¿Cuándo inició la Corrupción en Guatemala?
No se puede ser juez y parte cuando los actos de corrupción suceden en la misma administración, habiendo incluso el riesgo de usarlo como una vendetta en cada cambio de administración.
No lo sé. Pero si en algún momento se dejó de cumplir con la función constitucional de denunciar los actos de corrupción de las instituciones que reciben fondos públicos, fue hace 20 años.
Desde 2004, los diputados del Congreso de la República han rehuido su responsabilidad establecida en el Artículo 241 constitucional. Todos los años, los diputados no son solamente responsables de aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos, sino que al año siguiente el Pleno debe conocer el informe y dictamen de la ejecución del presupuesto presentado por la Contraloría General de Cuentas, teniendo como insumos la liquidación del presupuesto que hace cada ministerio y dependencia que ejecuta fondos públicos. Esto debe suceder en los primeros cinco meses del año.
¿Por qué es importante hacer este ejercicio todos los años?
Porque es responsabilidad del Pleno del Congreso aprobar o improbar el informe de la Contraloría. En caso de improbarlo, se deben pedir explicaciones a los responsables, ya sean ministerios, secretarías, entidades descentralizadas, o autónomas. Ahora bien, si no se resuelven las dudas, al constituirse actos punibles, se deberá certificar lo conducente al Ministerio Público, teniendo implicaciones administrativas y penales para los responsables.
La 10ª legislatura tiene la oportunidad y la responsabilidad de no eludir esta responsabilidad y sentar un precedente sobre lo que sus antecesores han decidido no hacer. Si existe el compromiso de denunciar la corrupción y hacer algo al respecto, hay que apegarse a lo ya establecido en la Constitución y no inventarse mecanismos ad hoc o que otros entes asuman atribuciones que son responsabilidad de los diputados.
Esta es la verdadera fiscalización, la cual incluye a todas las entidades que reciben fondos por parte del Estado, apelando el principio de unidad de fiscalización.
No debe quedar impune ningún acto que se detecte anómalo, y debe ser perseguido de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley. Pero lo más importante, de no cumplir con la obligación de supervisar la rendición de cuentas del Estado, los mismos diputados se vuelven, año tras año, en cómplices de la corrupción por omisión de denuncia.
¿Por qué no es suficiente tener un ente responsable en el Ejecutivo?
No habrá ningún enfado en denunciar y acusar la corrupción de administraciones anteriores y seguro que habrá oportunidades para implementar mecanismos y sistemas que fomenten la transparencia. No obstante, en algún momento habrá conflicto de intereses, porque no se puede ser juez y parte cuando los actos de corrupción suceden en la misma administración, habiendo incluso el riesgo de usarlo como una vendetta en cada cambio de administración.
¿Cuándo inició la Corrupción en Guatemala?
No se puede ser juez y parte cuando los actos de corrupción suceden en la misma administración, habiendo incluso el riesgo de usarlo como una vendetta en cada cambio de administración.
No lo sé. Pero si en algún momento se dejó de cumplir con la función constitucional de denunciar los actos de corrupción de las instituciones que reciben fondos públicos, fue hace 20 años.
Desde 2004, los diputados del Congreso de la República han rehuido su responsabilidad establecida en el Artículo 241 constitucional. Todos los años, los diputados no son solamente responsables de aprobar el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos, sino que al año siguiente el Pleno debe conocer el informe y dictamen de la ejecución del presupuesto presentado por la Contraloría General de Cuentas, teniendo como insumos la liquidación del presupuesto que hace cada ministerio y dependencia que ejecuta fondos públicos. Esto debe suceder en los primeros cinco meses del año.
¿Por qué es importante hacer este ejercicio todos los años?
Porque es responsabilidad del Pleno del Congreso aprobar o improbar el informe de la Contraloría. En caso de improbarlo, se deben pedir explicaciones a los responsables, ya sean ministerios, secretarías, entidades descentralizadas, o autónomas. Ahora bien, si no se resuelven las dudas, al constituirse actos punibles, se deberá certificar lo conducente al Ministerio Público, teniendo implicaciones administrativas y penales para los responsables.
La 10ª legislatura tiene la oportunidad y la responsabilidad de no eludir esta responsabilidad y sentar un precedente sobre lo que sus antecesores han decidido no hacer. Si existe el compromiso de denunciar la corrupción y hacer algo al respecto, hay que apegarse a lo ya establecido en la Constitución y no inventarse mecanismos ad hoc o que otros entes asuman atribuciones que son responsabilidad de los diputados.
Esta es la verdadera fiscalización, la cual incluye a todas las entidades que reciben fondos por parte del Estado, apelando el principio de unidad de fiscalización.
No debe quedar impune ningún acto que se detecte anómalo, y debe ser perseguido de acuerdo con los mecanismos establecidos en la Ley. Pero lo más importante, de no cumplir con la obligación de supervisar la rendición de cuentas del Estado, los mismos diputados se vuelven, año tras año, en cómplices de la corrupción por omisión de denuncia.
¿Por qué no es suficiente tener un ente responsable en el Ejecutivo?
No habrá ningún enfado en denunciar y acusar la corrupción de administraciones anteriores y seguro que habrá oportunidades para implementar mecanismos y sistemas que fomenten la transparencia. No obstante, en algún momento habrá conflicto de intereses, porque no se puede ser juez y parte cuando los actos de corrupción suceden en la misma administración, habiendo incluso el riesgo de usarlo como una vendetta en cada cambio de administración.