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De leyes y jueces

Carlos Díaz-Durán
19 de febrero, 2021

La semana pasada el Congreso de la República aprobó la Ley de Leasing, que se venía promoviendo desde hace algún tiempo para, entre otros, facilitar el acceso a la vivienda y a fuentes alternativas de financiamiento que resultan tan necesarias en nuestro país. La Ley de Leasing, al menos en apariencia, brinda certeza jurídica a las personas que quieran utilizar este instrumento. La recién aprobada ley brinda certeza jurídica especialmente en materia fiscal, pues en el pasado, la falta de claridad y algunas interpretaciones de la administración tributaria hacían que algunos aspectos del tratamiento fiscal que se da al mecanismo lo hacían poco atractivo, Principalmente porque, por el contrario, por medio del leasing, se pueden lograr eficiencias fiscales.

Aunque en sí misma es positiva, la Ley de Leasing provocó algunas reacciones adversas, no por su contenido, si no por la existencia de temas mucho más urgentes en la agenda legislativa. La reactivación económica es esencial para el país. La utilización de mecanismos como el leasing podría tener un impacto positivo en la actividad económica en el país. Aunque no se utilice directamente el leasing, el incremento en la actividad económica debería traducirse en una mejora de condiciones para el país. 

Sin embargo, es cierto que existen otras prioridades que nos continúan frenando y que hacen que este tipo de avances legislativos pierdan en gran medida su relevancia. La columna vertebral de la atracción de la inversión, tanto nacional como extranjera, es la certeza jurídica. A mayor seguridad y certeza jurídica, mayor probabilidad de que un inversionista decida incursionar en determinado país. La percepción de seguridad y certeza jurídica en el país es peor cada día. La administración de justicia está cada vez más estancada. 

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A nivel de las más altas cortes, se pelean constantemente batallas políticas que no necesariamente abonan a la construcción del Estado de Derecho. Estamos por cumplir un año y medio desde que la Corte Suprema de Justicia debió haber cesado en sus funciones. La elección no parece estar cerca. Por una o por otra razón constituye posponiéndose en la agenda del legislativo. Mientras tanto, el proceso para integrar a la nueva Corte de Constitucionalidad ha iniciado. Con su inicio, no han tardado en llegar también las acciones para detenerlo o entorpecerlo, como el amparo presentado para detener el proceso del designado por la Corte Suprema de Justicia. 

Nuestros constituyentes encargaron una tarea de gran importancia la Corte de Constitucionalidad: la defensa del orden constitucional. La elección de la siguiente Corte de Constitucionalidad es fundamental para la mejora de la seguridad y certeza jurídica en el país, por lo que debemos de permanecer atentos a que se cumplan los procesos y los tiempos establecidos en la Constitución Política de la República. De Igual forma, debemos exigir a los diversos organismos que designan a los magistrados que las personas electas sean capaces e idóneas para la administración de justicia constitucional. 

¿Qué tiene que ver la elección de cortes con la reciente aprobación de la Ley de Leasing? Que aunque leyes de este tipo son necesarias, de poco o de nada sirven si no existe certeza en su aplicación ni cortes capaces, probas y eficientes para interpretarlas y hacer que se cumplan. Una de las prioridades de la agenda de reactivación económica del país debería ser el mejoramiento de la seguridad y certeza jurídica para hacernos cada vez más atractivos como destino de inversión. Nuestro país ha resistido mucho y podría brillar sobre la base de la seguridad y certeza jurídica. 

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