Comenzó en secreto y el gobierno insiste en continuar así…
La discusión relacionada con el acuerdo de tercer país seguro que ha suscrito el gobierno de Morales con EEUU nos tiene en vilo desde hace dos semanas. El secretismo que rodeó al acuerdo marcó la tendencia desde el comienzo. Había rumores de que se firmaría un acuerdo de país seguro y tanto CNN, The Wall Street Journal y The New Yorker daban por hecho el acuerdo mientras el gobierno de Guatemala insistía en negarlo. Negarlo solo sirvió para dejarlos en ridículo, pues pese a sus enojos, el acuerdo existe y fue suscrito.
En la conferencia de prensa del 1 de agosto, la Canciller fue cuestionada sobre las negociaciones que siguen a la firma del acuerdo. Su respuesta fue: “lo que sucede es que toda negociación no es pública (…) No podemos estar ventilando todo lo que sucede en ese proceso”.
Es obvio que las negociaciones se dan en reuniones privadas entre funcionarios de ambos Estados. Pero resulta normal, como parte del principio de publicidad de los actos de la administración pública, que las autoridades hagan de conocimiento del público los asuntos que negociarán por ser de interés público. Si el público no tiene información, es incapaz de formarse un juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de las políticas del gobierno. Eso es básico.
¿El acuerdo irá al Congreso?
Si recordamos el amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad en una acción promovida por varios ex cancilleres, la Corte resolvió que si el presidente Morales se disponía aprobar el acuerdo de tercer país seguro cumpliera con el procedimiento que establece el artículo 171 inciso l de la Constitución y lo envíe al Congreso para su aprobación.
Sin embargo, en la conferencia de prensa del 1 de agosto, tanto el Ministro de Gobernación como la Canciller, aseguraron que el documento estaba en análisis de los asesores jurídicos y que después de que sus asesores lo examinen determinarán si lo remiten al Congreso o no. Incluso el Ministro de Gobernación se permitió “recordarnos” que pasarlo por el Congreso lo haría más tardado y que hay “(…) mucha preocupación porque Trump dijo que para ellos esto debería estar ya avanzando (…)”.
Es obvio que el acuerdo debe ir al Congreso y, una vez más, el Ejecutivo lanza un desafío al tribunal constitucional. La Canciller también aprovechó para señalar a la gente que interpone los amparos en contra del acuerdo y argumenta que solo buscan protagonismo. Al parecer al Ejecutivo no le gusta que la Corte someta a control constitucional sus actos. Nada nuevo.
Por otra parte, sería oportuno que el acuerdo sea sometido a opinión de la Corte de Constitucionalidad para determinar la constitucionalidad del mismo. Esto en virtud de que es una de las funciones que la literal “e” del artículo 272 de la Constitución atribuye al tribunal constitucional.
La gran recompensa son las visas H2A, ¿pero no es el mismo trato que reciben Honduras y El Salvador?
No todo son malas noticias. La embajada de los Estados Unidos anunció que se firmó un “acuerdo de cooperación bilateral con Guatemala para facilitar mayor transparencia, rendición de cuentas y seguridad de los trabajadores en el programa de visas de no inmigrantes H-2A”. El gobierno de Guatemala, en la conferencia de prensa, aseguró que si bien ya otorgaban visas H-2A, no existía un programa específico. Todo bien… pero.
No es muy distinto a la política que han tenido con Honduras y El Salvador. Estos países, desde inicios de año, han estado negociando la implementación de un programa similar. La prensa salvadoreña anunciaba el 15 de julio de 2019 que se disponían a firmar un acuerdo para obtener visas H-2A. La prensa hondureña lo anunciaba desde abril del presente año.
De modo que el convenio entre Guatemala y EEUU para obtener visas H-2A es una buena noticia, pero no debería contentarnos como moneda de cambio del complicado acuerdo de tercer país seguro considerando que Honduras y El Salvador obtienen beneficios similares sin asumir costos tan altos.
¿Entonces? ¿Todo es culpa de Morales?
Sería injusto afirmar que Morales tiene toda la culpa de lo ocurrido y que en su ausencia la amenaza de suscribir un acuerdo de tercer país seguro jamás habría llegado.
Es un hecho que Donald Trump tiene la mirada puesta en las elecciones de 2020 y quiere dar resultados en materia de migración. Busca que Guatemala sea su frontera legal. Tiene buenas razones para ello: hay aproximadamente 945,000 casos en cortes migratorias en EEUU. Algunos de estos casos son por peticiones de asilo. Solo entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, representan aproximadamente 500,000 de estos casos, según TRAC.
Guatemala ciertamente tiene pocas herramientas para negociar y hacer un papel medianamente digno como el que hizo México en junio pasado. Lo criticable es la opacidad y poca transparencia con la que el gobierno dirigió las negociaciones y los ataques de miembros de su gabinete respecto de los detractores de esta medida.
Los beneficios que Guatemala podría percibir, como dijimos antes, no justifican semejante medida y menos aún la prisa con la que se disponen a operarla. Guatemala podría negociar con Estados Unidos una reducción de las barreras no arancelarias para el ingreso de algunos de nuestros productos y con ello aumentar la inversión y generar más empleos. Solo así se reducirá la migración. Mientras tanto, al Gobierno de Morales se lo critica por la opacidad, miopía y la hostilidad con la que se conduce contra sus detractores sobre este tema.
Comenzó en secreto y el gobierno insiste en continuar así…
La discusión relacionada con el acuerdo de tercer país seguro que ha suscrito el gobierno de Morales con EEUU nos tiene en vilo desde hace dos semanas. El secretismo que rodeó al acuerdo marcó la tendencia desde el comienzo. Había rumores de que se firmaría un acuerdo de país seguro y tanto CNN, The Wall Street Journal y The New Yorker daban por hecho el acuerdo mientras el gobierno de Guatemala insistía en negarlo. Negarlo solo sirvió para dejarlos en ridículo, pues pese a sus enojos, el acuerdo existe y fue suscrito.
En la conferencia de prensa del 1 de agosto, la Canciller fue cuestionada sobre las negociaciones que siguen a la firma del acuerdo. Su respuesta fue: “lo que sucede es que toda negociación no es pública (…) No podemos estar ventilando todo lo que sucede en ese proceso”.
Es obvio que las negociaciones se dan en reuniones privadas entre funcionarios de ambos Estados. Pero resulta normal, como parte del principio de publicidad de los actos de la administración pública, que las autoridades hagan de conocimiento del público los asuntos que negociarán por ser de interés público. Si el público no tiene información, es incapaz de formarse un juicio sobre la conveniencia o inconveniencia de las políticas del gobierno. Eso es básico.
¿El acuerdo irá al Congreso?
Si recordamos el amparo provisional que otorgó la Corte de Constitucionalidad en una acción promovida por varios ex cancilleres, la Corte resolvió que si el presidente Morales se disponía aprobar el acuerdo de tercer país seguro cumpliera con el procedimiento que establece el artículo 171 inciso l de la Constitución y lo envíe al Congreso para su aprobación.
Sin embargo, en la conferencia de prensa del 1 de agosto, tanto el Ministro de Gobernación como la Canciller, aseguraron que el documento estaba en análisis de los asesores jurídicos y que después de que sus asesores lo examinen determinarán si lo remiten al Congreso o no. Incluso el Ministro de Gobernación se permitió “recordarnos” que pasarlo por el Congreso lo haría más tardado y que hay “(…) mucha preocupación porque Trump dijo que para ellos esto debería estar ya avanzando (…)”.
Es obvio que el acuerdo debe ir al Congreso y, una vez más, el Ejecutivo lanza un desafío al tribunal constitucional. La Canciller también aprovechó para señalar a la gente que interpone los amparos en contra del acuerdo y argumenta que solo buscan protagonismo. Al parecer al Ejecutivo no le gusta que la Corte someta a control constitucional sus actos. Nada nuevo.
Por otra parte, sería oportuno que el acuerdo sea sometido a opinión de la Corte de Constitucionalidad para determinar la constitucionalidad del mismo. Esto en virtud de que es una de las funciones que la literal “e” del artículo 272 de la Constitución atribuye al tribunal constitucional.
La gran recompensa son las visas H2A, ¿pero no es el mismo trato que reciben Honduras y El Salvador?
No todo son malas noticias. La embajada de los Estados Unidos anunció que se firmó un “acuerdo de cooperación bilateral con Guatemala para facilitar mayor transparencia, rendición de cuentas y seguridad de los trabajadores en el programa de visas de no inmigrantes H-2A”. El gobierno de Guatemala, en la conferencia de prensa, aseguró que si bien ya otorgaban visas H-2A, no existía un programa específico. Todo bien… pero.
No es muy distinto a la política que han tenido con Honduras y El Salvador. Estos países, desde inicios de año, han estado negociando la implementación de un programa similar. La prensa salvadoreña anunciaba el 15 de julio de 2019 que se disponían a firmar un acuerdo para obtener visas H-2A. La prensa hondureña lo anunciaba desde abril del presente año.
De modo que el convenio entre Guatemala y EEUU para obtener visas H-2A es una buena noticia, pero no debería contentarnos como moneda de cambio del complicado acuerdo de tercer país seguro considerando que Honduras y El Salvador obtienen beneficios similares sin asumir costos tan altos.
¿Entonces? ¿Todo es culpa de Morales?
Sería injusto afirmar que Morales tiene toda la culpa de lo ocurrido y que en su ausencia la amenaza de suscribir un acuerdo de tercer país seguro jamás habría llegado.
Es un hecho que Donald Trump tiene la mirada puesta en las elecciones de 2020 y quiere dar resultados en materia de migración. Busca que Guatemala sea su frontera legal. Tiene buenas razones para ello: hay aproximadamente 945,000 casos en cortes migratorias en EEUU. Algunos de estos casos son por peticiones de asilo. Solo entre guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, representan aproximadamente 500,000 de estos casos, según TRAC.
Guatemala ciertamente tiene pocas herramientas para negociar y hacer un papel medianamente digno como el que hizo México en junio pasado. Lo criticable es la opacidad y poca transparencia con la que el gobierno dirigió las negociaciones y los ataques de miembros de su gabinete respecto de los detractores de esta medida.
Los beneficios que Guatemala podría percibir, como dijimos antes, no justifican semejante medida y menos aún la prisa con la que se disponen a operarla. Guatemala podría negociar con Estados Unidos una reducción de las barreras no arancelarias para el ingreso de algunos de nuestros productos y con ello aumentar la inversión y generar más empleos. Solo así se reducirá la migración. Mientras tanto, al Gobierno de Morales se lo critica por la opacidad, miopía y la hostilidad con la que se conduce contra sus detractores sobre este tema.