Guatemala es el país de la “tramititis” a causa de una excesiva burocracia. En nuestro país los trámites son confusos, representan un desgaste personal y un gasto significativo de tiempo y dinero. Afortunadamente, el pasado 5 de mayo, fue aprobada la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos, que busca aliviarnos de estos males.
De acuerdo al BID, somos uno de los países con más trámites burocráticos en el mundo. En Guatemala hay trámites para absolutamente todo. Somos el país en América Latina con mayor número de trámites, 5000 en total. Sobrepasamos a todos los países de nuestra región, por ejemplo Venezuela (4700), Chile (3217) y El Salvador (3000). Pero además, en Guatemala 37 por ciento de los trámites necesitan tres o más interacciones para llevarse a cabo. Esto sobrepasa el promedio regional de 25 por ciento.
La “tramititis” ha golpeado fuertemente nuestra productividad y democracia. Esto genera ineficiencia operativa, de la cual todos los guatemaltecos (de cualquier sector) somos víctimas. Pero además de ello, la “tramititis” perpetúa la informalidad, lo que representa oportunidades para cobrar pagos de “facilitación”, en otras palabras, corrupción. Guatemala, de por si, ya enfrenta muchos retos. Padecer esta “tramititis” no debería de ser un reto más.
Por eso me parece excelente que nuestro Congreso haya aprobado la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos. Le aplaudo a los 82 diputados que votaron a favor de esta ley, a los ponentes y a todos aquellos que trabajaron para impulsarla. Nos quejamos con frecuencia, pero también debemos ser enfáticos y aplaudir cuando las cosas se hacen bien.
El objetivo de esta ley es simple: simplificar los trámites administrativos en todas las dependencias del gobierno. Para ello se llevará a cabo un análisis de calidad regulatoria y de procedimientos. Con esto se busca reducir o eliminar los procedimientos administrativos que son innecesarios, redundantes o no se ajustan a la ley. Se apunta hacia un verdadero gobierno electrónico con la digitalización de los procesos, la incorporación de firma electrónica avanzada, brindar información sin exigir papeles físicos, implementar sistemas electrónicos de comunicación inmediata y la habilitación de formularios y solicitudes en línea, sin costo alguno.
Más allá de los beneficios directos de simplifiación de los trámites en nuestro país, esta ley generaría una serie de beneficios indirectos, quizás menos obvios. Entre estos están: (i) la formalización empresarial e individual, (ii) la reducción de la corrupción, (iii) el aumento en la competitividad del país, (iv) la tecnificación, digitalización y modernización de nuestro país y (v) la transparencia institucional a través de información y trazabilidad en los trámites, entre muchos otros más.
Espero que los plazos de implementación deesta ley se cumplan a cabalidad para que así todos gocemos de sus beneficios. Todos queremos que esta “tramititis” llegue a su fin. Esta ley es un primer y gran paso en la dirección correcta. Ojalá todas las instituciones de nuestro país se identifiquen con esta ley, la hagan suya y la cumplan. Acabar con esta “tramititis” nos acerca a ese país que tanto anhelamos: competitivo, transparente y cuyas instituciones estén al servicio de toda la ciudadanía.
Guatemala es el país de la “tramititis” a causa de una excesiva burocracia. En nuestro país los trámites son confusos, representan un desgaste personal y un gasto significativo de tiempo y dinero. Afortunadamente, el pasado 5 de mayo, fue aprobada la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos, que busca aliviarnos de estos males.
De acuerdo al BID, somos uno de los países con más trámites burocráticos en el mundo. En Guatemala hay trámites para absolutamente todo. Somos el país en América Latina con mayor número de trámites, 5000 en total. Sobrepasamos a todos los países de nuestra región, por ejemplo Venezuela (4700), Chile (3217) y El Salvador (3000). Pero además, en Guatemala 37 por ciento de los trámites necesitan tres o más interacciones para llevarse a cabo. Esto sobrepasa el promedio regional de 25 por ciento.
La “tramititis” ha golpeado fuertemente nuestra productividad y democracia. Esto genera ineficiencia operativa, de la cual todos los guatemaltecos (de cualquier sector) somos víctimas. Pero además de ello, la “tramititis” perpetúa la informalidad, lo que representa oportunidades para cobrar pagos de “facilitación”, en otras palabras, corrupción. Guatemala, de por si, ya enfrenta muchos retos. Padecer esta “tramititis” no debería de ser un reto más.
Por eso me parece excelente que nuestro Congreso haya aprobado la Ley para la Simplificación de Trámites Administrativos. Le aplaudo a los 82 diputados que votaron a favor de esta ley, a los ponentes y a todos aquellos que trabajaron para impulsarla. Nos quejamos con frecuencia, pero también debemos ser enfáticos y aplaudir cuando las cosas se hacen bien.
El objetivo de esta ley es simple: simplificar los trámites administrativos en todas las dependencias del gobierno. Para ello se llevará a cabo un análisis de calidad regulatoria y de procedimientos. Con esto se busca reducir o eliminar los procedimientos administrativos que son innecesarios, redundantes o no se ajustan a la ley. Se apunta hacia un verdadero gobierno electrónico con la digitalización de los procesos, la incorporación de firma electrónica avanzada, brindar información sin exigir papeles físicos, implementar sistemas electrónicos de comunicación inmediata y la habilitación de formularios y solicitudes en línea, sin costo alguno.
Más allá de los beneficios directos de simplifiación de los trámites en nuestro país, esta ley generaría una serie de beneficios indirectos, quizás menos obvios. Entre estos están: (i) la formalización empresarial e individual, (ii) la reducción de la corrupción, (iii) el aumento en la competitividad del país, (iv) la tecnificación, digitalización y modernización de nuestro país y (v) la transparencia institucional a través de información y trazabilidad en los trámites, entre muchos otros más.
Espero que los plazos de implementación deesta ley se cumplan a cabalidad para que así todos gocemos de sus beneficios. Todos queremos que esta “tramititis” llegue a su fin. Esta ley es un primer y gran paso en la dirección correcta. Ojalá todas las instituciones de nuestro país se identifiquen con esta ley, la hagan suya y la cumplan. Acabar con esta “tramititis” nos acerca a ese país que tanto anhelamos: competitivo, transparente y cuyas instituciones estén al servicio de toda la ciudadanía.