Amarrar el tamal en la tienda de Barrio. Recuperando el sistema de consejos de desarrollo
Las instancias comunitarias municipales y departamentales se han convertido en organismos de reparto de proyectos a sueldo y discreción de alcaldes y diputados mediante “achichincles” y aliados que ocupan los cargos de representación.
La administración Arévalo ha generado controversia al comprometerse con los procesos de nominación de gubernaturas por parte de la sociedad civil. Sin embargo, esta decisión ha revelado la penetración de grupos clientelares y posiblemente criminales en el Sistema de Consejos de Desarrollo. Especialmente, en los CODEDES, responsables de proponer ternas para las gobernaciones. La opinión pública despertó, aletargada, para caer en cuenta que tamaño dinosaurio siempre ha estado y sigue estando ahí. Es menester abordar el estado general del Sistema de Consejos de Desarrollo. Máxime, estimado lector, cuando su influencia en el devenir nacional no podría ser más clara.
La ley de Consejos de Desarrollo del año 2002 recoge el mandato constitucional de “descentralización económico‐administrativa como medio para promover el desarrollo integral del país”. Incorporando dinámicas de democracia participativa a la repartición de fondos públicos se establecieron órganos a nivel comunitario, municipal, departamental regional y nacional (COCODES, COMUDES, CODEDES, COREDES y CONADUR) compuestos por una plétora de representaciones electas de organizaciones de sociedad civil. Este otorga Q. 4 mil millones en: política pública, programas y proyectos bottom up. Eleanor Ostrom podría llorar de felicidad. Lamentablemente, el mundo no funciona como le gustaría al asociacionismo norteamericano. En un país donde la participación cívica más allá de la jornada electoral es más bien escasa, son las minorías organizadas mencionadas arriba las que llevan la batuta, ya sea por amaño, mayoría o simple quórum. “Los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo” decía un señor comunista de pronunciado bigote.
Las instancias comunitarias municipales y departamentales se han convertido en organismos de reparto de proyectos a sueldo y discreción de alcaldes y diputados mediante “achichincles” y aliados que ocupan los cargos de representación.
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Se destinan proyectos sin estudios ni avales técnicos y con meros perfiles superficiales a recibir fondos de la “piñata” del consejo nacional. Los proyectos comunitarios, “caballitos” de los alcaldes, se elevan del COCODE al CODEDE, obviando instancia municipal y regional. Ahí, los diputados distritales lo trasladan al CONADUR a cambio de apoyo político. Siendo los CODEDES “ficha” de diputados distritales se explica la problemática de los gobernadores. En las larguísimas sesiones y comisiones del CONADUR no se debaten prioridades estratégicas generales a operativizar más abajo. No es extraño que se discuta el reparto de fondos a una alcantarilla específica, por ejemplo, en el municipio de Chuarrancho. Así invirtiendo la lógica del sistema y saltando directamente de COCODE a CONADUR mediante negociación previa.
Organizaciones clientelares y posiblemente criminales aplicaron la más banal captura regulatoria a un diseño modélico de democracia participativa reconocido internacionalmente. Para recuperar el espíritu descentralizador y desarrollista de los consejos es imperativo recuperar la priorización estratégica de la instancia nacional. Ello, imponiendo estrictos y férreos criterios técnicos (estudios de factibilidad modelos de atención, etc.) para la aprobación de proyectos a nivel regional. Dicha instancia siendo más costosa de “amarrar” por la extensión territorial cubierta. “Pilotar '' la asignación y supervisión de proyectos resulta mucho más trabajoso. A ese nivel es capaz de coordinarse solo el gobierno nacional, responsable de establecer dichos criterios según las prioridades definidas. Se requiere, además, un esfuerzo de participación consciente por parte de la sociedad civil en los espacios de elección a todos los niveles. Presentando batalla a las minorías con vínculos políticos y criminales que han cooptado las representaciones. Solo así puede recuperarse el espíritu de los consejos de desarrollo. Es imperativo rescatar la institucionalidad de una lógica cíclica, financiando campañas políticas que han aupado más de uno a los resortes del poder. Rescatarla de esa lógica de gobierno donde, parafraseando a Huntington:
Los sistemas pervertidos o infractores de la ley permiten a los pretorianos hacer botín privado de la cosa pública.
Amarrar el tamal en la tienda de Barrio. Recuperando el sistema de consejos de desarrollo
Las instancias comunitarias municipales y departamentales se han convertido en organismos de reparto de proyectos a sueldo y discreción de alcaldes y diputados mediante “achichincles” y aliados que ocupan los cargos de representación.
La administración Arévalo ha generado controversia al comprometerse con los procesos de nominación de gubernaturas por parte de la sociedad civil. Sin embargo, esta decisión ha revelado la penetración de grupos clientelares y posiblemente criminales en el Sistema de Consejos de Desarrollo. Especialmente, en los CODEDES, responsables de proponer ternas para las gobernaciones. La opinión pública despertó, aletargada, para caer en cuenta que tamaño dinosaurio siempre ha estado y sigue estando ahí. Es menester abordar el estado general del Sistema de Consejos de Desarrollo. Máxime, estimado lector, cuando su influencia en el devenir nacional no podría ser más clara.
La ley de Consejos de Desarrollo del año 2002 recoge el mandato constitucional de “descentralización económico‐administrativa como medio para promover el desarrollo integral del país”. Incorporando dinámicas de democracia participativa a la repartición de fondos públicos se establecieron órganos a nivel comunitario, municipal, departamental regional y nacional (COCODES, COMUDES, CODEDES, COREDES y CONADUR) compuestos por una plétora de representaciones electas de organizaciones de sociedad civil. Este otorga Q. 4 mil millones en: política pública, programas y proyectos bottom up. Eleanor Ostrom podría llorar de felicidad. Lamentablemente, el mundo no funciona como le gustaría al asociacionismo norteamericano. En un país donde la participación cívica más allá de la jornada electoral es más bien escasa, son las minorías organizadas mencionadas arriba las que llevan la batuta, ya sea por amaño, mayoría o simple quórum. “Los que votan no deciden nada, los que cuentan los votos lo deciden todo” decía un señor comunista de pronunciado bigote.
Las instancias comunitarias municipales y departamentales se han convertido en organismos de reparto de proyectos a sueldo y discreción de alcaldes y diputados mediante “achichincles” y aliados que ocupan los cargos de representación.
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Se destinan proyectos sin estudios ni avales técnicos y con meros perfiles superficiales a recibir fondos de la “piñata” del consejo nacional. Los proyectos comunitarios, “caballitos” de los alcaldes, se elevan del COCODE al CODEDE, obviando instancia municipal y regional. Ahí, los diputados distritales lo trasladan al CONADUR a cambio de apoyo político. Siendo los CODEDES “ficha” de diputados distritales se explica la problemática de los gobernadores. En las larguísimas sesiones y comisiones del CONADUR no se debaten prioridades estratégicas generales a operativizar más abajo. No es extraño que se discuta el reparto de fondos a una alcantarilla específica, por ejemplo, en el municipio de Chuarrancho. Así invirtiendo la lógica del sistema y saltando directamente de COCODE a CONADUR mediante negociación previa.
Organizaciones clientelares y posiblemente criminales aplicaron la más banal captura regulatoria a un diseño modélico de democracia participativa reconocido internacionalmente. Para recuperar el espíritu descentralizador y desarrollista de los consejos es imperativo recuperar la priorización estratégica de la instancia nacional. Ello, imponiendo estrictos y férreos criterios técnicos (estudios de factibilidad modelos de atención, etc.) para la aprobación de proyectos a nivel regional. Dicha instancia siendo más costosa de “amarrar” por la extensión territorial cubierta. “Pilotar '' la asignación y supervisión de proyectos resulta mucho más trabajoso. A ese nivel es capaz de coordinarse solo el gobierno nacional, responsable de establecer dichos criterios según las prioridades definidas. Se requiere, además, un esfuerzo de participación consciente por parte de la sociedad civil en los espacios de elección a todos los niveles. Presentando batalla a las minorías con vínculos políticos y criminales que han cooptado las representaciones. Solo así puede recuperarse el espíritu de los consejos de desarrollo. Es imperativo rescatar la institucionalidad de una lógica cíclica, financiando campañas políticas que han aupado más de uno a los resortes del poder. Rescatarla de esa lógica de gobierno donde, parafraseando a Huntington:
Los sistemas pervertidos o infractores de la ley permiten a los pretorianos hacer botín privado de la cosa pública.