Esta semana tuve el honor de compartir escenario con el Presidente del Banco De Guatemala (¿en funciones?), en una conferencia organizada por ICEPYME, Instituto para la Competitividad de la Pequeña y Mediana Empresa.  También estuvo presente el Ministro de Economía, AciscloValladares.

El Banco de Guatemala es una institución sólida, si al caso la única en Guatemala.  Las reglas son muy claras.  Se sabe cuándo deben intervenir en el mercado cambiario.  Tienen metodologías para prospectar resultados macroeconómicos, saben cómo medir las variables, etc.  Eso es lo que necesitamos: instituciones con reglas claras, procedimientos y metodologías definidas, así como una clara definición de cuál es su función.  Sin importar quién esté a cargo del BANGUAT, esas normas y reglas no cambian.  A esto llamo institucionalidad fuerte.

El Ministerio de Economía es muy diferente. El actual Ministro tiene un enfoque muy claro de hacia dónde va y ha actuado acordemente. Pero esto difiere de todos sus predecesores, y probablemente difiera de su sucesor.  Ojalá logre terminar para que el próximo no interrumpa el proceso. Sea positivo o negativo, hay un camino trazado.

Esto es la excepción en Guatemala. La mayor parte del gobierno no trabaja así, empezando por el más importante, no porque ejecute acciones trascendentales sino porque el presidencialismo en Guatemala es demasiado grande. Cada cuatro años elegimos al nuevo “sabelotodo”, “resuélvelo todo”, para darnos cuenta, a los pocos meses, que quien llega a la Presidencia está muy lejos de saberlo todo, y más lejos aún de resolver algo.

A pesar de que llevamos ya  nueve Presidentes electos en la era democrática (Vinicio Cerezo, Jorge Serrano, Ramiro de León Carpio, Álvaro Arzú, Alfonso Portillo, Óscar Berger, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y Jimmy Morales), seguimos esperando que, quien asuma el Poder Ejecutivo, vaya a mejorar el país. Tal parece que no hemos aprendido la lección.

El enfoque debería estar en fortalecer las instituciones, partiendo desde las máximas autoridades de los tres poderes del Estado. La tarea no es nada fácil, pero empieza por definir claramente las funciones de cada uno, según están descritas en la Constitución.  Debería estar claro pero no es así.

La muestra es que vemos a la Corte de Constitucionalidad asumiendo funciones que no le corresponden, como legislar, decirle al Congreso qué debe hacer, dar amparos cuando no le corresponde, recibir todo tipo de demandas y solicitudes, sin que tengan que ver con la Constitución.  Obviamente, tampoco tienen un procedimiento claro en cuanto qué se resuelve primero.  Amparos que convienen a ciertas agendas, como la del PDH, oenegés revoltosas y otros, los resuelven en menos de 24 horas.  Otras, de índole empresarial o que van en detrimento de quienes están detrás de la CC, llevan meses, y hasta años, sin resolverse.  El peor caso es el de la Minera San Rafael, pues ha ocasionado pérdida de más de 1,700 empleos, reducción del PIB en 0.4% al año y, aún peor, un estancamiento en la economía por falta de esa súper necesaria certeza jurídica.

Vemos a los oenegeros como CODECA bloquear carreteras cuando quiere.  Pero el Ministerio de Gobernación no tiene la suficiente fuerza institucional como para quitar a los manifestantes del camino y así cumplir con la libertad de locomoción que garantiza la Constitución, para todos los demás ciudadanos.  Si hace uso de la fuerza pública y alguno de los manifestantes “se despeina”, saldremos en todas las portadas mundiales acusando a Guatemala de violar los derechos de los pueblos indígenas, o los derechos de manifestar “pacíficamente” que tienen los “oprimidos”.  Si tuviéramos una institución fuerte, aguantaría el vendaval y se sabría defender.

Vemos a un Presidente negociando un pacto colectivo con Jodiel Nefasto Acevedo, cediendo a incrementos salariales exagerados e imposibles de cumplir sin sacrificar muchas otras cosas, como la calidad educativa o escuelas decentes. Quién sabe qué presiones ejerce este personaje que logra que cada Presidente firme esta infamia.  No hay una institución presidencial fuerte que pueda negarse rotundamente a esto por ir en detrimento de los intereses del país.  Y mucho menos un Ministerio de Educación fuerte que sea capaz de establecer la huelga de maestros como causal de despido.

El Ministerio de Agricultura prefiere regalar fertilizantes que implementar sistemas de riego por goteo en el corredor secoresolviendo así, de una vez por todas, la sequía que siempre hay y que deja en pobreza extrema y hambruna a cientos de miles de personas.  No han sido capaces de ponerse firmes ante las presiones de diputados y oenegros para cambiar el futuro de estas personas.

El gran problema: no hay visión de país.  Desde 1985 cuando elegimos al primer presidente de la era democrática, cada cambio de gobierno representa cambio de visión.  El resultado: Estado débil, con un Organismo Judicial sujeto a los deseos de extranjeros y/o poderosos.  Un organismo ejecutivo viendo qué hace para ganarse la aceptación de la población y les aplaudan cada vez que van al interior de la República a inaugurar una intrascendencia.  Un Congreso donde la gran mayoría de diputados no tiene convicciones más que hacer lo imposible por lograr la reelección, sea cambiando de partido, apoyando leyes populistas y oportunistas o vendiéndose al mejor postor.

Como me dijo alguien recientemente, “los guatemaltecos somos autodestructivos”. Con la polarización tan grande que hay en el país, acusaciones de todos contra todos, conflictos sociales, y sin instituciones fuertes y firmes, es prácticamente imposible llegar a un “acuerdo nacional”, con puntos mínimos que empiecen a trazar el camino hacia el futuro.

Pero, nunca es tarde para empezar.

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