La Real Academia Española define corrupción así: “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
Uno de los compromisos adquiridos por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reciente visita a nuestro país, es la creación de una fuerza de tarea para el combate a la corrupción. Por medio de ésta, se darán capacitaciones a jueces y fiscales para el combate a delitos transnacionales. Estarán involucrados los Departamentos de Justicia, de Estado y del Tesoro. Buscarán confiscar activos y el fortalecimiento institucional (con información de República).
Todo suena muy bien, así como cuando nos “vendieron” CICIG. ¿Quién se hubiera opuesto a la lucha contra la impunidad? Siendo la corrupción un flagelo instalado a lo largo, ancho y profundo del país, ¿quién se opondría a luchar contra esto? Nadie en su sano juicio lo haría. Sin embargo, como reza el viejo refrán, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Todo se ve muy loable. Nos darán montones de millones de dólares para alcanzar tan anhelado objetivo. La gran pregunta es si esta “fuerza de tarea” se convertirá en otra “cicig”, creyéndose superior a la ley, con poder ilimitado y sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Tendrá el poder y la autoridad para meterse en las fiscalías, juzgados, cortes y cuanta oficina quieran? Más allá de esto, su concepto de impartición de justicia, de independencia judicial y de confiscación de activos ¿será “a lo cicig”, quien convocaba a los medios de comunicación para denigrar a los acusados y prácticamente declararlos culpables en sus posteriores conferencias de prensa?
Lo que “no sabían” o “no quisieron ver” los de cicig es que esas estructuras ilegales estaban ancladas en las mismas instituciones que debían fortalecer y trasladar capacidades para que lucharan contra la impunidad. Buscaron afuera abusando del poder y la impunidad del que gozaban, fortaleciéndola a cambio de poderes casi ilimitados.
La famosa FECI, Fiscalía Especial contra la Corrupción, probablemente sea la más corrupta en el Ministerio Público. Hay innumerables acusaciones en contra del fiscal, muchas de ellas ya en proceso judicial. La eliminación de esta fiscalía sería un primer paso para resolver este problema que ha corroído hasta las entrañas de nuestro país. Sin embargo, nada se habló al respecto pues este es un tema más ideológico que legal.
Otra arista de la corrupción es contratar a personas que carecen de la capacidad para efectuar las atribuciones y responsabilidades requeridas para el puesto. Si aplicáramos esto creo que el gobierno se quedaría con unas cuantas personas solamente. Sin duda hay gente capaz ejerciendo algún cargo, pero no es la mayoría, para nada, pues las personas capaces y honradas no mancharán su nombre entrando a ese laberinto oscuro llamado burocracia.
Capacitar jueces y fiscales no pareciera ser la ruta. Luchar contra la corrupción tiene que empezar por cambiar sistemas de contrataciones, de compras, de trámites y de todo. La recién aprobada ley para reducir la tramitología es un buen paso hacia adelante. Busca eliminar requisitos innecesarios e implementar sistemas electrónicos para todo lo que sea posible. Esto reduce uno de los grandes problemas: la discrecionalidad de los funcionarios, a todo nivel.
Al final de cuentas, “la lucha contra la corrupción” surgió como un tema con inclinación ideológica a la izquierda, al igual que la defensa de los derechos humanos, la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ, el movimiento indigenista reclamando tierras ancestrales, el agua, los monocultivos, etc. El nombre del juego es, y seguirá siendo, dinero, para continuar con sus “luchas”. Esto les trae poder, reconocimientos internacionales y hasta premios que, a su vez, les generarán más dinero. Es un círculo vicioso interminable.
“Buscar la paja en el ojo ajeno” ha funcionado como mecanismo de injerencia en nuestros asuntos. Se olvidan que la limpieza empieza en casa.
La Real Academia Española define corrupción así: “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
Uno de los compromisos adquiridos por la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en su reciente visita a nuestro país, es la creación de una fuerza de tarea para el combate a la corrupción. Por medio de ésta, se darán capacitaciones a jueces y fiscales para el combate a delitos transnacionales. Estarán involucrados los Departamentos de Justicia, de Estado y del Tesoro. Buscarán confiscar activos y el fortalecimiento institucional (con información de República).
Todo suena muy bien, así como cuando nos “vendieron” CICIG. ¿Quién se hubiera opuesto a la lucha contra la impunidad? Siendo la corrupción un flagelo instalado a lo largo, ancho y profundo del país, ¿quién se opondría a luchar contra esto? Nadie en su sano juicio lo haría. Sin embargo, como reza el viejo refrán, “del dicho al hecho hay mucho trecho”.
Todo se ve muy loable. Nos darán montones de millones de dólares para alcanzar tan anhelado objetivo. La gran pregunta es si esta “fuerza de tarea” se convertirá en otra “cicig”, creyéndose superior a la ley, con poder ilimitado y sin tener que rendirle cuentas a nadie. ¿Tendrá el poder y la autoridad para meterse en las fiscalías, juzgados, cortes y cuanta oficina quieran? Más allá de esto, su concepto de impartición de justicia, de independencia judicial y de confiscación de activos ¿será “a lo cicig”, quien convocaba a los medios de comunicación para denigrar a los acusados y prácticamente declararlos culpables en sus posteriores conferencias de prensa?
Lo que “no sabían” o “no quisieron ver” los de cicig es que esas estructuras ilegales estaban ancladas en las mismas instituciones que debían fortalecer y trasladar capacidades para que lucharan contra la impunidad. Buscaron afuera abusando del poder y la impunidad del que gozaban, fortaleciéndola a cambio de poderes casi ilimitados.
La famosa FECI, Fiscalía Especial contra la Corrupción, probablemente sea la más corrupta en el Ministerio Público. Hay innumerables acusaciones en contra del fiscal, muchas de ellas ya en proceso judicial. La eliminación de esta fiscalía sería un primer paso para resolver este problema que ha corroído hasta las entrañas de nuestro país. Sin embargo, nada se habló al respecto pues este es un tema más ideológico que legal.
Otra arista de la corrupción es contratar a personas que carecen de la capacidad para efectuar las atribuciones y responsabilidades requeridas para el puesto. Si aplicáramos esto creo que el gobierno se quedaría con unas cuantas personas solamente. Sin duda hay gente capaz ejerciendo algún cargo, pero no es la mayoría, para nada, pues las personas capaces y honradas no mancharán su nombre entrando a ese laberinto oscuro llamado burocracia.
Capacitar jueces y fiscales no pareciera ser la ruta. Luchar contra la corrupción tiene que empezar por cambiar sistemas de contrataciones, de compras, de trámites y de todo. La recién aprobada ley para reducir la tramitología es un buen paso hacia adelante. Busca eliminar requisitos innecesarios e implementar sistemas electrónicos para todo lo que sea posible. Esto reduce uno de los grandes problemas: la discrecionalidad de los funcionarios, a todo nivel.
Al final de cuentas, “la lucha contra la corrupción” surgió como un tema con inclinación ideológica a la izquierda, al igual que la defensa de los derechos humanos, la discriminación hacia la comunidad LGBTIQ, el movimiento indigenista reclamando tierras ancestrales, el agua, los monocultivos, etc. El nombre del juego es, y seguirá siendo, dinero, para continuar con sus “luchas”. Esto les trae poder, reconocimientos internacionales y hasta premios que, a su vez, les generarán más dinero. Es un círculo vicioso interminable.
“Buscar la paja en el ojo ajeno” ha funcionado como mecanismo de injerencia en nuestros asuntos. Se olvidan que la limpieza empieza en casa.