es el signo visible de un sistema que;

1. Permite que los fondos públicos se destinen a prácticamente cualquier cosa, con el único argumento que reza que el Estado es quien debe dar servicios y bienes a los ciudadanos. Así, pueden crearse instituciones enteras (como FONAPAZ en sus momento) que sean poco fiscalizadas y muy lucrativas para los gobernantes de turno.

2. Exime de requisitos a esas transacciones, de manera que sin más que la firma de un Ministro de Finanzas, millones de Quetzales sean transferidos a las cuentas bancrias de los negociantes de esos fondos. Lo peor de todo, es que esos fondos no son más que la recaudación del pago impositivo de los contribuyentes. Es decir, ese dinero es suyo y mío.

3. Al desviar esos fondos, se evita que su destino sea el servicio público que en teoría buscan cubrir. Y no podía ser de otra forma cuando los gobiernos intentan hacer que creamos (y de hecho lo logran) que nadie más que el Estado puede proveer esos servicios.

Estas tres grandes problemáticas estatistas revelan que los gobiernos no solo son incapaces de proveer servicios de la manera más eficaz, sino que la naturaleza de estos servicios denota que no ha habido un solo servicio que los privados no hayan satisfecho con anterioridad.

La solución, aunque no es una panacea, sigue un procedimiento lógico: la prioridad es ofrecer el servicio a la mayor cantidad de gente posible, al costo más bajo posible y con la mayor calidad posible. Y esto es algo que solamente se logra de una forma: abriendo el mercado, des-monopolizando los servicios y poniendo a competir al sector público. Dar a elegir al ciudadano, que paga sus impuestos, a qué proveedor quiere destinarlos y permitirle gozar de un servicio acorde a sus necesidades. Esta sencilla fórmula es como ha venido funcionando el mercado desde sus inicios: los seres humanos eligen aquello que consideran que es mejor.

La seguridad pública y el transporte no son excepciones a la regla. Por encima de todo, porque los seres humanos necesitan seguridad social y transporte. Y porque, en la medida en que se limiten las funciones de los gobiernos, y se abran los mercados para permitir creación de empleo y prestación de servicios, no dismuinuirán sólo las tasas de corrupción, sino que aumentarán inversamente las tasas de prosperidad para los más pobres.

República es ajena a la opinión expresada en este artículo