Hoy abordaremos una problemática que impacta directamente en la salud y los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos: el etiquetado de alimentos. Para poder tener un compartivo, en Colombia, este aspecto está regulado por la Resolución 5109 de 2005 y la Resolución 333 de 2011, emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Estos reglamentos técnicos tienen como objetivo proteger valores nutricionales esenciales, minimizar el riesgo de inducir a error a los consumidores y facilitar el comercio de productos.

Sin embargo, tiene el desafío en el análisis de los reglamentos técnicos, especialmente en el etiquetado nutricional. Diversas fuentes han evidenciado que los consumidores encuentran dificultades para comprender estas etiquetas, dada la complejidad técnica y la falta de términos comprensibles al consumidor.

Esta falta de información clara va en contra de la protección de los derechos a la salud y la alimentación. La relación entre el consumo excesivo de ciertos nutrientes y enfermedades es innegable. Es vital que el consumidor tenga información disponible para elegir alimentos saludables y contribuir a combatir problemas como el sobrepeso, la obesidad y enfermedades asociadas.

Aunque existen regulaciones específicas sobre grasas trans y saturadas, falta una educación masiva para que los consumidores comprendan dicha información. Además, se carece de políticas públicas y reglamentos que desincentiven el consumo de productos altos en azúcares y sodio.

Es crucial entender que el etiquetado está vinculado al Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA). El gobierno guatemalteco tiene obligaciones frente al DHANA, pero la falta de menciones explícitas en los reglamentos técnicos crea un vacío.

Organismos internacionales, como la OMS, instan a los gobiernos a adoptar medidas regulatorias efectivas en torno al etiquetado. Se destaca la importancia de proporcionar información correcta y comprensible para que los consumidores tomen decisiones saludables.

La situación nutricional en Guatemala refleja una doble carga de malnutrición, con persistencia de la desnutrición crónica y un aumento preocupante del sobrepeso y la obesidad. Esto tiene consecuencias directas en la salud y elevados costos para el sistema de salud.

En los últimos días, hemos sido testigos de debates significativos en nuestro país acerca de la implementación de normativas renovadas sobre el etiquetado frontal de información nutricional en los alimentos.

Ahora surge un proyecto de ley, para lo cual es muy importante destacar la necesidad de revisar minuciosamente la pertinencia de la legislación en función de la evidencia científica, el perfil epidemiológico, el nivel educativo de la población y su comprensión, todo ello bajo la perspectiva de la progresividad en la garantía del derecho a la alimentación.

A pesar de identificar algunas fortalezas en el proyecto de ley, es evidente que aún existen vacíos normativos que permiten que el etiquetado de alimentos sea deficiente en proporcionar información clara, completa y con advertencias comprensibles para el consumidor.

Es importante involucrar a la industria alimentaria en las decisiones políticas y de salud pública por ser un factor clave en este escenario.

La industria alimentaria, con su poder de influencia, desempeña un papel importante. Esto nos lleva a la conclusión de que el Gobierno debe acoger una serie de recomendaciones provenientes de la sociedad civil guatemalteca, acuerdos y directrices internacionales, e investigaciones.

Esta columna no busca solo abordar los desafíos en la propuesta de ley de etiquetado de alimentos, sino que también los llama a la acción. Es importante que como ciudadanos conscientes de nuestros derechos y deberes, instemos al Gobierno a adoptar medidas que reflejen las necesidades reales de la población. La construcción de una normativa libre de conflictos de interés y enfocada en la protección de los derechos humanos, especialmente el DHANA, es esencial para asegurar un futuro saludable y equitativo para todos.