Sin importar el cargo que ocupen o la organización del gobierno a la que pertenezcan, todos los funcionarios deben rendir cuentas por el manejo del dinero de los tributarios.
Antes de concluir su mandato la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presentó varias denuncias, entre ellas una en contra de algunas autoridades de la Usac por diferentes irregularidades en contrataciones durante el periodo de 2005 a 2015.
Según las investigaciones preliminares en la administración del rector Estuardo Gálvez se hicieron compras y contrataciones con irregularidades y sobrevaloradas, mientras que en la decanatura de Murphy Paiz, actual rector, se contrató obras que no hay evidencia de su ejecución, o que están inconclusas, o sobrevaloradas, además de la mala calidad o adjudicación de los contratos a las ofertas más altas.
Por tal motivo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, del Ministerio Público, MP, allanó las oficinas de la Facultad de Ingeniería, de Rectoría y de la Dirección General de Administración de la Universidad de San Carlos, Usac, en busca de información que contribuya a la investigación de las denuncias presentadas.
Ahora bien, el hecho que se investiguen posibles casos de corrupción en el uso del dinero de los tributarios destinados a la universidad estatal, debería ser el inicio de muchas investigaciones dentro de dicha casa de estudios y continuar con el resto de organismos del estado como las encargadas del deporte que reciben financiamiento público, por sólo mencionar algunas.
Si consideramos que la Usac tiene, o se supone existen, varios puntos de control como: la fiscalización interna que al parecer existe, la fiscalización del Consejo Superior Universitario, la revisión de la Contraloría General de Cuentas , CGC, y la fiscalización de los diputados del Congreso, por solo mencionar algunos. ¿Hubo fiscalización de estas entidades? ¿Por qué ninguna reportó alguna anomalía en el gasto?
Si como dice el actual rector Paiz, que la contratación y ejecución durante su decanatura fue fiscalizada por Auditoría Interna ¿dónde están esos informes?
También permanece la eterna pregunta con respecto al dinero que se gastan las autoridades de la Usac versus la calidad de las instalaciones y la educación que reciben los estudiantes. Las honrosas excepciones resaltan la diferencia entre los catedráticos, en algunos casos inamovibles, así como entre los empleados sindicalizados.
Ante las actuales denuncias, es importante recordar que en marzo de este año, los diputados del Congreso aprobaron un préstamo, decreto 3-2019, por $120 millones de dólares para la “tercera etapa del programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos”
Con este préstamo, que pagaremos los tributarios, ¿se fiscalizará igual que en los préstamos de las fases anteriores? ¿O será igual que la fiscalización del presupuesto anual? ¿Quién o quiénes supervisarán el “plan global de inversiones” y los $12 millones que se destinarán para realizar dicho “plan”? ¿Quién vigilará el compromiso de ser “eficientes” en el gasto? ¿Los diputados que aprobaron el préstamo? ¿La CGC que no ha presentado denuncias? ¿O Auditoría Interna?
Considero que la educación no debería estar en manos del gobierno y por consiguiente de políticos académicos o académicos políticos. Los resultados saltan a la vista, el manejo del poder político es más importante que la excelencia académica y quienes la persiguen, catedráticos y estudiantes, lo hacen por amor propio y no por incentivos de la institución.
Mientras el poder recaiga en la oferta educativa, la demanda, léase estudiantes, tendrán que conformarse con lo que reciben. Mientras el dinero fluya hacia los burócratas y no hacia los usuarios, los tributarios seguiremos pagando el despilfarro, la corrupción y la malversación de fondos. Después de esto ¿aún sigue creyendo que la educación es gratuita?
@Md30
Facebook.com/Mda30
Sin importar el cargo que ocupen o la organización del gobierno a la que pertenezcan, todos los funcionarios deben rendir cuentas por el manejo del dinero de los tributarios.
Antes de concluir su mandato la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, presentó varias denuncias, entre ellas una en contra de algunas autoridades de la Usac por diferentes irregularidades en contrataciones durante el periodo de 2005 a 2015.
Según las investigaciones preliminares en la administración del rector Estuardo Gálvez se hicieron compras y contrataciones con irregularidades y sobrevaloradas, mientras que en la decanatura de Murphy Paiz, actual rector, se contrató obras que no hay evidencia de su ejecución, o que están inconclusas, o sobrevaloradas, además de la mala calidad o adjudicación de los contratos a las ofertas más altas.
Por tal motivo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, FECI, del Ministerio Público, MP, allanó las oficinas de la Facultad de Ingeniería, de Rectoría y de la Dirección General de Administración de la Universidad de San Carlos, Usac, en busca de información que contribuya a la investigación de las denuncias presentadas.
Ahora bien, el hecho que se investiguen posibles casos de corrupción en el uso del dinero de los tributarios destinados a la universidad estatal, debería ser el inicio de muchas investigaciones dentro de dicha casa de estudios y continuar con el resto de organismos del estado como las encargadas del deporte que reciben financiamiento público, por sólo mencionar algunas.
Si consideramos que la Usac tiene, o se supone existen, varios puntos de control como: la fiscalización interna que al parecer existe, la fiscalización del Consejo Superior Universitario, la revisión de la Contraloría General de Cuentas , CGC, y la fiscalización de los diputados del Congreso, por solo mencionar algunos. ¿Hubo fiscalización de estas entidades? ¿Por qué ninguna reportó alguna anomalía en el gasto?
Si como dice el actual rector Paiz, que la contratación y ejecución durante su decanatura fue fiscalizada por Auditoría Interna ¿dónde están esos informes?
También permanece la eterna pregunta con respecto al dinero que se gastan las autoridades de la Usac versus la calidad de las instalaciones y la educación que reciben los estudiantes. Las honrosas excepciones resaltan la diferencia entre los catedráticos, en algunos casos inamovibles, así como entre los empleados sindicalizados.
Ante las actuales denuncias, es importante recordar que en marzo de este año, los diputados del Congreso aprobaron un préstamo, decreto 3-2019, por $120 millones de dólares para la “tercera etapa del programa de inversión en infraestructura, maquinaria y equipo para la Universidad de San Carlos”
Con este préstamo, que pagaremos los tributarios, ¿se fiscalizará igual que en los préstamos de las fases anteriores? ¿O será igual que la fiscalización del presupuesto anual? ¿Quién o quiénes supervisarán el “plan global de inversiones” y los $12 millones que se destinarán para realizar dicho “plan”? ¿Quién vigilará el compromiso de ser “eficientes” en el gasto? ¿Los diputados que aprobaron el préstamo? ¿La CGC que no ha presentado denuncias? ¿O Auditoría Interna?
Considero que la educación no debería estar en manos del gobierno y por consiguiente de políticos académicos o académicos políticos. Los resultados saltan a la vista, el manejo del poder político es más importante que la excelencia académica y quienes la persiguen, catedráticos y estudiantes, lo hacen por amor propio y no por incentivos de la institución.
Mientras el poder recaiga en la oferta educativa, la demanda, léase estudiantes, tendrán que conformarse con lo que reciben. Mientras el dinero fluya hacia los burócratas y no hacia los usuarios, los tributarios seguiremos pagando el despilfarro, la corrupción y la malversación de fondos. Después de esto ¿aún sigue creyendo que la educación es gratuita?
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