Claudia es propietaria de una vivienda de clase media-baja en un tranquilo barrio de la ciudad. También es dueña de un terreno baldío colindante a su casa. Desde hace tiempo ha pensado que sería buena idea como inversión, construir en su terreno otra vivienda y luego poder alquilarla y gozar del fruto de la renta.

Además de obtener una renta periódica, sabe que coadyuvará al desarrollo de su país, ya que pagará impuestos, generará empleos, consumirá agua y electricidad, entre otros muchos beneficios económicos. Por otro lado, le preocupa que dicho terreno es usado por los patojos del barrio para “chamusquear” y jugar “tenta”, además es un atajo para llegar a la parada del autobús. Sopesa todos estos aspectos tanto beneficiosos como adversos, comenta su idea con sus vecinos y todos la apoyan dándose cuenta que el proyecto de Claudia traerá más aspectos positivos que negativos.

Adicionalmente, tiene conocimiento que la hija de su vecino se casará en un año y estará buscando una vivienda para vivir con su nueva familia. Juan, otro vecino, traerá del viejo continente a su hermano y necesitará alquilar de igual forma una vivienda. En fin, ha hecho varias averiguaciones y tiene la certeza que al concluir la construcción de su proyecto no habrá mayor impedimento en encontrar un inquilino.

Claudia tiene capacidad para conseguir un préstamo bancario para financiar tanto la construcción como el equipamiento necesario para poder arrendar su nueva vivienda. También cuenta con recursos propios suficientes para emprender la obra. Sin embargo, no le gustaría endeudarse y preferiría usar sus ahorros para otros menesteres.

Como consecuencia de lo anterior, se le ocurre una excelente idea: buscará un constructor que esté dispuesto a construir con su propio dinero la nueva vivienda de Claudia. Además, deberá darle mantenimiento y cuidar la nueva casa de Claudia por un determinado periodo de tiempo. Como contraprestación, el constructor tendrá el derecho a cobrar la renta y deberá incluso pagarle a Claudia un porcentaje de la renta que reciba.

Dado que financieramente el proyecto es viable y atractivo, aparecen muchos interesados y Claudia recibe varias ofertas de diversos constructores. Finalmente, Pedro, un experimentado constructor, es el que le ofrece las mejores condiciones y decide adjudicar a este último la obra, el equipamiento, el mantenimiento y el derecho a cobrar un alquiler mensual por un periodo de quince años.

En poco tiempo, Claudia tendrá una nueva casa en su propio terreno, recibirá un porcentaje de la renta que pagará el inquilino, no invertirá un solo centavo en la construcción (el constructor privado realizará toda la inversión) y no gastará en el mantenimiento y cuidado de su casa (ya que también estará a cargo del constructor). Pedro, después de los quince años pactados habrá recuperado su inversión además de obtener un buen rendimiento por la inversión realizada y le transferirá a Claudia para darle el uso que más le convenga a  su segunda casa. 

Si el lector aún no ha comprendido que una Alianza Público-Privada no es una privatización y que es un modelo transparente y beneficioso para el Privado (Pedro), el Estado de Guatemala (Claudia) y los Usuarios (vecinos e inquilino), le recomiendo volver a leer el presente artículo.

Ing. Manuel Alfredo Rivera Gallardo