No es nada nuevo que en Guatemala, y en cualquier país del mundo, se viole la ley constantemente. Desde evadir impuestos hasta estacionarse en un lugar prohibido, alguien siempre está desafiando a la autoridad.
Empecemos con los bloqueos. Todos tenemos derecho a quejarnos cuando algo no nos parece. Pero impedir la libertad de locomoción y de comercialización de otros, es ilegal. La Constitución lo garantiza. Hemos llegado al punto que estamos a la espera de cuándo será la próxima manifestación de CODECA. Sin embargo, no son los únicos. Ahora resulta que un grupo de taxistas hará bloqueos en los diferentes ingresos a la ciudad pues no están conformes con Uber. ¿Qué tal? Violarán los derechos de todos los demás porque, pobrecitos, no pueden competir. ¿Creerán que con esto el gobierno prohibirá Uber? O peor aún, ¿creerán que los usuarios dejaremos de usar Uberporque nos dan pena o lástima los taxistas? Somos libres de elegir, y optamos por la mejor opción para nosotros.
Peor aún que el anuncio de los bloqueos es que el gobierno los permita. ¿Quiénes cometen una ilegalidad mayor, los taxistas, CODECA o el gobierno, que es la autoridad que debe imponer el orden y hacer valer el imperio de la ley?
El Tribunal Supremo Electoral aceptó (o solicitó) la ayuda de CICIG en el próximo proceso electoral. Firmaron un convenio de cooperación, lo que le da autoridad a CICIG a meterse en algo que no está en su mandato. Y el TSE, que debe velar por el cumplimiento estricto de la ley electoral, comete una ilegalidad al firmar este convenio. Muchos juristas se han manifestado al respecto y han dado abundantes explicaciones al respecto.
Los médicos del Hospital Roosevelt están en huelga desde hace varias semanas. ¿Es legal esto? No lo sé. Inhumano, definitivamente, pues las personas de escasos recursos no tienen otra opción. Tienen razón en cuanto a que los salarios que perciben son miserables. Reciben menos del salario mínimo por cuatro horas de trabajo. El problema es de raíz: hay más de treinta sindicatos en el Ministerio de Salud Pública. Éstos han negociado sus pactos colectivos con las autoridades de turno, al extremo que más de dos milmillones de quetzales se gastan en bonos abundantes para todos los sindicalizados. Estos pactos colectivos son ilegales, pues rebasan la capacidad del Estado para pagarlos. Las consecuencias están a la vista, empezando por los pésimos servicios que reciben los pacientes, el desabastecimiento de medicamentos e insumos y ahora, la huelga de los médicos.
Si un ciudadano deja de pagar impuestos, lo que es ilegal, la SAT tiene mecanismos para cobrarlos. La evasión de impuestos es un delito penal. Pero, ¿y la malversación de fondos? Esto es cuando el gobierno utiliza recursos que tienen un destino específico, en otra cosa. Por ejemplo, el impuesto al combustible que debe destinarse a la construcción y mantenimiento de carreteras, obviamente se está utilizando en otra cosa.
Lo que se ha puesto de moda ahora es el financiamiento electoral ilícito. Llama la atención que, a menos de cinco meses de la convocatoria a las elecciones, se están “encontrando” pruebas de financiamiento ilícito. Un partido político tras otro, con excepción de la UNE, están siendo acusados. No sabemos si es cierto; tendremos que esperar las investigaciones y fiscalizar para asegurar su veracidad.
La mayor ilegalidad, por las consecuencias que ha tenido, es la cometida por la Corte de Constitucionalidad. La ley es clara en decir que tenía cinco días para resolver el amparo interpuesto por CALAS para impedir el funcionamiento de la mina San Rafael. Han pasado más de 300 días y no ha resuelto. Las consecuencias en la economía son de magnitudes extremas. No hay generación de empleos pues la incertidumbre jurídica es tan grande que nadie invierte.
La cultura de ilegalidad en la que vivimos está desbordada. Más aún cuando es el mismo gobierno quien no cumple con la ley. Como decía el desaparecido personaje llamado Chespirito, “y ahora, ¿quién podrá defendernos?”
República es ajena a la opinión expresada en este artículo
No es nada nuevo que en Guatemala, y en cualquier país del mundo, se viole la ley constantemente. Desde evadir impuestos hasta estacionarse en un lugar prohibido, alguien siempre está desafiando a la autoridad.
Empecemos con los bloqueos. Todos tenemos derecho a quejarnos cuando algo no nos parece. Pero impedir la libertad de locomoción y de comercialización de otros, es ilegal. La Constitución lo garantiza. Hemos llegado al punto que estamos a la espera de cuándo será la próxima manifestación de CODECA. Sin embargo, no son los únicos. Ahora resulta que un grupo de taxistas hará bloqueos en los diferentes ingresos a la ciudad pues no están conformes con Uber. ¿Qué tal? Violarán los derechos de todos los demás porque, pobrecitos, no pueden competir. ¿Creerán que con esto el gobierno prohibirá Uber? O peor aún, ¿creerán que los usuarios dejaremos de usar Uberporque nos dan pena o lástima los taxistas? Somos libres de elegir, y optamos por la mejor opción para nosotros.
Peor aún que el anuncio de los bloqueos es que el gobierno los permita. ¿Quiénes cometen una ilegalidad mayor, los taxistas, CODECA o el gobierno, que es la autoridad que debe imponer el orden y hacer valer el imperio de la ley?
El Tribunal Supremo Electoral aceptó (o solicitó) la ayuda de CICIG en el próximo proceso electoral. Firmaron un convenio de cooperación, lo que le da autoridad a CICIG a meterse en algo que no está en su mandato. Y el TSE, que debe velar por el cumplimiento estricto de la ley electoral, comete una ilegalidad al firmar este convenio. Muchos juristas se han manifestado al respecto y han dado abundantes explicaciones al respecto.
Los médicos del Hospital Roosevelt están en huelga desde hace varias semanas. ¿Es legal esto? No lo sé. Inhumano, definitivamente, pues las personas de escasos recursos no tienen otra opción. Tienen razón en cuanto a que los salarios que perciben son miserables. Reciben menos del salario mínimo por cuatro horas de trabajo. El problema es de raíz: hay más de treinta sindicatos en el Ministerio de Salud Pública. Éstos han negociado sus pactos colectivos con las autoridades de turno, al extremo que más de dos milmillones de quetzales se gastan en bonos abundantes para todos los sindicalizados. Estos pactos colectivos son ilegales, pues rebasan la capacidad del Estado para pagarlos. Las consecuencias están a la vista, empezando por los pésimos servicios que reciben los pacientes, el desabastecimiento de medicamentos e insumos y ahora, la huelga de los médicos.
Si un ciudadano deja de pagar impuestos, lo que es ilegal, la SAT tiene mecanismos para cobrarlos. La evasión de impuestos es un delito penal. Pero, ¿y la malversación de fondos? Esto es cuando el gobierno utiliza recursos que tienen un destino específico, en otra cosa. Por ejemplo, el impuesto al combustible que debe destinarse a la construcción y mantenimiento de carreteras, obviamente se está utilizando en otra cosa.
Lo que se ha puesto de moda ahora es el financiamiento electoral ilícito. Llama la atención que, a menos de cinco meses de la convocatoria a las elecciones, se están “encontrando” pruebas de financiamiento ilícito. Un partido político tras otro, con excepción de la UNE, están siendo acusados. No sabemos si es cierto; tendremos que esperar las investigaciones y fiscalizar para asegurar su veracidad.
La mayor ilegalidad, por las consecuencias que ha tenido, es la cometida por la Corte de Constitucionalidad. La ley es clara en decir que tenía cinco días para resolver el amparo interpuesto por CALAS para impedir el funcionamiento de la mina San Rafael. Han pasado más de 300 días y no ha resuelto. Las consecuencias en la economía son de magnitudes extremas. No hay generación de empleos pues la incertidumbre jurídica es tan grande que nadie invierte.
La cultura de ilegalidad en la que vivimos está desbordada. Más aún cuando es el mismo gobierno quien no cumple con la ley. Como decía el desaparecido personaje llamado Chespirito, “y ahora, ¿quién podrá defendernos?”
República es ajena a la opinión expresada en este artículo