A raíz de los acontecimientos en 2015 que forzaron la salida de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti, el deseo de acabar con tanta corrupción se ha vuelto “el” tema de discursos políticos, de incansables discusiones en las redes sociales y de cacería al sector empresarial pues, de acuerdo a CICIG, solo los empresarios son corruptos y hay que meterlos a la cárcel y tirar la llave. 

Los supuestos intentos de esa nefasta organización para “luchar” contra este flagelo, se convirtieron en un proceso constante de violación a la ley.  Cometer delitos para lograr justicia genera una sola cosa: más corrupción.  El pago de favores para obtener información, la extorsión a jueces para abusar al extremo de la prisión preventiva, la manufactura de pruebas para mostrar la culpabilidad de los acusados, la violación del debido proceso en los procesos de captura y en el retardo malicioso de las audiencias, no es gratis.  Es la peor de las corrupciones porque socava la impartición de justicia, que es el fundamento de una república sólida.

¿Cómo reducir la corrupción? No hablo de acabar con esto pues, mientras haya personas deshonestas, habrá corrupción. Pero sí hay muchas cosas que se pueden hacer para reducirlaal mínimo.

Hay al menos tres factores que generan corrupción:  la discrecionalidad de los funcionarios, la sobre regulación y la débil o ausente aplicación de las sanción.  Veamos.

Mientras haya alguien que tiene el poder de decidir si emite un permiso o licencia hoy o mañana, habrá alguien que le ofrezca acelerarlo o el funcionario ofrecerá hacerlo a cambio de “unos sus centavos”.  Recordemos que, como dicen en Argentina, “se requieren dos para bailar el tango”.  Si salir favorecido con un contrato implica que alguien decida a quién se le otorga, habrá corrupción. Obtener un trabajo sobrepagado para pagarle el favor a quien lo otorgó, como sucede constantemente en el Congreso, es corrupción.

A los diputados les encanta legislar.  Se sienten super poderosos y creen que una ley va a resolverlo todo.  También existe ese sentimiento en ellos que les dice que, para “servir al pueblo” o “cumplir con su trabajo”, deben hacer más y más leyes.  Nada más alejado de la verdad.  Mientras más leyes y reglamentos hay, habrá más corrupción y será más costosa porque hay que repartirle a más personas.  

Lo mismo suscede en las miles de dependencias del gobierno.  Creen que al implementar reglamentos para todo, tendrán más control. Esa tentanción reglamentaria genera más enredos y, en consecuencia, más sobornos.  

Una solución a todo lo anterior es el gobierno electrónico. Desde una computadora o un teléfono, hago pagos, trámites, obtengo permisos, licencias o autorizaciones que necesito. No hay un funcionario que retarde maliciosamente el proceso para obtener el aceite monetario que lo acelere.  

Lo anterior también implica reducir el tamaño del gobierno.  Menos trámites y menos reglas implica menos burócratas y, por consecuencia, menos corruptos y corruptores.

Otro tema es la aplicación de la sanción. Hay países que fusilan al funcionario corrupto. Siendo al menos dos los invlucrados, habría que fusilar a todos. Por supuesto, esta medida es extrema.  Para eso está la prisión, las multas y otras cosas.  En un sistema como el nuestro, donde la justicia está muy lejos de ser pronta y cumplida, no se puede confiar en que la  aplicación de sanciones a los corruptos hará que otros eviten caer en ese delito. 

Todos debemos involucrarnos en esta lucha.  No podemos ser cómplices diciendo que el presidente o el ministro “roba pero hace”.  Lo que ha funcionado muy bien es la denuncia pública vía redes sociales. Aunque se “cuelen” algunas falsas, sacar a la luz cualquier acto de corrupción es nuestro deber y también nuestra obligación.