De las medidas de prevención del gobierno a las medidas abusivas y arbitrarias hay una línea divisoria muy delgada. Varias de las medidas dictadas tanto del gobierno central como del municipal han cruzado este límite y nos han convertido de ciudadanos libres a ovejas “pastoreadas” por nuestro “propio bien”.
Una vez puesto el ejemplo de cómo se “manda” en el país, varios concejos municipales, alcaldes y hasta Consejos Comunitarios de Desarrollo, Cocodes, han dictado medidas arbitrarias, que incluso exceden las disposiciones presidenciales, con la excusa de prevenir contagios de Covid-19.
Cual señores feudales, estos gobiernos locales, han establecido cierres de actividades comerciales, restricciones de acceso a transporte de carga, prohibición del acceso a propiedades privadas, restricciones de acceso a los municipios, entre otras ocurrencias.
La prevención al contagio de Covid-19 ha sido la excusa perfecta para que los gobernantes, de todos los niveles, se adjudiquen mayor poder del que les confiere la Ley. De ahí la importancia de entender porque a mayor poder del gobierno, menor libertad tiene el ciudadano.
Un ejemplo emblemático es la prohibición, a los adultos mayores de 60 años, de acceso a centros comercial o restaurantes con la excusa de prevenir el posible riesgo de contagio. Es decir, tratan a estas personas como incapacitadas mentales incapaces de tomar buenas decisiones y, por consiguiente, deben ser tuteladas, no por la familia sino por el político que sabe lo que más le conviene a estos adultos.
Limitar la locomoción de personas mayores de 60 años es tan indignante como decirles a los comerciantes a quienes puede atender o no, como regular el contenido de las loncheras de su hijo, como decirle qué películas puede ver o qué libros leer, o incluso regular con quien puede compartir su proyecto de vida. Así que tan abuso es impedir que hagas uso de tu propiedad como prohibir el acceso a ciertos lugares a personas mayores de 60 años.
La raíz de este problema es que nos hemos tragado el lenguaje “atolitario” al creer que el gobierno está para cuidarnos, incluso de nosotros mismos. De ahí que los políticos electos, y no electos, crean tener la potestad de “pastorear” ciudadanos.
Lo que hoy vivimos es un reflejo de cómo, poco a poco, hemos ido cediendo nuestra responsabilidad de asumir el control de nuestra vida, con la consecuente pérdida de libertad. Es la consecuencia de creer que existen políticos “rescatadores” que lo librarán a usted de tener que tomar sus propias decisiones. Es la consecuencia de una pobre autoestima que se refleja en la incapacidad para sustentar su vida, en la creencia que “alguien” más debe pensar por usted y decirle qué hacer.
Ya sea el presidente, los diputados, alcaldes o cocodes ninguno de ellos está facultado para exceder sus funciones, ninguno debería estar amparado para violar los derechos individuales de nadie. ¿En qué momento permitimos pasar de la prevención al abuso?
@Md30
Facebook.com/Mda30
De las medidas de prevención del gobierno a las medidas abusivas y arbitrarias hay una línea divisoria muy delgada. Varias de las medidas dictadas tanto del gobierno central como del municipal han cruzado este límite y nos han convertido de ciudadanos libres a ovejas “pastoreadas” por nuestro “propio bien”.
Una vez puesto el ejemplo de cómo se “manda” en el país, varios concejos municipales, alcaldes y hasta Consejos Comunitarios de Desarrollo, Cocodes, han dictado medidas arbitrarias, que incluso exceden las disposiciones presidenciales, con la excusa de prevenir contagios de Covid-19.
Cual señores feudales, estos gobiernos locales, han establecido cierres de actividades comerciales, restricciones de acceso a transporte de carga, prohibición del acceso a propiedades privadas, restricciones de acceso a los municipios, entre otras ocurrencias.
La prevención al contagio de Covid-19 ha sido la excusa perfecta para que los gobernantes, de todos los niveles, se adjudiquen mayor poder del que les confiere la Ley. De ahí la importancia de entender porque a mayor poder del gobierno, menor libertad tiene el ciudadano.
Un ejemplo emblemático es la prohibición, a los adultos mayores de 60 años, de acceso a centros comercial o restaurantes con la excusa de prevenir el posible riesgo de contagio. Es decir, tratan a estas personas como incapacitadas mentales incapaces de tomar buenas decisiones y, por consiguiente, deben ser tuteladas, no por la familia sino por el político que sabe lo que más le conviene a estos adultos.
Limitar la locomoción de personas mayores de 60 años es tan indignante como decirles a los comerciantes a quienes puede atender o no, como regular el contenido de las loncheras de su hijo, como decirle qué películas puede ver o qué libros leer, o incluso regular con quien puede compartir su proyecto de vida. Así que tan abuso es impedir que hagas uso de tu propiedad como prohibir el acceso a ciertos lugares a personas mayores de 60 años.
La raíz de este problema es que nos hemos tragado el lenguaje “atolitario” al creer que el gobierno está para cuidarnos, incluso de nosotros mismos. De ahí que los políticos electos, y no electos, crean tener la potestad de “pastorear” ciudadanos.
Lo que hoy vivimos es un reflejo de cómo, poco a poco, hemos ido cediendo nuestra responsabilidad de asumir el control de nuestra vida, con la consecuente pérdida de libertad. Es la consecuencia de creer que existen políticos “rescatadores” que lo librarán a usted de tener que tomar sus propias decisiones. Es la consecuencia de una pobre autoestima que se refleja en la incapacidad para sustentar su vida, en la creencia que “alguien” más debe pensar por usted y decirle qué hacer.
Ya sea el presidente, los diputados, alcaldes o cocodes ninguno de ellos está facultado para exceder sus funciones, ninguno debería estar amparado para violar los derechos individuales de nadie. ¿En qué momento permitimos pasar de la prevención al abuso?
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