Cuando Winston Churchill trabajaba para formar las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, dijo la famosa frase: «Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie». Desafortunadamente, algunos políticos guatemaltecos y autoridades locales (en su mayoría alcaldes) se están tomando este consejo en serio, en medio de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Aunque han intentado vender muchas medidas como decisiones bienintencionadas para que la gente no se enferme, abundan quienes cínicamente están usando esas medidas como arma para avanzar hacia sus objetivos políticos, cuando no económicos, que son anteriores y completamente ajenos al COVID.
El abuso de poder por parte de los alcaldes no es algo nuevo. Hace una semana comentaba el caso de alcaldes como Sebastián Siero, que se aprovechan de la ignorancia de las personas al amenazarlos con retirarles los vehículos. Otros alcaldes como los de Antigua Guatemala y Panajachel suelen cobrar “peajes” por entrar y transitar por las calles de los municipios que gobiernan. En fin, la lista de abusos podría continuar ad infinitum, sin embargo, esta conducta delictiva por parte de los alcaldes se ha hecho más evidente en los últimos meses, con la complicidad del Presidente de la República, Alejandro Giammattei.
Les guste o no, los alcaldes están sujetos a la ley y a la Constitución, por lo que no pueden hacer más que lo que la ley les permite. En ese sentido, en ninguna circunstancia los alcaldes tienen la facultad de limitar los derechos constitucionales, pues la única forma de hacer esto es mediante la Ley de Orden Público y los diferentes Estados de Emergencia que esta ley contempla. Además, es el Presidente de la República, con la anuencia del Congreso de la República, el único que puede limitar algunos derechos individuales, como la libertad de locomoción.
Es por lo anterior que ningún alcalde puede impedir la libre circulación de vehículos y personas dentro del municipio que gobierna, cerrar negocios según se le antoje o declarar toques de queda distintos a los establecidos por el Gobierno Central porque lo cree conveniente. Hoy en día, la mayoría de estos alcaldes, controlados o coludidos con los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural -COCODES-, ha decidido tomar cualquier cantidad de decisiones que violan los derechos de todos los guatemaltecos, al punto que en municipios como Iztapa, Chiquimulilla, San Marcos, Xela, Antigua Guatemala e Ipala, son los COCODES los que deciden quién entra al municipio, quién puede operar sus negocios, y quién puede hacer uso de su propiedad privada.
No es extraño que sean varios los alcaldes y los COCODES de municipios con salida al mar los que están aprovechando esta crisis para mantener el municipio controlado de una forma criminal. Las playas y los canales son puntos estratégicos utilizados por el crimen organizado para el tráfico de drogas. No sería extraño que estas “autoridades locales”, con el espaldarazo de un Presidente de la República que se hace de la vista gorda, estén buscando convertir los territorios que controlan en tierra de nadie como sucede en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango y Quiché, en la Franja Transversal del Norte y el Valle del Polochic.
La razón por la que abunda la conflictividad en estos departamentos del norte del país, y por la que abundan los criminales oportunistas que quieren replicar este modelo en los municipios de las costas guatemaltecas, es porque son puntos estratégicos para el paso de drogas. No es casualidad que en esas áreas las invasiones de fincas, la oposición al establecimiento de hidroeléctricas y a cualquier otro tipo de fuente de desarrollo económico se ha ido haciendo más común.
Más allá de un aspecto ideológico, que no dudo que en algunos casos exista, este tipo de actos que generan conflictividad están orientados a desestabilizar las distintas regiones del país, pues a mayor desarrollo, menos vulnerable es un territorio. Así, los alcaldes y los COCODES están contribuyendo a hacer los municipios de las costas del país, lugares vulnerables para el florecimiento del crimen organizado.
Señor Presidente Alejandro Giammattei, no me gustaría pensar que este se trata de un caso de complicidad de su parte con los alcaldes que abusan de su poder en beneficio de su propia popularidad política, y en algunos casos, del crimen organizado. Cumpla con lo que prometió en su Plan de Gobierno y haga uso de las fuerzas de seguridad a su disposición para garantizar los derechos que todos los guatemaltecos tenemos, de circular por el país, disfrutar de nuestra propiedad privada y comercializar nuestros bienes y servicios sin impedimento alguno.
Cuando Winston Churchill trabajaba para formar las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, dijo la famosa frase: «Nunca dejes que una buena crisis se desperdicie». Desafortunadamente, algunos políticos guatemaltecos y autoridades locales (en su mayoría alcaldes) se están tomando este consejo en serio, en medio de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19. Aunque han intentado vender muchas medidas como decisiones bienintencionadas para que la gente no se enferme, abundan quienes cínicamente están usando esas medidas como arma para avanzar hacia sus objetivos políticos, cuando no económicos, que son anteriores y completamente ajenos al COVID.
El abuso de poder por parte de los alcaldes no es algo nuevo. Hace una semana comentaba el caso de alcaldes como Sebastián Siero, que se aprovechan de la ignorancia de las personas al amenazarlos con retirarles los vehículos. Otros alcaldes como los de Antigua Guatemala y Panajachel suelen cobrar “peajes” por entrar y transitar por las calles de los municipios que gobiernan. En fin, la lista de abusos podría continuar ad infinitum, sin embargo, esta conducta delictiva por parte de los alcaldes se ha hecho más evidente en los últimos meses, con la complicidad del Presidente de la República, Alejandro Giammattei.
Les guste o no, los alcaldes están sujetos a la ley y a la Constitución, por lo que no pueden hacer más que lo que la ley les permite. En ese sentido, en ninguna circunstancia los alcaldes tienen la facultad de limitar los derechos constitucionales, pues la única forma de hacer esto es mediante la Ley de Orden Público y los diferentes Estados de Emergencia que esta ley contempla. Además, es el Presidente de la República, con la anuencia del Congreso de la República, el único que puede limitar algunos derechos individuales, como la libertad de locomoción.
Es por lo anterior que ningún alcalde puede impedir la libre circulación de vehículos y personas dentro del municipio que gobierna, cerrar negocios según se le antoje o declarar toques de queda distintos a los establecidos por el Gobierno Central porque lo cree conveniente. Hoy en día, la mayoría de estos alcaldes, controlados o coludidos con los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural -COCODES-, ha decidido tomar cualquier cantidad de decisiones que violan los derechos de todos los guatemaltecos, al punto que en municipios como Iztapa, Chiquimulilla, San Marcos, Xela, Antigua Guatemala e Ipala, son los COCODES los que deciden quién entra al municipio, quién puede operar sus negocios, y quién puede hacer uso de su propiedad privada.
No es extraño que sean varios los alcaldes y los COCODES de municipios con salida al mar los que están aprovechando esta crisis para mantener el municipio controlado de una forma criminal. Las playas y los canales son puntos estratégicos utilizados por el crimen organizado para el tráfico de drogas. No sería extraño que estas “autoridades locales”, con el espaldarazo de un Presidente de la República que se hace de la vista gorda, estén buscando convertir los territorios que controlan en tierra de nadie como sucede en los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Huehuetenango y Quiché, en la Franja Transversal del Norte y el Valle del Polochic.
La razón por la que abunda la conflictividad en estos departamentos del norte del país, y por la que abundan los criminales oportunistas que quieren replicar este modelo en los municipios de las costas guatemaltecas, es porque son puntos estratégicos para el paso de drogas. No es casualidad que en esas áreas las invasiones de fincas, la oposición al establecimiento de hidroeléctricas y a cualquier otro tipo de fuente de desarrollo económico se ha ido haciendo más común.
Más allá de un aspecto ideológico, que no dudo que en algunos casos exista, este tipo de actos que generan conflictividad están orientados a desestabilizar las distintas regiones del país, pues a mayor desarrollo, menos vulnerable es un territorio. Así, los alcaldes y los COCODES están contribuyendo a hacer los municipios de las costas del país, lugares vulnerables para el florecimiento del crimen organizado.
Señor Presidente Alejandro Giammattei, no me gustaría pensar que este se trata de un caso de complicidad de su parte con los alcaldes que abusan de su poder en beneficio de su propia popularidad política, y en algunos casos, del crimen organizado. Cumpla con lo que prometió en su Plan de Gobierno y haga uso de las fuerzas de seguridad a su disposición para garantizar los derechos que todos los guatemaltecos tenemos, de circular por el país, disfrutar de nuestra propiedad privada y comercializar nuestros bienes y servicios sin impedimento alguno.