Se está discutiendo en el Congreso un presupuesto para 2,020 de casi Q92,000 millones. Mientras más grande es, más corrupción habrá. Aumentará el tamaño del gobierno, con más empleados burócratas que son innecesarios. Mientras más salarios hay, menos se dedica a inversión y, sin esto, no hay generación de empleos ni se mueve la economía al ritmo que debiera. El gobierno siempre es el gran ejecutor de obras de infraestructura y de programas de diversa índole. Esto genera que muchísimas empresas, sin tener que ser contratistas del Estado, participen en ese crecimiento proveyendo productos y servicios a los que sí son contratistas y a las áreas o comunidades donde se desarrollarán esas obras y proyectos.
Seguramente hay una serie de buenas intenciones en esta monstruosidad de presupuesto. Como siempre, hay muchos millones dedicados a áreas prioritarias como salud y educación. Sin embargo, gracias a los nefastos intereses de personajes como Joviel Acevedo, mucho del presupuesto para Educación se va en pago de incrementos salariales que no promueven la mejora en la calidad educativa sino que, por el contario, garantizan que los malos y pésimos maestros se mantengan en sus puestos.
Igual suerte tenemos con el sistema de justicia. Hay varios sindicatos que garantizan la permanencia de todos los empleados sindicados, muchos buenos pero, la justicia lenta y corrompida demuestra que hay muchos malos. Destituir a un juez, secretario, fiscal u otro requiere de mover la mitad del país para lograrlo. Es demasiado importante cambiar el sistema de nombramientos y de evaluación del desempeño y flexibilizar la posibilidad de destitución, una vez comprobada la mala práctica de alguien. Pero, aquí también están los sindicatos que se dedican a pedir bonos para lo que sea. Ahora piden Q7,000 para cada uno así pueden celebrar sus fiestas de fin de año. Nada de esto contribuye a una justicia pronta y cumplida y, sin esto, nunca habrá paz.
El sector salud es otro que está en trapos de cucaracha. No he constatado la cantidad de sindicatos que hay a lo largo y ancho de todo ese gigantesco ministerio. Parece que son alrededor de cuarenta. Deciden hacer huelga para exigir incrementos salariales, mejores condiciones de trabajo y quién sabe qué más. Como en los casos anteriores, las autoridades de turno “negocian”, o sea, ceden a las exigencias.
Ningún incremento salarial se traduce en mejores servicios. Ninguno. ¿Ha visto usted una mejora en la calidad educativa, en la atención en salud o en la impartición de justicia? Seguramente no. Con esto no quiero negar, sino reconocer, que sí hay buenos trabajadores en todas las dependencias del Estado. Lamentablemente, la gran mayoría se ha acoplado al trabajo mediocre y lento, pero seguro, en cuanto que no se les puede despedir pues formar parte del sindicato los protege.
Volvamos a los tradicionales y extremadamente elevados presupuestos anuales de ingresos y gastos del Estado. Muchísimos proyectos quedan sin ser ejecutados, o se quedan a medias, pues la cantidad de pasos, requerimientos y autorizaciones que se deben hacer para ejecutarlos, se llevan una gran parte del año. Otra cantidad de proyectos son innecesarios, si consideramos las prioridades para Guatemala. Algunos sí serán ejecutados. Mientras tanto, gran parte de la población sigue en la pobreza, desnutrida y sin oportunidades de desarrollo.
Otro tema prioritario es la coordinación de acciones entre las diferentes dependencias del Estado. Hay un gabinete económico, otro de seguridad, otro de desarrollo, etc. Pero no vemos mejora en el desarrollo económico de áreas rurales ni vemos mejor seguridad en el país y tampoco desarrollo. ¿Para qué tanta reunión, entonces? ¿Para qué tantos planes y promesas? ¿Por qué no pueden enfocarse en lo importante, coordinar acciones y romper el ciclo infinito de la pobreza? ¿Por qué no declarar lesivos esos pactos colectivos y renegociarlos?
Es más que fundamental hacer una reingeniería con el recurso humano que labora para el gobierno. Esto no significa despedirlos a todos, aunque sí habrá algún número importante que no escaparía a esto. Un enfoque de incentivos y penalizaciones podría funcionar, derivado de evaluaciones del desempeño a todo nivel, efectuadas por entidades externas al gobierno. De esa forma, quien sea eficiente recibe beneficios de diversa índole, que incluye incrementos salariales. Los no eficientes serán amonestados o incluso despedidos. El servicio al público, o sea, a quienes pagamos sus salarios con nuestros impuestos, mejoraría significativamente y Guatemala sería la gran beneficiada.
Todo empieza con buena voluntad, ideas claras y decisión para hacer cambios desde adentro, empezando con el recurso humano y continuando con hacer eficientes los procesos internos, reducir tramitología, implementar gobierno electrónico para reducir burocracia y corrupción. No son ideas provenientes de la NASA; son temas básicos que funcionan. No son inmediatos, pero hay que empezar, o Guatemala seguirá dando vueltas entre la burocracia, la corrupción y el subdesarrollo.
Se está discutiendo en el Congreso un presupuesto para 2,020 de casi Q92,000 millones. Mientras más grande es, más corrupción habrá. Aumentará el tamaño del gobierno, con más empleados burócratas que son innecesarios. Mientras más salarios hay, menos se dedica a inversión y, sin esto, no hay generación de empleos ni se mueve la economía al ritmo que debiera. El gobierno siempre es el gran ejecutor de obras de infraestructura y de programas de diversa índole. Esto genera que muchísimas empresas, sin tener que ser contratistas del Estado, participen en ese crecimiento proveyendo productos y servicios a los que sí son contratistas y a las áreas o comunidades donde se desarrollarán esas obras y proyectos.
Seguramente hay una serie de buenas intenciones en esta monstruosidad de presupuesto. Como siempre, hay muchos millones dedicados a áreas prioritarias como salud y educación. Sin embargo, gracias a los nefastos intereses de personajes como Joviel Acevedo, mucho del presupuesto para Educación se va en pago de incrementos salariales que no promueven la mejora en la calidad educativa sino que, por el contario, garantizan que los malos y pésimos maestros se mantengan en sus puestos.
Igual suerte tenemos con el sistema de justicia. Hay varios sindicatos que garantizan la permanencia de todos los empleados sindicados, muchos buenos pero, la justicia lenta y corrompida demuestra que hay muchos malos. Destituir a un juez, secretario, fiscal u otro requiere de mover la mitad del país para lograrlo. Es demasiado importante cambiar el sistema de nombramientos y de evaluación del desempeño y flexibilizar la posibilidad de destitución, una vez comprobada la mala práctica de alguien. Pero, aquí también están los sindicatos que se dedican a pedir bonos para lo que sea. Ahora piden Q7,000 para cada uno así pueden celebrar sus fiestas de fin de año. Nada de esto contribuye a una justicia pronta y cumplida y, sin esto, nunca habrá paz.
El sector salud es otro que está en trapos de cucaracha. No he constatado la cantidad de sindicatos que hay a lo largo y ancho de todo ese gigantesco ministerio. Parece que son alrededor de cuarenta. Deciden hacer huelga para exigir incrementos salariales, mejores condiciones de trabajo y quién sabe qué más. Como en los casos anteriores, las autoridades de turno “negocian”, o sea, ceden a las exigencias.
Ningún incremento salarial se traduce en mejores servicios. Ninguno. ¿Ha visto usted una mejora en la calidad educativa, en la atención en salud o en la impartición de justicia? Seguramente no. Con esto no quiero negar, sino reconocer, que sí hay buenos trabajadores en todas las dependencias del Estado. Lamentablemente, la gran mayoría se ha acoplado al trabajo mediocre y lento, pero seguro, en cuanto que no se les puede despedir pues formar parte del sindicato los protege.
Volvamos a los tradicionales y extremadamente elevados presupuestos anuales de ingresos y gastos del Estado. Muchísimos proyectos quedan sin ser ejecutados, o se quedan a medias, pues la cantidad de pasos, requerimientos y autorizaciones que se deben hacer para ejecutarlos, se llevan una gran parte del año. Otra cantidad de proyectos son innecesarios, si consideramos las prioridades para Guatemala. Algunos sí serán ejecutados. Mientras tanto, gran parte de la población sigue en la pobreza, desnutrida y sin oportunidades de desarrollo.
Otro tema prioritario es la coordinación de acciones entre las diferentes dependencias del Estado. Hay un gabinete económico, otro de seguridad, otro de desarrollo, etc. Pero no vemos mejora en el desarrollo económico de áreas rurales ni vemos mejor seguridad en el país y tampoco desarrollo. ¿Para qué tanta reunión, entonces? ¿Para qué tantos planes y promesas? ¿Por qué no pueden enfocarse en lo importante, coordinar acciones y romper el ciclo infinito de la pobreza? ¿Por qué no declarar lesivos esos pactos colectivos y renegociarlos?
Es más que fundamental hacer una reingeniería con el recurso humano que labora para el gobierno. Esto no significa despedirlos a todos, aunque sí habrá algún número importante que no escaparía a esto. Un enfoque de incentivos y penalizaciones podría funcionar, derivado de evaluaciones del desempeño a todo nivel, efectuadas por entidades externas al gobierno. De esa forma, quien sea eficiente recibe beneficios de diversa índole, que incluye incrementos salariales. Los no eficientes serán amonestados o incluso despedidos. El servicio al público, o sea, a quienes pagamos sus salarios con nuestros impuestos, mejoraría significativamente y Guatemala sería la gran beneficiada.
Todo empieza con buena voluntad, ideas claras y decisión para hacer cambios desde adentro, empezando con el recurso humano y continuando con hacer eficientes los procesos internos, reducir tramitología, implementar gobierno electrónico para reducir burocracia y corrupción. No son ideas provenientes de la NASA; son temas básicos que funcionan. No son inmediatos, pero hay que empezar, o Guatemala seguirá dando vueltas entre la burocracia, la corrupción y el subdesarrollo.