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Burocracia, control y corrupción

Carolina Castellanos
20 de agosto, 2021

Ese cuadrito que aparece arriba representa la “Organización administrativa del sector público de la República de Guatemala”. O sea, es el organigrama del gobierno. Puede verlo en la página de ONSEC, la Oficina Nacional de Servicio Civil, en el siguiente enlace. Me concentraré en el gobierno central, que ocupa más del 80% de este organigrama.

La Presidencia de la República tiene bajo su responsabilidad y control directo la Vicepresidencia, la Comisión Nacional contra la Discriminación y el Racismo, CODISRA, el Consejo Nacional para la Administración de Bienes de Extinción de Dominio, el Consejo Nacional de Seguridad, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico. ¿Por qué estas dependencias tienen que estar tan alto en la jerarquía organizacional?

Luego siguen las “Secretarías y otras dependencias del Organismo Ejecutivo” que suman veintiocho (28). Hay cosas como la “Secretaría de Asuntos Específicos” y otras que parece que sí tienen alguna razón de existir como la de Inteligencia Estratégica. 

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Al momento van 33 dependencias. Ahora hay que agregar catorce Ministerios, que incluye cosas como el de Desarrollo con 19 “oficinas”, Relaciones Exteriores con 14, Gobernación con 20, Educación y Comunicaciones con 26 cada una, etc., totalizando 289 organizaciones adicionales. Las más grandes: Ministerio de Ambiente con 34, Educación y Comunicaciones con 26 cada una, Gobernación con 20 y Energía y Desarrollo con 19 cada una.

No siendo suficiente todo lo anterior, ahora vienen las entidades descentralizadas, autónomas, de seguridad social, empresas públicas (así se llaman), empresas públicas financieras, mancomunidades de las municipalidades y otras afines, totalizando 49 organizaciones. Aquí está el INGUAT, INFOM, INE, INDE, Comité Olímpico, FHA, IGSS, IRTRA, IPM, CONRED, ZOLIC, etc.

¿Ya se agotó? ¡Yo también! ¿Aún nos preguntamos por qué es casi una tarea imposible reducir la corrupción y mucho menos eliminarla? Con tantas “oficinas”, cada una con su excesivo personal e infinidad de trámites, permisos, licencias y cuanta cosa nos piden a los que sí producimos, la ruta a seguir es reducir drásticamente esta inmensa burocracia, imposible de controlar y menos aún de hacerla eficiente.  

A pesar de contar con “suficiente” personal, los resultados de la gestión de cada dependencia dejan mucho qué desear. Primero, es imposible que quien dirige cada una pueda tener una administración eficiente enfocada en resultados. La sindicalización a lo largo y ancho de esa “maraña” de entidades entrampa cualquier esfuerzo de mejorar los servicios públicos. Los salarios son por ley y no por capacidad y el entramado administrativo hace que todo se mueva lentamente y sin afán de mejorar. Por supuesto, hay excepciones que, lamentablemente, son muy pocas.

Otra ruta a seguir es implementar sistemas electrónicos para que cada uno de nosotros pueda gestionar permisos, licencias y demás, evitando así ser víctimas de la discrecionalidad del funcionario, de la lentitud de la tramitología y de los “pagos” adicionales que se deben hacer. De hecho, este año se aprobó la “Ley para la simplificación de requisitos y trámites administrativos”, Decreto 2-2021. Ojalá y algún día se cumpla con ese mandato.

Con tan enorme aparato estatal, el gobierno central trata de controlarlo todo. Mientras más control, menos libertad y más injerencia en nuestras vidas. Con tanta burocracia, se deja por un lado lo básico que debe hacer todo gobierno: proteger la vida, la libertad y la propiedad privada. Nunca alcanzarán los impuestos. El presupuesto de ingresos y gastos que aprueba el Congreso cada año es mayor y no por efectos inflacionarios sino por esa insaciable necesidad de pretender que el gobierno lo debe resolver todo.

¿Por dónde empezar? Indudablemente, con una dirección enfocada hacia cumplir con lo básico y dejar que el sector privado haga lo demás. La ineficiencia, la lentitud, la corrupción y la tramitología tienen un costo demasiado alto en un país urgido de inversión y desarrollo para generar empleos y reducir así la pobreza y el subdesarrollo. 

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