Hace unos días, sentada en un círculo de planificación con un grupo de gente de diversas ocupaciones, edades y géneros, uno de ellos lanzó la pregunta de qué significa ciudadanía. Por falta de tiempo, no tuvimos oportunidad de discutir la pregunta y llegar a una definición. Pero acordamos que, para el entorno en que vivimos hoy en Guatemala, es importante recapacitar sobre este significado. Por ende, me aventuré a reflexionar algunas ideas.

El ciudadano es, primordialmente, un ser humano que actúa y vive como miembro de una familia, de un grupo social, quien practica una vocación, y sigue alguna ideología religiosa o filosófica. Sus acciones son dirigidas por el ambiente en que vive y lo que ha heredado de sus antepasados. A la vez, el ciudadano es miembro de una comunidad política quien goza de derechos y asume tanto deberes como responsabilidades por su membresía en esa comunidad. El entorno necesario de la ciudadanía es el estado territorial soberano y una sociedad contractual. Dentro de la frontera territorial bien definida, el ciudadano expresa formalmente su membresía y ejerce su agencia política. En otras palabras, la ciudadanía es tanto un estado legal, como una actividad. Si bien la globalización, el mercado, la interacción social, la migración y la comunicación ha vuelto las fronteras porosas y ha cuestionado la legitimidad de los estados soberanos, la ciudadanía democrática requiere un espacio territorial delimitado, en el cual los ciudadanos se ven como parte de un demos común. En este contexto, el interés del ciudadano no se opone a los de la nación y al ciudadano individual le va bien si a su nación le va bien.

La ciudadanía como un estado legal se define por los derechos civiles, políticos y sociales. Estos derechos deben estar basados en principios fundamentales de libertad y de no agresión. En esta definición, el ciudadano es una persona legal y un ser social que depende de otros miembros de la sociedad. Es libre de actuar acorde con la ley y tiene a la vez el derecho de reclamar la protección de la ley. La ciudadanía como un estado legal también se refiere a los deberes del ciudadano. Los deberes del ciudadano se describen por aquellos que son legalmente exigibles como: obedecer la ley, pagar impuestos, servir y votar por los representantes que garantizan a los ciudadanos el ejercicio libre e inofensivo de sus facultades según se aplican a su desarrollo físico, intelectual y moral. Dicho esto, según William Graham Sumner de la Universidad de Yale, el mayor deber patriótico y cívico del ciudadano es resistir la usurpación del Estado.

La ciudadanía como una actividad considera al ciudadano como un agente político, quien asume la responsabilidad de participar activamente en las instituciones políticas de su sociedad. Esta participación también incluye la vigilancia por parte de los ciudadanos hacia el estado, asegurando que las actividades de aquellos que han sido elegidos para representar a los ciudadanos, vayan de la mano con mantener la virtud de la libre elección, la defensa nacional, y los derechos individuales. En palabras de Lysander Spooner, todos los ciudadanos le deben al país una vigilancia atenta y un escrutinio minucioso de sus servidores públicos, y una estimación justa y razonable de su fidelidad y utilidad. Es también deber cívico el familiarizarse con las enseñanzas de la economía, para que el ciudadano pueda determinar la cantidad de servicios que desea obtener por parte del Estado, y la cantidad de dinero que está dispuesto a pagar de su bolsillo para obtenerlos. Poner confianza ciega y ceder al dominio de los “expertos” gobernantes, y aceptar sin crítica los lemas populares, es pavimentar el camino hacia un Estado que viola los derechos de los ciudadanos.

Según Aristóteles, la capacidad de raciocinio es una condición indispensable para la ciudadanía. La ciudadanía, entonces, requiere de seres humanos informados y responsables que entienden, aprecian y ejercen los principios de equidad ante la ley, de derechos individuales inalienables, de la primacía de la ley, de la libertad empresarial, de los derechos de propiedad privada, y de una fuerte defensa nacional. Todos los ciudadanos deben responsabilizar al Estado por preservar la libertad y seguridad de sus miembros, y así lograr la integración social. Es a través del ejercicio de la responsabilidad que el ciudadano se beneficia de los derechos de su membresía, obtiene un valor por su actividad humana, logra la cooperación social y goza de las ventajas que la cooperación social otorga. Si ciudadanía significa algo más que el estado legal, debemos estar listos para establecer qué conlleva ese “algo más”.

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