Dentro de la legalidad, es imposible revertir el resultado de las elecciones.
No hay ninguna norma, ni constitucional ni mucho menos de rango ordinario, que faculte a autoridad alguna –ni siquiera al Tribunal Supremo Electoral– a descertificar el resultado electoral. Alterar el resultado de las elecciones, es un rompimiento del orden constitucional.
El Ministerio Público solamente puede investigar y perseguir a quienes considera responsables de la comisión de delitos; los tribunales deben juzgar con base en las pruebas presentadas por el MP.
Ahora bien, una cosa es el Derecho y otra el poder. Cada vez es más evidente que hay un grupo actuando al margen de la ley, con el fin de evitar la transición pacífica del mando.
Hoy, en una conferencia de prensa, los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Eugenia Morales Lazo de la FECI, acompañados del secretario general de la institución, Ángel Pineda, explicitaron la intención detrás de sus acciones: que “las elecciones deberían anularse”. La fiscal general no estuvo presente.
En momentos como el actual, entra en juego un elemento esencial de la república: la ciudadanía cívicamente activa. El artículo 136 de la Constitución establece que corresponde a los ciudadanos defender el principio de alternabilidad en el poder. Debe exigir que se cumpla ¿A quién?
En una república, el Derecho y el poder coinciden, pero cuando no lo hacen, le corresponde a la justicia someter a quienes imponen su voluntad de poder y salen de la legalidad. Todo apunta a que, en última instancia, será la Corte de Constitucionalidad la que nuevamente decida si prevalece el Derecho o se impone el Poder y el orden constitucional termina de romperse.
Dentro de la legalidad, es imposible revertir el resultado de las elecciones.
No hay ninguna norma, ni constitucional ni mucho menos de rango ordinario, que faculte a autoridad alguna –ni siquiera al Tribunal Supremo Electoral– a descertificar el resultado electoral. Alterar el resultado de las elecciones, es un rompimiento del orden constitucional.
El Ministerio Público solamente puede investigar y perseguir a quienes considera responsables de la comisión de delitos; los tribunales deben juzgar con base en las pruebas presentadas por el MP.
Ahora bien, una cosa es el Derecho y otra el poder. Cada vez es más evidente que hay un grupo actuando al margen de la ley, con el fin de evitar la transición pacífica del mando.
Hoy, en una conferencia de prensa, los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Eugenia Morales Lazo de la FECI, acompañados del secretario general de la institución, Ángel Pineda, explicitaron la intención detrás de sus acciones: que “las elecciones deberían anularse”. La fiscal general no estuvo presente.
En momentos como el actual, entra en juego un elemento esencial de la república: la ciudadanía cívicamente activa. El artículo 136 de la Constitución establece que corresponde a los ciudadanos defender el principio de alternabilidad en el poder. Debe exigir que se cumpla ¿A quién?
En una república, el Derecho y el poder coinciden, pero cuando no lo hacen, le corresponde a la justicia someter a quienes imponen su voluntad de poder y salen de la legalidad. Todo apunta a que, en última instancia, será la Corte de Constitucionalidad la que nuevamente decida si prevalece el Derecho o se impone el Poder y el orden constitucional termina de romperse.