Cuatro años tuvimos una Corte Suprema de Justicia (CSJ) de facto. El 13 de octubre de 2019 debieron haber asumido los nuevos magistrados, pero debido a amparos y desacuerdos (conveniencias) de índole político se congeló maliciosamente la renovación de la CSJ y las Cortes de Apelaciones. En noviembre de 2023, el Congreso por fin eligió a los nuevos magistrados de la CSJ, por un período de 10 meses para entregar el próximo 13 de octubre a los nuevos magistrados.

Entre los meses de abril y octubre se llevará a cabo el complejo sistema -o mecanismo- para la elección de las magistraturas de la CSJ  y de las Cortes de Apelaciones. Es todo un proceso diseñado, según los constituyentes, para garantizar una dirigencia del Organismo Judicial probo, independiente de intereses políticos y garante del Estado de Derecho como tal.

Sin embargo, depende la elección de magistrados del ente de mayor expresión y representatividad política del Estado: ¡el honorable Congreso de la República!

Y para ajuste de penas este gobierno dubitativo, temeroso, ambivalente, improvisado e incoherente hace una invitación oficiosa a que supervise otro ente politizado internacionalmente, que no tiene nada que ver ni mecanismo legal que le respalde para una asesoría o supervisión de unas elecciones que son eminentemente nacionales.

Todo lo que pase por el Congreso de la República será siempre origen o motivo de controversias políticas, sujetas a los temas coyunturales y a los intereses particulares y/o partidarios de los honorables diputados.

Además, es lógico que si un político tiene instrumentos a su alcance para lograr puntos a su favor que le permiten ganar alguna posición ante sus colegas o contrincantes, los utilizará sin lugar a dudas. De lo contrario no sería un “buen político”, si desperdicia una oportunidad. Estos instrumentos se llaman “incentivos perversos” y de estos está llena la administración pública.

En el caso de la elección de la CSJ y las Cortes de Apelaciones el incentivo perverso se constituye sumamente peligroso para la vida republicana del país.

Si el sistema permite, o peor aún, incentiva a que los candidatos a magistrado tengan que hacer “lobby” con los diputados para que los elijan, menso sería el diputado que no ponga condiciones para decidir su voto.

Pero la Constitución, en sus artículos 215 y 217, solamente estipula que los magistrados serán electos por el Congreso de la República y no especifica qué tipo de votación debe ser. El pleno del Congreso puede decidir si el voto será de viva voz, secreto o por sorteo (como lo ha sido cuando se elige una comisión pesquisidora).

Si el voto se hace por sorteo, no hay compromiso o chantaje que prevalezca entre diputados y magistrados electos. Así de simple. Por lo que, hay que ejercer presión para que este procedimiento sea el que se lleve a cabo para esta transcendental elección.