Por: Luisa Fernanda Toledo

En una pelea de patio de colegio, el más fuerte, mañoso, entrenado o suertudo, gana. Generalmente las cosas terminan allí, sobre todo si se le da una lección de película al bravucón de turno y todos regresan a clases, emocionados por el espectáculo y satisfechos del desenlace. Al menos así nos gusta pensar que se deben resolver los conflictos. Pero cuando se involucran armas, gana el que tenga la más grande y ese incremento no tiene fin; siempre habrá algo más poderoso. Allí es donde vale la pena fortalecer las reglas del juego y asegurarse que ninguno de los actores pueda vencer al otro con instrumentos artificiales.

Lo mismo sucede en este momento en nuestro país. La crisis en que nos vemos metidos es una consecuencia directa del debilitamiento a nuestras instituciones que viene de mucho tiempo atrás. Los actores políticos, con puestos públicos o no, han manoseado nuestras leyes para otorgar al ungido de turno las armas más grandes posibles, sin ponerse a pensar que éstas no tienen preferencia y que pueden ser blandidas por el que ocupe el puesto.

No podemos ser tan desmemoriados como para olvidar que la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público que hoy hace tan difícil la destitución de la Fiscal General, fue impulsada (empujada, obligada) en el año dos mil dieciséis para preservar en el puesto a Thelma Aldana, entonces jefe de esa institución y a quien querían proteger de un despido “caprichoso”. El hecho que ahora la persona que ostenta ese cargo se haya ganado la inquina de un creciente segmento de la población, no borra la grave inconveniencia de tener un cargo público tan importante con un blindaje de esa naturaleza. El quid del asunto no debería ser una persona, debería ser, como en tantas otras instancias de falta de institucionalidad en nuestro país, la consecuencia no deseada de manipular la legislación para favorecer a una persona, sin pensar en el futuro.

Me es difícil de entender cómo la solución que he escuchado tantas veces para mejorar el Estado (gobierno, organismos, instituciones, llámenles como quieran), que abusa constantemente del poder que le hemos transferido como pueblo soberano, es darles herramientas cada vez más grandes y poderosas. Es como entrar en ese proverbial patio escolar a pelearse con el tipo que lo atormenta todos los días y entregarle un palo con clavos para que lo aporree. Los gobernantes abusan del poder porque pueden.

Nos enfrentamos a una semana que comienza con los ánimos cada vez más caldeados y sin visos que las partes cedan ni un centímetro en sus posiciones. Confío, por nuestro bien como país, que haya una resolución que sea del mayor beneficio para todos, porque así han comenzado las revueltas modernas que dejan a la población peor que como empezaron. Sino, volteen a ver a Nicaragua o Venezuela.

La violencia siempre le sirve de excusa al aprovechado en el poder y sería muy triste que hubiera una circunstancia que sirviera de excusa para, allí sí, romper cualquier semblanza de orden constitucional que nos queda.

Pero yo tengo temor de lo que vaya a pasar más allá del fin de este capítulo. Porque, independientemente que renuncie la Fiscal General o no, vamos a estar a merced de un sistema que descansa sobre cimientos minados. ¿Por qué están aplicando leyes penales dentro de un proceso electoral? Porque ya lo han hecho en procesos administrativos tributarios en ocasiones anteriores. ¿Por qué están politizando la justicia? Porque llevamos años recibiendo nuestras noticias judiciales por medio de presentaciones de powerpoint y conferencias de prensa. ¿Por qué no se puede despedir a la Fiscal General? Porque la reforma lo impide. ¿Por qué sentimos que el proceso electoral estuvo sujeto a tantas arbitrariedades? Porque la reforma del 2019 a la LEPP nos dejó un sistema con demasiada discrecionalidad. Y así, estamos navegando en un barco lleno de agujeros que nosotros mismos hemos abierto y sólo se nos ocurre hacer más grandes los boquetes en vez de taparlos.

A los gobernantes, sobre todo a los que deben asumir sus puestos en este próximo enero, se les debe exigir que le devuelvan a las leyes su carácter general, que suelten ese poder que les pone en riesgo de ser corrompidos. Porque, aunque usted sea el santo más impoluto de calendario, no sabe quién lo va a sustituir y, si no quiere dejarle un arma letal a disposición de un posible adversario, mejor retírela para siempre de la mesa. Las peleas sólo solucionan conflictos pasajeros y no entran a dirimir las verdaderas causas. Los adultos realizamos negociaciones que sean de beneficio para todas las partes involucradas.